Por Cecilio Ferro Villa
El 28 de junio de 1995, alrededor de 60 campesinos guerrerenses de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), se dirigían al municipio de Atoyac de Álvarez a bordo de dos camionetas, para reclamar la entrega de insumos que usarían en la siembra de maíz de autoconsumo, entre ellos, 90 toneladas de fertilizantes. El grupo nunca llegó a su destino porque el entonces gobernador Rubén Figueroa había dado la orden de detenerlos por “violentos”. Ese día por la mañana, elementos de la policía de Guerrero emboscaron a los campesinos en el vado de las Hamacas, cerca del poblado de Aguas Blancas con un saldo de 17 muertos y 21 heridos.
Veinticuatro años después la 4T apuesta a los fertilizantes para hacer “política” del campo. Las circunstancias de 1995 no son tan distintas a las presentes: el país sigue siendo altamente dependiente de la importación de estos insumos. De acuerdo a estimaciones del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), 15 millones de hectáreas –de 22 millones cultivadas– dependen de los fertilizantes. Es decir, el 68 por ciento de los alimentos que nuestro país produce –principalmente maíz, frijol, trigo y sorgo– requieren de estos agroquímicos.
El pasado 8 de febrero, el presidente López Obrador aprovechó una gira por Guerrero —¡sí, Guerrero!— para arrancar su “programa piloto” con un presupuesto de mil 554 millones de pesos.
El objetivo era dotar a cada productor de 450 kilos de fertilizante por hectárea, hasta por 3. El gobierno de la 4T creyó que esa entidad era la idónea para lucir una de sus sensibles “políticas” de “justicia social”, sin embargo, la dificultad de la distribución, la presencia de cultivos ilegales (principalmente de amapola), la efervescencia social, la arraigada corrupción, la exacerbada politización de los campesinos y la incesante pobreza le impidieron el paso.
La entrega de fertilizantes fue centralizada por la 4T por aquello de la corrupción. El cambio parecía positivo. Sin embargo, el fantasma de la opacidad los alcanzó. No hay referentes de cómo se elaboró el padrón de beneficiarios, ni de los requisitos para ser beneficiario. Las dudas y suspicacias recaen primero en el responsable del programa Jorge Gage, sí el excenecista, y sobre la imparcialidad del super delegado del Gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Y ya instalados nuevamente en el obscurantismo, el gobierno federal tampoco informó el costo del fertilizante comprado, ni quiénes fueron los proveedores. De acuerdo con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable (CEDRSSA), “el mercado de fertilizantes en México opera sin regulaciones de precio y calidad, por lo que importadores, fabricantes y distribuidores son los que determinan los precios y les permiten altos márgenes de ganancia”. Es el caso del nitrato de calcio en el que las ganancias llegan hasta el 130 por ciento; o del sulfato de amonio cuyo precio de importación es de alrededor de 2 mil 700 pesos, pero se comercializa a más de 5 mil pesos, es decir, más de 90 por ciento de margen para el comercializador. Un negocio redituable. ¿A quién realmente benefició la 4T? A los campesinos no.
Naturalmente ha habido protestas, bloqueos carreteros, asaltos a bodegas, retenciones de funcionarios y reclamos al gobierno federal por la ejecución “fallida” de este programa que no ha llegado a los agricultores, quienes ahora enfrentan pronósticos de hambruna al rebasarse el tiempo de siembra. Gage Francois se excusa argumentando la resistencia de los productores amapoleros.
En contraste, los amapoleros de pueblos del Filo Mayor de la Sierra Madre del Sur reclaman el cumplimiento de un acuerdo firmaron el pasado 5 de junio con Gage, Amílcar Sandoval, y el gobernador Astudillo. Se otorgarían proyectos productivos y se asignarían médicos y maestros, a cambio de abandonar el cultivo de estupefacientes. ¡Nada se ha cumplido! Quieren que el presidente compruebe su precariedad. No hay respuesta.
En este escenario de alta explosividad social, el gobierno de la 4T quiere ampliar el Programa Nacional de Fertilizantes a todo el país, pero con menos presupuesto del destinado para Guerrero: mil millones de pesos. ¿A dónde pretenden llegar? ¿Tiene una estrategia para contener un escenario conflictivo? Hay nubarrones en el horizonte.