El pasado primero de septiembre, el titular del Ejecutivo Federal emitió un mensaje que denominó su Tercer Informe de Gobierno, aunque en estricto sentido es el primero de acuerdo con la ley.
El numeral 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) es claro y establece que el informe anual de labores de los servidores públicos, se deberá limitar a una vez al año, no excediendo la difusión de los 7 días anteriores y los 5 días posteriores a la fecha en que se rinda.
Si hablamos de lo que mandata nuestra Constitución, ésta señala que el Presidente de la República presentará, un informe por escrito, en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada año de ejercicio del Congreso, lo que se traduce en un solo informe por año, no en dos ni mucho menos en tres, ir más allá resulta demagógico.
Está por demás decir que los mexicanos buscamos transparencia y rendición de cuentas, pero no hay mejor manera de dar la cara a la ciudadanía que con resultados verdaderos y palpables, sin embargo, en este primer año de actividades del actual gobierno federal, lamentablemente no hay mucho que celebrar.
Por un lado, la economía está prácticamente detenida con un crecimiento del PIB del 0 por ciento; respecto al tema que más preocupa a la ciudadanía, es decir la seguridad, somos una nación en la que, en los últimos siete meses, se cometen en promedio 82 homicidios dolosos al día, según datos del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que cada día, tanto mujeres como hombres, nos sentimos más inseguros en nuestras calles.
Si de servicios de salud hablamos, el panorama es desalentador, incluso me atrevería a decir grave, pues el Gobierno Federal ha llegado al punto de dejar a su suerte a niños con cáncer, personas con enfermedades crónico-degenerativas, desatención en campañas de prevención, etc.,
Existe desabasto de medicamentos, vacunas y equipo de curación, lo que ha cobrado ya, la vida de las primeras víctimas, y el gobierno ha demostrado que no es capaz de cuidar a quienes en realidad lo necesitan, afirmando que si faltan medicamentos, es responsabilidad de médicos y enfermeras comprarlos, olvidando el primer mandatario, que es obligación de su gobierno y de las instituciones gubernamentales, brindar esos servicios.
No podemos dejar de lado los atentados en contra de la democracia, así como el debilitamiento de las instituciones con el único objetivo de concentrar el poder en un solo grupo y peor aún en una sola persona.
Han sido reiteradas las ocasiones en las que el Presidente ataca a los organismos públicos autónomos, principalmente a la CNDH. Con esta transformación es la primera vez que el titular del Ejecutivo Federal no recibe el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no ha aceptado sus recomendaciones y peor aún, arremete en su contra.
Cabe señalar que, a lo largo de este primer año, hasta hemos visto la renuncia de altos funcionarios públicos, debido a decisiones sin sustento, extremistas y politizadas; imposición; incompetencia; influyentísimo y conflicto de intereses.
Es por lo anterior, por el daño que está sufriendo el país gracias a decisiones desmedidas y sin sustento que el gobierno federal debe rectificar sus decisiones y en tal caso recalcular su estrategia antes de que sea demasiado tarde.