Más allá de las fallas –vicios, pecados– comunes a todos los seres humanos (que incluyen, por supuesto, a todos los especímenes adictos a la política y, por ende, a los usufructuarios del poder legítimo o ilegítimo por la fuerza de la dictadura, la que simula su acceso por “medios democráticos”), lo que sucede en la desdichada Venezuela desde el tiempo de Hugo Rafael Chávez Frías (1954-2013), ha ocasionado que la sociedad venezolana esté profundamente dividida lo que impide que su grave crisis pueda resolverse a corto plazo.
Cada día la división de la República Bolivariana de Venezuela es más profunda. Lo ideal: resolverla por medio del diálogo, se aleja irremediablemente, ya es un diálogo de sordos. Lo único claro es la demostración definitiva –por si alguien no lo supiera–, que Nicolás Maduro Moros (Caracas, 23 de noviembre de 1962) es un dictador de horca y cuchillo puesto en evidencia por la expresidenta de Chile, Verónica Michelle Bachelet Jeria, actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en un informe que presentó el pasado jueves 4 del mes en curso coincidiendo con la clausura del Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial en Ginebra, Suiza.
El mundo reaccionó con estupor y condena tras conocerse los detalles del dantesco informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el otrora riquísimo país petrolero sudamericano. El documento A/HRC/41/18 no deja lugar a dudas: la degradación del régimen bolivariano asoma por todos los rincones del país hasta unos límites desconocidos en el continente. Desde centenares de ejecuciones extrajudiciales, hasta torturas o “tratos inhumanos como descargas eléctricas, asfixia, golpizas y violencia sexual para obtener confesiones”. Solo el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros “morenistas” célebres se comportan como el monito: ni ven, ni oyen. “El respeto al derecho ajeno…”, dicen.
Durante el régimen bolivariano impuesto por Chávez y mantenido por Maduro Moros el país cuenta con la nada ejemplar cifra de 3,7 millones de desnutridos, 1,557 muertos en los hospitales durante sólo cuatro meses por falta de medicinas. (México: cuando veas las barbas de tu vecino cortar…; ¿cuántas defunciones no habría en los pasados siete meses por las mismas razones en los hospitales del IMSS y del ISSSTE?, ¡bendita 4a. Transformación!). Desde un salario mínimo de siete dólares que sólo cubre el 4,7% de la canasta básica de los alimentos a la persecución de periodistas, críticos, tildados de “traidores y agentes desestabilizadores”.
Agrega el Informe: un desastre económico y social que amenaza con continuar “el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país mientras el resto de ciudadanos sufrirán el empeoramiento de sus condiciones de vida”. El gran éxodo es empujado por las “violaciones a los derechos de alimentación y de salud, que se debieron a que el gobierno no cumplió con sus obligaciones principales, que no pueden ser derogadas incluso por razones económicas”.
El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señala directamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a la Dirección General de Contrainteligencia (Dgcim) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de ser responsables de delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención. Entre las agresiones físicas se han documentado tocamientos inapropiados, desnudez forzada, amenazas de violación y arrastramientos por los cabellos, además de insultos sexistas y de género. Todo ello para humillar a las mujeres y castigarlas, además de arrancarles falsas confesiones.
Destaca el documento: “Los guardias, así como otros reclusos, ejercen presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por privilegios y/o protección. Varias mujeres dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas”.
En el informe también se han reportado casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo, además de las redes de prostitución que acompañan al éxodo migratorio. La brutalidad, “violencia sexual y de género”, tampoco falta en las operaciones de captura de los presos políticos y en sus visitas a los centros de detención, como si se tratara de juguetes humanos para los agentes gubernamentales. Los varones no se libran de las violaciones, que suelen hacerse con palos y otros objetos, además de descargas eléctricas en los órganos sexuales. Al respecto, se informa que el capitán Juan Carlos Caguaripano, quien dirigió a un grupo de rebeldes contra Maduro en 2017, le desprendieron los testículos a golpes y descargas eléctricas. Brutalidad absoluta.
En otro informe de la oposición que ya se presentó ante la Corte Penal Internacional, ya se adelantaron 190 torturas sexuales contra presos políticos de uno y otro géneros. Según refirió una activista, “en diez de los casos fueron violaciones, mientras que el resto sufrieron desde amenazas de agresión sexual a diferentes actos lascivos. Entre las víctimas hay menores de edad y ancianos.
Asimismo, en el Informe, Michelle Bachelet advierte que el Estado no garantiza que la población no sufra hambre y que la situación de salud pública es crítica. También acusa el fracaso de los programas sociales llamados “misiones”, enfatizando la discriminación política que los rige, así como las consecuencias en términos migratorios de la crisis venezolana, con más de cuatro millones de personas que han huido del país, más del 12% de la población total. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos describe en el documento represión y persecución política, además del desmantelamiento de instituciones democráticas, lo que ha llevado a neutralizar y criminalizar a opositores y críticos, incluyendo el uso de civiles en tareas de inteligencia con fines coercitivos.
El documento señala la responsabilidad en las autoridades, al desestimar investigar las denuncias, participar de retóricas que criminalizan a denunciantes y a amparar los desmanes. Además, denuncia el uso repetido de “fuerza excesiva y letal contra manifestantes” y ataques contra opositores y defensores de los derechos humanos, “con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”. El organismo investigador de la ONU documentó 66 muertes durante las protestas de enero a mayo del presente años, de las cuales atribuye al menos 52 a las fuerzas gubernamentales.
En los días que se presentó la investigación de la ONU, tuvieron lugar dos casos emblemáticos. Por una parte, el asesinato por sádicas torturas del capitán naval Rafael Acosta Arévalo, en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acusado de conspirar contra el régimen de Maduro. Además, el caso del joven Rufo Chacón, de 16 años de edad, quien recibió 52 perdigones en su rostro por parte de la policía al protestar por falta de gas en su comunidad. Ya tenían dos meses cocinando con leña y cuando ya no soportaron más y salieron a la calle a reclamar por la falta de combustible, la respuesta oficial lo dejó ciego de ambos ojos. Justicia bolivariana.
Presionado por la aparición del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el viernes 5 de julio Maduro liberó a 22 presos en un intento de cambiar las reacciones generadas por este reporte. Entre los excarcelados están la jueza María Lourdes Afiuni y el periodistas y abogado Braulio Jatar. La primera detenida desde 2009 por órdenes de Hugo Chávez. Y el segundo, aprehendido por el Sebin en 2016, por su labor contra el gobierno. Todo indica que se le detuvo para amedrentarlo y se le “sembró” en su automóvil una alta suma de dólares. El resto de los liberados son estudiantes que la semana anterior tuvieron audiencias judiciales y quedaron exentos de penas. En el país aún hay registrados más de 700 presos políticos, y por ejemplo Foro Penal denunció el efecto “puerta giratoria” del chavismo, por un lado libera a 37 presos, por otro, encarcela a otras 33 personas más.
En fin, para que Nicolás Maduro pague por delitos de lesa humanidad, el presidente de Chile, Sebastián Piñeira demandó a la ONU que presente el informe sobre Violaciones y Abusos cometidos en su régimen ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esto se sumaría a la causa que países como Argentina, Chile y Colombia denunciaron desde hace un año ante el Tribunal de La Haya. Por lo mismo insistió a su paisana que agregue su documento para darle mayor fuerza a la demanda en contra del dictador bolivariano.
Sin duda, el Informe de Bachelet es un fuerte golpe en contra del delfín chavista. Ojalá fructifique. VALE.