Las campanas suelen doblar con diversos motivos: pueden ser jubilosos; también provocadores; igualmente, tristes y hasta trágicos. Hoy doblan dondequiera, con diversos tonos. A poco que escuche el ciudadano oirá el tañido y descifrará sus motivos. Últimamente lo hemos oído, acompañando dolorosos acontecimientos en los que compatriotas nuestros perdieron la vida. No podremos olvidarlos y esperamos, con ansiedad y muy discreta esperanza, que no ocurran de nuevo. También han campanas que doblan en procuración, celebración o advertencia sobre otro género de vidas que nos interesan, aunque a veces las supongamos ajenas e impersonales: las vidas de las instituciones, por ejemplo. También por ellas doblan las campanas. Y si las desciframos con perspicacia, pudiera ocurrir que aquélla –como las de la famosa novela– también estén doblando por nosotros.

En anteriores entregas de mi reciente participación en Siempre! expuse algunas preocupaciones –entre otras, que nos agobian– por hechos que debieran generar alarma y mantenernos en activa vigilia. Me referí al desdén con que se trató a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –un desdén que también alcanza a esos derechos– al suprimir la saludable costumbre de que el Ejecutivo recibiera personalmente, a pie firme y con manifiesto interés por este sector de las acciones públicas, el informe anual que debe rendir el ombudsman nacional: un informe que contiene reconocimientos por los progresos alcanzados y denuncias por los retrocesos y vacíos que no ha sido posible resolver. ¿Y cómo debía ser, si no, un informe de este género? Hay que ofrecer las dos caras de la medalla, que se integra con ambas y no con pueriles concesiones a alguna de ellas.

Y también aludí, en otra entrega a la que ahora me remito, a la notoria erosión  –que llega a ser demolición– de órganos constitucionales autónomos, esa figura relativamente novedosa de nuestra estructura constitucional, destinada a asumir funciones originarias o coyunturales del Estado, para proveer a su mejor despacho en beneficio de los ciudadanos. Estos órganos han llegado a muy diversos  ámbitos,  todos ellos relevantes, y  generalmente  han  servido  bien  –pero podría ser mejor, obviamente– los deberes que han asumido. Pueden ser y suelen ser factores de la democracia, a la que ofende la concentración del poder.

A la entusiasta generación de órganos autónomos  –quizás demasiado prolífica–  de los últimos lustros, comienza a seguir un movimiento de signo contrario: el acoso, la descalificación y, como dije, la demolición. ¿De qué se trata, en definitiva, y a dónde se quiere llegar? ¿Nos hemos embarcado, nuevamente, en una “hiperconcentración” del poder, en la deliberada marcha de una corriente autoritaria que pretende suprimir competencias y reducir libertades? ¿Es posible que hayamos iniciado o reanudado el viaje de la nación bajo la bandera que proclama, a la vieja manera imperial, “El Estado soy yo”?

En relación con esas preocupaciones, expuestas en las entregas editoriales que ya mencioné, me quiero referir ahora a los recientes acontecimientos que han ensombrecido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que deseo fervorosamente, pese a los vientos adversos, un luminoso curso y un estupendo destino, que serán para bien de México. Debo adelantar que ahora no aludo a quien o a quienes llevarán el timón de esta Comisión y responderán por su autonomía y por la tutela de un bien primordial: los derechos de los individuos. No califico a personas, porque no es mi costumbre acumular censuras e invectivas a mansalva, y mucho menos hacerlo cuando no cuento, todavía, con datos que me permitan una reflexión madura y ponderada sobre aquéllas. No he dejado de escuchar, sin embargo, el sonido de las aguas en el río.

Si dejo a salvo a las personas, por elemental respeto y en espera del momento en que rindan sus frutos, no omito deplorar el procedimiento que oscureció la figura y la obra de un órgano que tiene en sus manos, nada menos, la facultad de orientar a la nación a través de la ley. Apenas pudimos creer que lo que presenciamos, escuchamos o leímos en los medios hubiese ocurrido verdaderamente. Al estupor siguió la consternación, y a ésta el unánime reproche. Habrá que aportar novedades que permitan remontar esa página de nuestra historia. Pero voy a otro punto.

Conviene que los lectores –a título de preocupados y ocupados ciudadanos—recuerden el origen mundial y nacional de lo que solemos invocar como “ombudsman” –al que muchos prefieren denominar “ombusdsperson”, en homenaje a las reclamaciones de género–, que ha sido el germen fecundo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de todas las comisiones de la misma especialidad que hoy trabajan –con diversos resultados– a lo largo y ancho de la República.

La defensa de los derechos humanos, en el curso de varios siglos, se ha encontrado a cargo de mujeres y hombres de buena voluntad, valerosos, generosos, que militaron y siguen militando por esa causa  –la más noble que pudiera existir–  con todos los recursos a su alcance. Esos defensores formaron y forman parte del pueblo llano, lo que ahora designamos como “sociedad civil”, que algunos respetamos y otros aborrecen, y lograron, bregando contra viento y marea, progresos considerables. Les debemos gratitud y solidaridad.

A ese movimiento social se sumó, hace un par de siglos, una institución bienhechora, nacida en Suecia y difundida primero en los países  escandinavos, luego en Europa y finalmente en América, con diversidad de denominaciones pero con un solo designio: defender a capa y espada los derechos esenciales del ser humano, que preservan su vida y le confieren dignidad. Es así que apareció y se difundió el ombudsman.

Desde luego, un dato inherente, indispensable, irrevocable de esa misión magnífica es la independencia del ombudsman frente al poder público. Para que así sea  –pese a que la designación ocurre siempre en el marco de ese poder– es preciso que aquélla sea desinteresada, rigurosa, ponderada, transparente. La legitimidad de la designación es requisito para abrir el camino del cumplimiento de una magistratura moral –lo es el ombudsman– cuya suprema autoridad depende, en definitiva, del consenso social. Así lo entendieron los fundadores en Suecia y así se ha entendido desde entonces. ¿Qué sería del ombudsman, o mejor dicho, qué sería de los ciudadanos que buscan su protección, si aquél se plegara al poder del que provienen las violaciones de los derechos?

En México también hubo y hay vigorosos defensores de los derechos humanos en el ámbito de la sociedad civil, que sostienen con entereza esta ardua batalla y en ocasiones han pagado un elevado precio por hacerlo. Y también apareció entre nosotros la egregia figura del ombudsman, denominada, como dije, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recientemente, la Revista “El Mundo del Abogado” confirió a la CNDH un elevado reconocimiento por su labor innovadora y constructiva en el ámbito de sus atribuciones. Al formular la laudatio de la Comisión recordé que hace años, muchos años, el tema de los derechos humanos, a los que entonces conocíamos como garantías individuales, se hallaba encomendado, en su vertiente administrativa, a una modestísima oficina de la subdirección general de Gobierno de la secretaría de Gobernación. En esa misma subdirección figuraban otras mesas a las que se había confiado la atención de cuestiones que hoy revisten enorme entidad: por ejemplo, la relación con las iglesias y el apoyo a la entonces Comisión Federal Electoral.

Aquella modestísima oficina comenzó a crecer y a cumplir cada vez mejor su cometido, replanteada como comisión de los derechos humanos, inicialmente en forma de órgano desconcentrado de la propia secretaría de Gobernación. ¿Qué determinó esa expansión poderosa, en poco tiempo y con excelentes resultados? Desde luego, el creciente interés por los derechos humanos y la exigencia, también creciente, de respeto y garantía a esos derechos en un  medio en el que abundaban las violaciones. Ese crecimiento, propio de una sociedad ilustrada e impulsada por convicciones liberales y democráticas, formó parte de las grandes novedades de nuestra historia reciente.

El ombudsman mexicano ganó fuerza merced a ciertas violaciones intolerables perpetradas por funcionarios de la seguridad pública y la procuración de justicia, que desviaron sus facultades, dejaron de ser agentes de la Constitución y se convirtieron en depredadores de los derechos y las libertades de muchos ciudadanos. Los memoriosos guardan recuerdo de aquellos acontecimientos y de la reacción que suscitaron  en algunos círculos de opinión, reacción que abonó la fuerza y el prestigio que en poco tiempo ganó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ésta llegó a ser, como lo es ahora  –y ojalá lo siga siendo siempre, formal y materialmente–  un órgano constitucional autónomo, en el marco del artículo 102 de la Constitución. Repito: autónomo, formal y materialmente.

Es verdad, una verdad de la que estamos ufanos, que la aparición del ombudsman mexicano, su diseño jurídico y sus primeros pasos institucionales fueron propiciados y acompañados desde el mundo académico. Se han lanzado andanadas contra esa vinculación, que efectivamente ha existido. Quizás esas andanadas, que han sido por lo menos desconcertantes, además de injustas y lacerantes, provienen de un profundo y evidente desconocimiento de lo que es el mundo académico, de su misión en el seno de una sociedad plural y desarrollada y del valor de la cultura como factor de progreso. Tal vez se ha sentido que el aire crítico que naturalmente anima la tarea del académico trae consigo resistencias intolerables frente al capricho, el arbitrio y la ocurrencia. O acaso se ha creído que el académico está desvinculado de la sociedad en la que vive y trabaja y sirve a objetivos que no benefician al pueblo; quienes así lo creen y difunden sólo acreditan su deplorable ignorancia.

El hecho es que el ombudsman mexicano, de la mano de la sociedad civil, en alianza fecunda con ésta, atento al desarrollo de las instituciones tutelares de la justicia y la libertad, ha cumplido un papel bienhechor en el curso de un cuarto de siglo. Por supuesto, no niego  –¿quién podría negarlo?–  que en esa marcha de veinticinco años ha habido obstáculos, desaciertos, omisiones; hay tareas pendientes y horizontes amplios para seguir la marcha; cosas que corregir y tareas que continuar.

Ahora bien, el gran balance desde que académicos como Héctor Fix Zamudio y Jorge Carpizo impulsaron la primera etapa de la CNDH es altamente favorable. Lo ha sido bajo sus sucesivos presidentes, cada uno con su propio estilo y su manera de enfrentar las graves, delicadas, angustiosas responsabilidades de su función. Han sido académicos distinguidos y ciudadanos honorables –con presencia, además, de una respetable ciudadana: Mireille Roccatti– dignos de gran aprecio. También han participado, es evidente, funcionarios de otras procedencias, igualmente dignas. Por la calidad que tienen, apreciada objetivamente, no merecen los denuestos que se les han dirigido, en ráfagas apresuradas que  carecen de fundamento. La manía de mirar hacia el pasado, que ciertamente merece miradas muy severas, nos lleva a naufragar en el esfuerzo que debiera prevalecer en estos días: afirmar el paso en el presente y trabajar para el futuro. Para el futuro de la nación, quiero decir.

En la justa reivindicación de la CNDH hay que destacar, no menos, el trabajo cumplido por centenares o millares de colaboradores, visitadores, abogados, miembros de consejos internos y otros protagonistas y auxiliares de la noble faena. Si hubo extraviados o claudicantes, fueron los menos, y de ninguna manera empañan el ejercicio de una institución excelente y el trabajo de quienes le han entregado años de esfuerzo y desvelo. No ha sido fácil. Nunca lo es enfrentar al poderoso en defensa del vulnerable. En este escenario chocan el poder que se desborda y la debilidad que no puede, por sí misma, frenar el atropello. Y es en ese escenario que actúa el ombudsman autónomo.