Por Ernesto Rubio del Cueto
La viabilidad de éxito en la reestructuración del Seguro Popular y la creación del Instituto de Bienestar para la Salud, son dos importantes propuestas ante los propósitos o políticas de la presente administración para ofrecer a la población más necesitada atención médica y medicinas gratuitas.
Y ante la Reforma anunciada recientemente por el Presidente de la República, de presentar en los próximos días su Plan de Gobierno en materia de Salud y al haberse manifestado el propósito de hacer cambios legislativos al Seguro Popular y crear el Instituto de Bienestar en Salud, me parece fundamental analizar en este artículo este último Programa de Gobierno y el impacto que ello tiene y tendrá en las Políticas Sociales prometidas.
Todo esto al margen de que recordemos con nuestros distinguidos lectores que el propio Presidente de la República el pasado primero de mayo último, al enviar la posición de su Gobierno, respecto al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia de Salud en una cuartilla, que se envió para su aprobación al Congreso en que textualmente dice: “la administración que inició el 10 de diciembre de 2018 encuentra el Sistema de Salud Pública insuficiente, ineficiente, depauperado y corroído por la corrupción. Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las Instituciones honorables del Sistema o bien enfrenta padecimientos para lo cual no hay cobertura. Como en otros terrenos, el desastre del sistema de salud pública es resultado de los afanes privatizadores y de los lineamientos emitidos por organismos internacionales copados por la ideología neoliberal”.
Ello nos lleva indispensablemente a hacer las consideraciones jurídicas y recomendaciones de políticas públicas para que exista mejoría en la propuesta de poner fin al Seguro Popular y crear el Instituto de Bienestar en Salud, y ellos pueden ser debatidas en los Poderes Legislativo y el Ejecutivo.
En materia de salud, recordemos que uno de los grandes propósitos de la presente Administración es ofrecer a la población más necesitada “medicinas y atención médica gratuitas para todos”, que se estima sea para 45 millones a fin de lograr con ello la anhelada Universalidad de los Servicios de Salud, que en los últimos 18 años no ha podido ser implementado eficazmente por los tres Gobiernos por no haber superado la fragmentación.
El Seguro Popular fue diseñado y creado en año de 2004 durante la Administración del Presidente Fox, a raíz de que fue designado como Secretario de Salud, el Dr. Julio José Frenk Mora, quien estudió a fondo la planeación financiera necesaria para evitar los terribles gastos de bolsillo en la población no cubierta por la seguridad social en nuestro país, dando oportunidad tanto los expertos de salud como por los organismos cúpula del Sector Privado, para dialogar al respecto y conocer diversos planteamientos que tendían a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas de los cuantiosos recursos que la Federación transferiría a las entidades federativas y recordemos de que el Dr. Córdoba Villalobos, antes de renunciar como Secretario de Salud, manifestó para poder participar en la contienda para Gobernador de Guanajuato a finales del 2011 que el Seguro Popular no estaba cumpliendo con sus propósitos y que más del 70 por ciento de los Gobernadores lo utilizaban en otras áreas y la corrupción era manifiesta.
A la vez al haber sido designado Salomón Chertorivski Woldenberg como Director del Seguro Popular y habiendo fungido como Secretario de Salud a finales del año de 2011 en la Administración del Presidente Calderón, con gran énfasis en la difusión se señaló que uno de los logros más exitosos de ese Gobierno había sido el hecho de haber incorporado a 57 millones de mexicanos al Sistema de Protección Social en Salud, cifra que se ajustó a 54 y con ello sostenían que se disminuyó el impacto económico en las familias, por los elevados gastos de bolsillo que son y eran de los más altos en el mundo. Sin embargo, desde entonces se comenzó a ver y comprobar que los miles de millones de pesos que la Federación transfería a los gobiernos de las entidades federativas no eran debidamente utilizados y aplicados para mejorar la salud, por lo que más del 70 por ciento de los gobiernos locales presentaron serias irregularidades al momento de rendir cuentas respecto del uso y destino de los mismos.
Por ello, durante la Administración de Enrique Peña se promovieron en el año de 2014, algunas reformas a la Ley General de Salud para cambiar el esquema de transferencia de los recursos, etiquetar hasta el 50 por ciento de los mismos para adquisición de medicamentos, fortalecer las facultades de supervisión, transparencia y rendición de cuentas de las entidades federativas, así como tipificar como delito federal el desvío de estos dineros, lo cual, sin duda, ayudó a disminuir su mal uso.
Finalmente, este Gobierno ha anunciado la intención de poner fin al Seguro Popular y crear en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar, por lo que seis exsecretarios de Salud, en forma inédita, han señalado que “…ese error anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo…”.
Por ello, exhortaron al Congreso y al Presidente a evitar la desaparición del Seguro Popular, así como a que los más de 80 mil millones de pesos de su Fondo de Gastos Catastróficos se utilicen para financiar la creación del Instituto de Salud para el Bienestar y los objetivos que por ley se le asignarán, por todo ello las implicaciones de que ha sido severamente criticado hasta por el Dr. Carlos Urzúa en sus últimas columnas en el periódico El Universal.
Para todo ello las implicaciones, en virtud de que el diputado federal Mario Martín Delgado Cerillo presentó una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en materia de acceso a los servicios de salud y medicamentos asociados para las personas que no poseen seguridad social. Como resultado de esta discutible iniciativa se estima “beneficiar a 78 millones de compatriotas en esta Administración”.
Esta iniciativa, actualmente pendiente de discusión en el Congreso, conjunta temas complejos como la desaparición del Sistema de Protección Social en Salud; la creación del Instituto de Salud para el Bienestar; la desaparición del Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y del Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel; la creación de un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, así como la facultad para los institutos nacionales de salud de celebrar contratos con personas morales de carácter nacional e internacional, público o privado, a fin de que les proporcionen a éstas los servicios médicos y otros relacionados con su objeto que convengan, a cambio de una contraprestación.
Como se podrá observar, cada tema de esta iniciativa merece un análisis particular, por la problemática propia y consecuencias que de dichas modificaciones implican.
Por lo que hace a medicinas y atención médica gratuitas para todos, los estudios preliminares que se han hecho en poco tiempo por expertos y especialistas en la materia concluyen que:
- El Instituto de Salud para el Bienestar, tendrá la atribución para prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos asociados, insumos y demás elementos necesarios a la población carente de seguridad social, de conformidad con los instrumentos jurídicos que al efecto suscriba con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud.
- Las entidades federativas conservan su obligación actual de prestar los servicios de atención médica (que incluye la dotación gratuita de medicamentos) en su respectiva jurisdicción, con el dinero que les transfiera la Federación en los términos de los acuerdos de coordinación que al efecto suscriban.
- La Federación, a través de la Secretaría de Salud, con el auxilio de las entidades agrupadas en su sector coordinado, podrá prestar los servicios médicos que originalmente corresponde brindar a las autoridades de las entidades federativas, en los términos de los acuerdos de coordinación que al efecto suscriban.
La reforma en comentario, establece la posibilidad de que Instituto de Salud para el Bienestar, preste de manera gratuita servicios de salud y asegure el suministro de medicamentos asociados, insumos y demás elementos necesarios a la población carente de seguridad social, pero dispone que las entidades federativas también lo hagan, además de que la Secretaría de Salud, con el auxilio de las entidades agrupadas en su sector coordinado, podrá prestar los servicios médicos que originalmente corresponde brindar a las autoridades de las entidades federativas.
En conclusión un galimatías, en el que todos tienen la facultad de prestar los servicios de salud a las personas carentes de seguridad social, pero con sujeción a los acuerdos de coordinación que al efecto suscriban, sin reparar en que hoy en día las únicas que cuentan legal y físicamente con la infraestructura para prestar los servicios son las entidades federativas.
En efecto, la infraestructura la tienen las entidades federativas, ya que la Federación se las transfirió en 1996 mediante el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud y los acuerdos específicos correspondientes.
Por lo que hace al primero y segundo niveles de atención, ni la Secretaría de Salud, ni el futuro Instituto de Salud para el Bienestar, tienen la infraestructura necesaria para prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos asociados, insumos y demás elementos necesarios a la población carente de seguridad social, ya que únicamente los organismos descentralizados bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Salud, tienen la infraestructura necesaria para prestar este tipo de servicios, pero limitados al tercer nivel de atención, que dicho sea de paso, lo vienen haciendo desde hace muchísimos años.
Además, de acuerdo con lo expresado por el Presidente de la República, los servicios de salud a nivel nacional serán “federalizados”, lo que implica que únicamente será la Federación la que prestase dichos servicios, situación que de ninguna manera se refleja en esta iniciativa.
Con esta “federalización”, de acuerdo con declaraciones del Presidente López Obrador, se garantizarán las consultas, la atención de calidad y los medicamentos gratuitos para todas las personas, comenzando por los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por cierto, los convenios de coordinación, que regulan este tipo de acciones, conforme a la Ley de Planeación, nadie los ha visto, incluso, al solicitarlos vía INFOMEX, la respuesta invariable es que no existen, sin que sea posible que alguien los saque de dicha posición.
La reforma en comentario pretende obedecer a dicha intención, es decir, que sea la Federación quien tenga a su cargo la prestación de servicios de salud a las personas carentes de seguridad social; sin embargo, como vimos, el texto de la iniciativa y la instrucción presidencial, no van por el mismo camino.
Se debe recordar que uno de los principales señalamientos del Presidente López Obrador respecto del sistema de salud en México, desde luego, aparte de la corrupción, es que éste se encuentra fragmentado, ya que en México prestan servicios de atención médica las instituciones de seguridad social que atienden a los trabajadores del sector formal de la economía (IMSS e ISSSTE), los hospitales de Pemex y de las secretarías de la Defensa y de Marina, los hospitales que todavía dependen directamente de la Secretaría de Salud, los institutos nacionales de salud que, como dijimos solo atienden el tercer nivel, así como los Servicios Estatales de Salud (financiados hasta ahora por el Seguro Popular) y el Programa IMSS-Bienestar que velan por la población sin seguridad social.
La creación del Instituto de Salud para el Bienestar sólo abonará a esa fragmentación y hará que la meta de la universalización de la salud se aleje cada día más.
En resumen, lo que esta iniciativa logrará, de ser aprobada en sus términos, es desaparecer toda una infraestructura que a quince años de su nacimiento estaba funcionando, no sin problemas, pero funcionando, para crear un Instituto que hará lo mismo que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para hacerse responsable de la importantísima función de Estado que es garantizar el derecho a la protección de la salud, y que de ninguna manera conseguirá que México tenga en poco tiempo, un sistema de salud como el de los países nórdicos o el de Canadá, por el contrario, permite avizorar un gran fracaso.
Lo serio y preocupante de esta decisión es que lo que está en juego es la vida de millones de mexicanos. Una improvisación, sin duda, muy costosa.