Durante la Colonia y en los primeros años de nuestra vida independiente, la actividad profesional, mercantil y de oficios en general, se ejerció a través de colegios, lonjas, gremios, estancos, privilegios y monopolios. En los años que siguieron a la independencia, debido a la penurias económicas que afectaban a las tesorerías de los estados miembros de la federación, los gobiernos locales se vieron orillados a establecer alcabalas; éstas  eran cobradas mediante garitas o aduanas interiores establecidas en los caminos que unían a las entidades y en las fronteras  de una entidad y otra.

Los abogados, para poder ejercer su profesión y cobrar honorarios, debían pertenecer a un colegio; todavía existe y funciona uno ellos, fue fundado en 1760, su nombre original fue Ilustre y Real Colegio de Abogados de México; con el establecimiento de la república, desapareció el término Real, fue sustituido por el de Nacional. La aptitud para ejercer la profesión había que acreditarla ante el colegio del lugar; éste era el que expedía la patente que lo permitía; él cobraba por cada servicio que prestaba. Quien era expulsado de su colegio, era un muerto civil.

Los médicos tenían su protomedicato al que debían pertenecer. De igual manera esa organización era la que examinaba al aspirante y otorgaba la patente correspondiente.

Los comerciantes no podían ejercer su actividad si no estaban inscritos en la lonja de la plaza. Los artesanos: herreros, pintores, albañiles, canteros y otros debían ser miembros de un gremio; dentro de estos había grados: aprendiz, oficial y maestro.

El Estado, para hacerse de fondos o para controlar una actividad productiva, confería privilegios a los particulares; por virtud de ellos los beneficiados eran los únicos que podían producir y labrar tabaco, cigarros, elaborar cerillos, extraer y vender azogue o mercurio. Había otros.

Con el pretexto de requerir dinero para arreglar los caminos, también se cobraba  a las personas y semovientes su uso. Al pago por el uso se le denominaba peaje.

Todo estaba controlado; cualquier actividad daba motivo a que la autoridad cobrara o a que una asociación, colegio o gremio exigiera un pago por el ingreso, la renovación de la membresía o por el examen para ingresar.

Lo anterior encarecía el comercio, dificultaba el ejercicio de las profesiones y los oficios y obstaculizaba el tráfico de personas y mercancías.

Como un eco del pensamiento liberal en su sentido económico: dejar hacer y dejar pasar, los revolucionarios de 1854, encabezados por don Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort, en el Plan de Ayutla, que ellos suscribieron, propugnaron por liberar el comercio, la circulación de efectos de comercio y el ejercicio de las profesiones y oficios; como consecuencia de lo anterior, en la Constitución de 1857, en su artículo 28, sus autores eliminaron los monopolios, estancos y privilegios; también establecieron el libre ejercicio de las profesiones (art. 4o). Con posterioridad (1896) se prohibieron el cobro de peaje, las alcabalas y las aduanas interiores (art. 111).

La Constitución de 1917 ratificó las prohibiciones y, aunque mediatizada, reiteró la libertad de comercio. Estamos en un estado de libre competencia.

A pesar de lo anterior, el lunes 7 de octubre pasado, los taxistas, organizados y desorganizados, exigieron que las autoridades de la Ciudad de México y de otras del interior de la república intervenga para que no tengan competencia. Exigen que las aplicaciones que actualmente funcionan y que prestan un buen servicio, sean prohibidas. El pretexto: éstas, con la competencia que les hacen, les están quitando sustento de sus familias y el propio.

Bien hecho; a todos nos gustaría que la autoridad competente nos concediera el monopolio respecto de la actividad que desempeñamos y por la cual obtenemos nuestros ingresos; que ella prohibiera a otros ejercerla. Los médicos, abogados. arquitectos y demás profesionales debemos organizarnos para paralizar todas las ciudades del país para exigir que no haya nuevos profesionistas que nos hagan competencia. Que los profesionistas de otros lugares tengan prohibido ejercer en la Ciudad de México. !Qué buena idea nos han dado los taxistas¡

En una de esas los abogados que ya tenemos años en el ejercicio de la profesión, podríamos salir a la calle, bloquear las vías principales y exigir, para no tener competencia, se clausuren todas las escuelas y facultades de derecho. El motivo, muy bueno por cierto, es el que invocan los taxistas: con la competencia no podemos llevar el pan a nuestras familias, tenemos que estudiar más para prestar un mejor servicio y, de plano, no queremos hacerlo. Es muy cómodo no hacer ningún esfuerzo. Con el tiempo también podríamos reclamar que nos otorguen una subvención en la compra del combustible y, finalmente, exigir que nos paguen por no trabajar.

Todo lo anterior, de aprobarse, redundaría en un privilegio indebido y, al final de cuentas, en un mal servicio.

En una sociedad de igualitaria y de libre mercado no tienen razón de ser los privilegios, cualesquiera que ellos sean. No se justifican los estancos, privilegios; en ella no debieran existir los sitios de taxis en los aeropuertos, terminales de autobuses y centrales de abasto que funcionan como monopolios. Tampoco es admisible que los taxistas usen las vías publicas, que son eso, como terminales y estacionamientos. Son privilegios indebidos que afectan la libre contratación y circulación.

Existe un artículo, el 5o constitucional, que dispone:

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. …”

Los taxistas no pueden exigir y las autoridades permitir que se restrinja, en perjuicio de Uber, Cabify y otras aplicaciones, la libertad de desempeñar una actividad que es lícita. No pueden prometer a los choferes, que paralizaron la Ciudad, que estudiarán la forma excluir a esas empresas de prestar el servicio tal como lo han venido haciendo hasta ahora.

Limitar el servicio de transporte en beneficio de los taxistas que saben gritar, obstaculizar el tránsito y presionar a autoridades asustadizas y hacerlo en un país en el que existe el libre mercado y la prohibición de que hayan monopolios y privilegios, es violatorio de los artículos 5o y 28 constitucionales. Todos tenemos derecho a elegir entre varias opciones. Los taxistas no pueden obligarnos a contratarlos y a prescindir de otros servicios, sin importar que sean mejores o peores. Las autoridades no deben prestarse al chantaje de los taxistas y violar nuestra libertad de elegir.