Por Cecilio Ferro Villa
En el inicio del segundo año de gobierno de la cuatroté resulta muy necesario desempolvar algunos dichos para focalizarlos en la narrativa presidencial a la hora de dar forma a su manera de administrar la nación. En este sentido resurge con fuerza la máxima de “al diablo con las instituciones”. Durante los últimos doce meses hemos sido testigos de una peligrosa involución institucional instigada por los gustos y caprichos presidenciales.
El campo, la producción agroalimentaria de escala lejos de librarse de esta transformación parece de las más afectadas inicialmente por la reducción presupuestaría, pero quizá más significativamente por la desaparición de programas, áreas e incluso órganos descentralizados bajo el argumento de que poco o nada contribuyen para la consolidación de la seguridad alimentaria. Con esa visión simplista de la cuatroté se rechaza a la agroindustria, porque al ser “fifí” no requiere apoyo del gobierno federal.
La producción de alimentos ya sea en pequeña, mediana o gran escala requiere de un andamiaje institucional que promueva y fortalezca la conservación y mejoramiento de suelos, el uso sostenible del agua, la concreción de oportunidades para la comercialización, la creación de infraestructura adecuada para el manejo de productos, instrumentos financieros acordes a cada producto (créditos y seguros), dispositivos para garantizar la sanidad e inocuidad, entre muchos otros. Pero para la presente administración federal pareciera que lo único importante en el campo es repartir dinero a discrecionalidad.
Las actitudes altruistas y las causas sociales que enarbola la cuatroté deberían ser encomiadas, pues es un hecho que en el campo las desigualdades prevalecen y algunas regiones se han ahondado lastimosamente. Pero ¿cómo abatirá este gobierno la pobreza en el espacio rural? Pues con la creación de un andamiaje burocrático que se encargará de poner en marcha una filantropía peligrosa que a la larga solo garantiza la perpetuación de la pobreza. Cabe recordar ese proverbio chino que dice “regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentaras toda su vida”, porque lo que veremos es que el gobierno regalará una infinidad de “pescados”, aunque en el futuro no haya qué comer.
Tenemos ahora que ese andamiaje burocrático llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) repartirá dinero y simulará capacitaciones para campesinos, pero con requisitos laxos, sin reglas de operación, sin indicadores, pero eso sí: para ser beneficiario de hay que ser pobre. Aquí ya no importa si se interrumpe o no la dinámica positiva que aporta la producción agroalimentaria al PIB nacional. La política del campo se aleja de su carácter productivo para adoptar una visión meramente social.
Segalmex, encabezada por Ignacio Ovalle (quien fue una suerte de sensei de López Obrador, cuando éste era joven), está dentro de la estructura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), pero avanza a pasos agigantados hacia una fortaleza institucional superior a la propia SADER. En el presupuesto para 2020, Agricultura sólo dispondrá 47 mil 577 millones de 65 mil 435 millones de pesos que recibió en 2019. Mientras que Segalmex mantiene el mismo presupuesto del 2019: 15 mil millones de pesos además del manejo de recursos para pagar precios de garantías.
Ovalle es el encargado de materializar las expectativas del presidente López Obrador. Durante una de las mañaneras (05-12-2019) el exjefe de AMLO recurrió al dicho presidencial “por el bien de todos, primero los pobres” para justificar que los precios de garantía –uno de los programas estrella de esta administración– están orientados exclusivamente a los más pobres no a los productores comerciales, “porque yo creo que no hay nadie en el mundo, así fuera por hipocresía, que no sea capaz de decir que está a favor de la justicia y que hay que combatir la pobreza”. Aún más, dejó en claro que el dinero no les preocupa: “podemos pagar de inmediato. Eso debemos agradecerlo, la verdad, a la comprensión de la Secretaría de Hacienda”.
Segalmex deberá operar los programas sustantivos de Diconsa y Liconsa para alcanzar la autosuficiencia alimentaria en maíz, trigo, arroz, frijol y leche, e incrementar el bienestar en las comunidades rurales y zonas más necesitadas del país, sin perder de vista que el público objetivo son solamente los productores de autoconsumo.
Hoy sólo se alcanza a ver la presencia de un gobierno que interviene en la economía agropecuaria para sostenerla artificialmente y consolidar la cosecha de campesinos pobres de autoconsumo, los cuales –por cierto– representan muchos votos.