Por Estela Bocardo
Las protestas contra el proyecto de ley de extradición a China, –que la prensa oficial del régimen calificó de “violencia callejera” derivada de “intervenciones maliciosas de gobiernos extranjeros”– mostraron que la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam tiene todo el apoyo del gobierno de China.
Los manifestantes pidieron además su renuncia y condenaron el excesivo uso de la fuerza policial durante las protestas que se dieron en días pasados.
Lam emitió un comunicado en el que pidió disculpas a los ciudadanos de la excolonia y “prometió aceptar todas las críticas”, pero no contempló renunciar a su cargo, aunque dio marcha atrás y anunció la “suspensión” hasta nuevo aviso de la controvertida propuesta legislativa que permitiría extraditar, entre otros países a China, a los acusados de ciertos delitos.
El cambio de postura de Lam, que hasta ahora había defendido su proyecto de ley de extradición, se dio tras reunirse con su gobierno y después de que algunos dirigentes políticos que lo apoyaban pidiesen aplazarlo o suspenderlo.
Los opositores temen que, de salir adelante esta ley, activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong podrían ser enviados a China para ser juzgados, además de personas buscadas en países o territorios con los que no tiene acuerdos formales de extradición, entre ellos Taiwán y China.
La ley aplica para 37 delitos, excluidos los de índole política. No obstante, quienes se oponen afirman que con la ley se permitiría a las autoridades de China extender su presencia en el territorio y se legalizarían los secuestros políticos. La relación entre Hong Kong y el gobierno central en Beijing son complejas y chocan constantemente.
Democracia
Hong Kong tiene una gran comunidad de activistas y legisladores a favor de la democracia. En 2014 miles de personas participaron en un movimiento llamado la “revolución de los paraguas”, ya que eso fue lo que los manifestantes utilizaron para protegerse de los gases empleados por la policía.
Lo que exigían los manifestantes era muy claro: la instauración de un auténtico sistema de sufragio universal por el cual los ciudadanos de Hong Kong pudieran elegir directamente a sus gobernantes sin ser preseleccionados por el gobierno chino en Beijing.
En ese tiempo miles de hongkoneses decidieron unirse a las manifestaciones, convocadas por Occupy Central, un movimiento liderado por un profesor universitario de Derecho, un sociólogo, un pastor bautista y organizaciones estudiantiles como Scholarism, para pedir un Hong Kong más democrático.
Ahora treinta años después de la sangrienta represión en Tiananmen en Beijing, el presidente de China Xi Jinping optó por una “retirada táctica” ante la reciente revuelta en Hong Kong. Los medios oficiales aludieron discretamente a la suspensión del proyecto de ley sobre extradiciones a China pero guardaron silencio sobre la gran manifestación en contra de esta controvertida ley.