Entrevista a José Antonio Crespo, analista político

Este 26 de septiembre se cumplen 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió desde su campaña a resolver y esclarecer los fatídicos hechos. Luego de la reunión sostenida entre los familiares de los jóvenes y la Fiscalía General de la República, se acordó el inicio de las investigaciones sobre la desapariciones, para “sanearlas” y limpiar las irregularidades que pudieron haber cometido los exfuncionarios que estuvieron a cargo del caso. Esto es, llamar a declarar al ex procurador Jesús Murillo Karam y al ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, entre otros.

El fiscal especial del caso, Omar Gómez, ha declarado que “limpiarán” las indagatorias que llevaron a la  cárcel a más de 142 presuntos responsables –producto de las investigaciones– y aunque el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, rechaza la llamada “verdad histórica” también ha criticado la liberación de 77 de los detenidos, como Gildardo López Astudillo alias El Gil, que fueron sujetos a proceso por los ex funcionarios. Para algunos especialistas políticos, la desacreditación de la investigación mete en aprietos al gobierno morenista por las contradicciones y los riesgos en que pueden caer

Sobre el tema habla para Siempre! el politólogo José Antonio Crespo, quien señala que la situación es complicada “porque se puede quedar sin responsables, así como también muchos de los grupos de Derechos Humanos que intervinieron, incluido el GIEI, que insistían en que los responsables eran otros y hablaban del ejército. No se conformaron con que se detuviera a los autores materiales, a policías involucrados y miembros de carteles y dieron elementos de que las confesiones pudieran estar contaminadas por la tortura. Estos elementos le han servido a los jueces para sacarlos”.

Paradójicamente, apunta, lo que hoy tenemos es que no hay ni los responsables que se presumían del ejército o de otros niveles del gobierno, pero tampoco los delincuentes directos y se da una situación en la que prácticamente no hay responsables del crimen.

Cuestionado sobre la desacreditación de la investigación para la actual administración, Crespo Mendoza destaca que el movimiento fue utilizado políticamente “pareciera que más importante que descubrir la verdad y llamar a cuentas a los auténticos responsables, lo que se trató fue golpear al anterior gobierno, cosa que se logró, porque mucha gente creyó que la responsabilidad venía del Gobierno Federal, cuando en realidad hay muchos elementos para pensar que fue una cuestión totalmente local.

“Ahí estaba la prioridad de los grupos que se involucraron y más allá de esclarecer el asunto, el resultado es que no hay responsables. Por eso creo que este Gobierno, más que profundizar en las indagatorias, ahora resulta que tiene las manos vacías y por eso se enfilaron contra Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón para tener algunos responsables”.

Señala que la consigna pareciera ser hacer el señalamiento de que éstos ex funcionarios ocultaron información –cosa que no sabemos– o tergiversaron pruebas, que es de lo que se les acusa y por eso buscan nuevos responsables. Sin embargo apunta, “el riesgo de desacreditar al ex procurador, los testimonios de los responsables, policías y narcos involucrados, con tal de desprestigiar la verdad oficial, es seguir dando elementos para que puedan seguir saliendo libres”.

 

José Antonio Crespo, analista político

 

El gobierno ha sido muy hábil para conducir estos temas, ya que al tiempo que maneja la situación de Ayotzinapa, también introduce temas como la extinción de dominio, la ley Bonilla, la ley de amnistía y la de evasión fiscal. ¿Qué opina?

Lo que pasa es que algunas de esas leyes pueden generar otro tipo de problemas, por ejemplo, la extinción de dominio o lo referente a la defraudación fiscal, sí que estarían afectando, así  como se presentó la presunción de inocencia, que no afecta solo al crimen organizado sino a cualquier ciudadano.

Por errores o faltas menores, se puede llegar a castigos muy elevados y sobre todo, antes de que se pruebe la culpabilidad, –nadie está en desacuerdo que estos abusos se castiguen severamente–, pero se puede incurrir en abusos y si tienes alguna acusación, te meten a la cárcel y en lo que se rectifica la información, se dispone de tus bienes; si resultas inocente, ya se pasaste tiempo en la cárcel y luego, no te van a reponer tu bien porque ya se vendió y aunque te lo pueden reponer, ya se incurrió en abusos. Estas leyes se pueden prestar a muchas injusticias y  abusos y sobre todo que se anula en los hechos, la presunción de inocencia.

 

“Pareciera que más importante que descubrir la verdad, lo que se trató fue golpear al anterior gobierno,
cosa que se logró, porque mucha gente creyó que la responsabilidad venía del Gobierno Federal”.

 

Se pueden utilizar estas leyes tanto para los enemigos políticos, para intimidar o fomentar acusaciones que la gente haga sobre ellos. Se recurre a estas acusaciones y son afectados aunque se demuestre su inocencia.

El problema es que el común de la gente no tiene tanta conciencia de lo que está ocurriendo porque son temas especializados, que manejan los expertos, el gran público no está bien enterado de qué significa lo que se aprueba. Se quedan solo con la imagen que les manda López Obrador acabar con la corrupción, castigar a los narcotraficantes, a los evasores de impuestos, corruptos y eso, el gran público lo apoya. No analiza, porque quizá no tiene la herramienta para entender en qué términos están los debates y se quedan con los pronunciamientos principales.

Mientras López Obrador sigue ganando políticamente porque tiene el apoyo de la gente, le creen todo y no lo que digan los expertos. Así, él descalifica a los especialistas de muchas maneras, que son corruptos, que solo están interesados en defender sus privilegios, que responden a ciertos intereses. Las críticas por muy fundamentadas que estén, además de que son especializadas y detalladas, no son de fácil acceso al público y la gente le cree a AMLO y dicen que se trata de personas que quiere desestabilizar al gobierno, se quedan con ese discurso que les venden, así no correspondan con la realidad.