El pasado domingo, casi feneciendo el plazo constitucional, el ejecutivo federal presento el paquete económico para 2020. Los Criterios Generales de Política Económica;  la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año próximo. Así mismo, conviene recordar que semanas antes había remitido al legislativo el Plana Nacional de Desarrollo.

Esta circunstancia debe tenerse presente, porque desde hace casi 40 años, la planeación democrática del desarrollo nacional no ha vinculado los objetivos, las metas del desarrollo, vinculándolos con la política fiscal y de gasto, en tanto estas últimas son mecanismos útiles para la redistribución de la riqueza.

Veamos por partes; el PND 2018- 2024, tal cual fue elaborado es un documento  más de propaganda política, que una propuesta de planeación del desarrollo construido metodológicamente, circunstancia misma que en su momento ocasionó la renuncia del primer Secretario de Hacienda del actual gobierno. En razón de lo anterior, aunado a la falta de vinculación con la política de ingresos y gasto, debe añadirse, la ausencia de ruta de navegación y destino claro, con metas medibles con indicadores precisos y evaluaciones serias de los efectos y consecuencias de las medidas planteadas.

Es cierto, que crecimiento económico, no es lo mismo que desarrollo, pero no puede obviarse que el desarrollo requiere de crecimiento, si este significa una mejoría de las condiciones de vida de la población. Tan sencillo como entender que el crecimiento de la tasa de natalidad, significa presión para extender los servicios básicos, como: vivienda, salud, educación, empleo y un largo etcétera. En este sentido, las  presentes reflexiones, están animadas en buscar entender el sentido lógico de las medidas contenidas en las políticas económicas, porque percibimos, una dinámica continuista de corte neoliberal, a pesar de que discursivamente ese modelo este enterrado. Y claro, se entiende que un cambio de modelo de desarrollo, se gesta y realiza con reformas y cambios graduales.

En la política recaudatoria, se establecen aumentos de impuestos, pese al eufemismo empleado en denominarles “actualizaciones” especialmente en IEPS, lo cual terminara impactando en precios finales del consumidor y por ende pondrá en peligro la meta de Inflación prevista del orden del 3 por ciento. También parece arriesgada y difícil de cumplir la proyección de un crecimiento de la producción y exportación petrolera en un 13 por ciento, aunque debe reconocerse que el precio de 49 dólares por barril, se observa adecuada y factible. Otra variable macro que parece arriesgada es la paridad cambiaria en 20 pesos por dólar. La coyuntura económica global con guerras comerciales y una ola de desaceleración, obliga a ser aún más previsores.

En cuanto al gasto, la restricción suplementaria al flujo operativo puede tener efectos paralizantes en varias dependencias y los ahorros mal entendidos lastimar a grandes franjas poblacionales y traducirse en  descontento social, así como revertir avances de décadas. La actual composición de las asignaciones de gasto al ejército y  las policías y los recortes al campo y al medio ambiente, no parecen congruentes con la retorica gubernamental. Tampoco parece lógico, incrementar el destino de recursos a programas sociales asistencialistas y quitar recursos a salud, educación y vivienda. O disminuir la inversión física en construcción de Infraestructura que genera empleos y revitaliza líneas productivas.

Finalmente, este es el primer paquete económico del actual gobierno  que marcara su destino inmediato, aunque es de aplaudir que se mantenga el sano equilibrio de las finanzas públicas y el superávit primario.