Por Filiberto Eduardo R. Manrique Molina
De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2019, recientemente publicado por la organización transparencia internacional, México ha detenido la caída y mejorado su posición en el ranking del índice mundial de corrupción, lo cual es un importante paso para reducir a niveles tolerables este tipo de actos en el país y las afectaciones a los principios y normas de derechos fundamentales de las personas que trae a su paso el fenómeno de la corrupción.
Pues la corrupción guarda una estrecha vinculación con las violaciones del disfrute de los derechos más básicos y elementales del ser humano para que pueda vivir bajo los parámetros de dignidad, por ello, este tipo de actos son una metástasis a los derechos humanos; pues se han presentado y documentado numerosos casos en los que se afectan derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, etc.
Convirtiéndose en un auténtico cáncer del desarrollo social y condenando a miles de personas y generaciones a la pobreza y marginación; además, el empleo de la corrupción permite la distrofia de la democracia, lo cual, deslegitima y debilita a las instituciones democráticas, generando con ello inestabilidad política e ingobernabilidad, poniendo en riesgo la estructura estatal y el estado de derecho.
Otra de las amenazas de la corrupción, es la relacionada con la captura del Estado por esquemas de carácter criminal, esto es, mediante la asociación entre funcionarios corruptos y miembros de organizaciones criminales, lo cual puede desembocar en crímenes calificados de lesa humanidad, ejemplo de ello, es la situación de corrupción y violencia que se deriva de la investigación del caso sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el cual permite observar a qué extremos se puede llegar en la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado.
Si bien es relevante y alentador el indicador que proporciona transparencia internacional, podemos afirmar que esta lucha no la puede ganar solo el gobierno mexicano, dados los retos que plantea la corrupción para los derechos humanos de millones de mexicanos, por esto, es que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado “Corrupción y Derechos Humanos, 2019” se señala que, se requiere de una herramienta para avanzar en el abordaje de la corrupción, esto es, desde un Enfoque Basado en Derechos Humanos o también llamado EBDH, que permita articular estrategias efectivas para la erradicación de este flagelo.
Dicho enfoque se ha convertido en un instrumento clave en la defensa y promoción de este tipo de derechos ante las amenazas que representa la corrupción, asimismo, se ha instituido en una herramienta esencial para mejorar las políticas y prácticas gubernamentales mediante el mejoramiento de capacidades de las instituciones y de los servidores públicos para el respeto, la protección y efectiva realización de los derechos humanos, por ello, se dice que los gobiernos son titulares de deberes.
Además de ello, este enfoque contribuye a fortalecer las capacidades de los titulares de derechos, de los seres humanos -en especial de los más desprotegidos, para reclamar sus derechos y hacer responsables a los gobiernos de los estados por sus prácticas, distribuciones injustas o abusos de poder público y los efectos de los actos de corrupción en detrimento sobre sus derechos fundamentales, los cuales, encuentran su respaldado en el marco jurídico que contiene los pisos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, el cual reconoce una amplia red de derechos.
Los aspectos de fortalecimiento de las estructuras de gobierno, como de promoción y difusión del impacto de los actos de corrupción en los derechos humanos; pero sobre todo el fortalecimiento de las capacidades de los titulares de derechos, nos llevará a la obtención de resultados favorables y de largo plazo en esta lucha; pues estamos ante un rompimiento de paradigma, al pasar de la clásica estrategia basada en que solo los gobiernos pueden luchar directamente contra ese flagelo, a otra basada en la inclusión de participación social, fortaleciendo las capacidades de los individuos y colectividades para alcanzar la autonomía en el goce, ejercicio y reclamo de sus derechos.
Lo anterior va a permitir, romper con un ciclo de impunidad que fomenta de manera reiterada la violación de los derechos, pues los titulares están conscientes no solo de sus derechos, también de sus obligaciones para ejercerlos y hacerlos válidos, pues cuentan con el conocimiento y las capacidades para denunciar o prevenir los actos de corrupción que afectan sus derechos; de allí que, es importante el desarrollo de las campañas de promoción, difusión, divulgación y capacitación en temas de defensa de los derechos ante los casos de corrupción.
Es por lo que, el EBDH fortalece la cooperación de los gobiernos y la sociedad en la planeación y gestión de iniciativas de la lucha contra la corrupción; además de contribuir al empoderamiento de las personas en situación de vulnerabilidad, lo cual apoya a que sean un actor legítimo y activo que reclama y ejerce sus derechos e influye de manera directa en la prevención o en la construcción o mejora de las políticas públicas y en su evaluación de cumplimiento.
En la mayoría de los casos, la integración e implementación de este tipo de enfoques requiere más de voluntad política de los titulares de deberes -gobiernos- que de recursos financieros, si bien, poner en marcha el enfoque supone un gasto, dentro del proceso se requiere de un manejo eficiente de los recursos -humanos y económicos- que se encuentran disponibles para efecto de llevar a cabo el ciclo de programación, siempre tomando en cuenta la participación de la sociedad, el cual es un elemento fundamental, pues son los portadores de derechos y conocen bien sus necesidades, por ello, se dice que son los auténticos protagonistas de su desarrollo; si existe una nula participación o esta no es suficiente, se corre el riesgo de que la lucha anticorrupción de la cuarta transformación fracase.
Una vez señalado lo anterior, los pasos del proceso de programación del Enfoque Basado en Derechos Humanos, en los que participa la sociedad y gobierno, tienen la siguiente guía, los cuales sirven para cualquier proyecto, incluido en los sistemas y políticas anticorrupción, a saber, los siguientes: la evaluación y el análisis de la situación; la planificación y el diseño de las metas y objetivos; implementación; monitoreo y evaluación del enfoque.
Para ganar la lucha contra la corrupción en México, se debe asegurar una adecuada participación de intereses de todos los sectores que conforman la sociedad, nos referimos a los portadores de la auténtica soberanía tal como lo señala el 39 constitucional, pues es el pueblo quien cuenta con el inalienable derecho de participar en la toma de decisiones, planeación y la ejecución de los programas sociales –como el caso de los programas la escuela es nuestra y el programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales–.
Además de su intervención en la evaluación de los resultados y de participar en la reforma de las instituciones para evitar ese tipo de actos; por ello, se debe de contar con instrumentos efectivos que garanticen una participación social de alta intensidad, la cual es un principio estructural e inescindible para el eficaz combate a la corrupción, que permita bajo un EBDH prevenir, detectar, sancionar y reducir a niveles tolerables los actos de corrupción, pero sobre todo, represente una autentica garantía de los derechos de las personas a nivel nacional.
Análisis resultado de investigación CONACYT durante el Programa de 2do Año de Continuidad de Estancias Posdoctorales en el Extranjero Vinculadas a la Consolidación de Grupos de Investigación y Fortalecimiento del Posgrado Nacional 2019
El autor es Ph.D. en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos-México; Maestro en Derecho, abogado, realiza estudios de postdoctorado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia- sede Bogotá; Candidato a Investigador Nacional SNI – CONACYT, Investigador junior reconocido Minciencias-Colombia, miembro del grupo de Investigación “Red Internacional de Política Criminal Extrema Ratio UN” Reconocido y Clasificado Minciencias 2018 en A1, e-mail: frmanrique@unal.edu.co