109 millones de dólares para combatir a las maras
Cuentan los investigadores que “Mara Salvatrucha” no son términos derivados del latín o del griego, sino que se incubaron en el lenguaje que se habla en las polvorientas calles de tierra de los pueblos y ciudades de El Salvador y otros países centroamericanos. Otros aseguran que fue en los barrios pobres de Los Ángeles, California, EUA. Lo cierto es que nadie tiene el acta de nacimiento de palabras tan populares. Lo que todo mundo sabe, sin embargo, es que “Mara” es sinónimo de banda, de pandilla, desde la Patagonia hasta Alaska, es término de origen centroamericano; “salva” es una abreviación que tiene que ver con el país de sus integrantes, y “trucha” significa lo que significa: “abusado”, “ponerse listo”. No puedo decir como Groucho Marx que si esta explicación no les gusta “tengo otra a la mano”. Por el momento.
Cuando el gobierno de Bill Clinton entraba en su último tercio se desarrolló una campaña para enfrentar a las pandillas de tatuados que asolaban a los comercios con el cobro de cuotas de “protección”. Los maras se mataban entre ellos y generaban terror en la sociedad. Una era la Mara Salvatrucha, la otra Barrio 18. El plan era sencillo y se sigue aplicando: deportar a sus países de origen a todos los pandilleros que hubieran estado presos.
En la eterna rueda de la fortuna que es la emigración con destino a la Unión Americana, la mayoría de los expulsados busca retornar a Los Ángeles y centro similares; los que no lo logran se quedan en México (ahora a las órdenes de Donald Trump, jefe del tabasqueño López Obrador y de Marcelo Ebrard), sobre todo en Chiapas.
El Salvador desde el mes de junio de 2019 tiene nuevo presidente, Nayib Armando Bukele Ortez (21 de julio de 1981, 38 años de edad), cuyo plan de seguridad para enfrentar el mayor problema que tiene su país, el de las pandillas de las Maras, no se puede leer como cualquier otro documento, sino como un problema de carácter social. Esto es parte de la verdad, pero el problema es mucho más profundo. No será fácil resolverlo, ni Bukele ni sus sucesores. Ni los “ofrecidos” como “ya saben quién”.
Así las cosas, el pasado domingo 9 de febrero, se desarrolló el capítulo más reciente del conflicto. En las primeras horas dominicales subió la tensión entre el gobierno de Bukele y el Congreso salvadoreño por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la lucha contra las pandillas. Bukele entró en la Asamblea Legislativa acompañado por solados con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional con el propósito que los diputados votaran la autorización del crédito que debía haber sido aprobado un día antes, el sábado 8. Lo que no sucedió porque los legisladores de oposición no acudieron en claro boicot contra la petición del mandatario.
El Ejecutivo convocó la sesión dominical de manera excepcional bajo lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución de El Salvador. El gobierno necesita urgentemente esos fondos para financiar la fase III del llamado Control Territorial, cuyo objetivo es combatir las bandas criminales. El decreto para aprobar el préstamo fue introducidos por Bukele en el mes de noviembre del año pasado. De tal suerte, junto con los militares y los agentes policiacos, llegaron miles de personas –50 mil según fuentes oficiales, cinco mil de acuerdo a la oposición–, que coreaban “¡Insurrección, insurrección, insurrección!”.
Sentado en la curul del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, Bukele oró para incitar la sesión, pero no fue posible porque no hubo quórum al presentarse tan solo 20 diputados de los 84 que componen el Congreso. “Si estos sinverguenzas (los diputados) no aprueban esta semana la fase III del Plan de Control Territorial nos volvemos a convocar aquí el próximo domingo”, dijo el presidente a sus seguidores. Bukele es del partido GANA, pero la Asamblea está controlada por el conservador Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los cuales dominaron la política de El Salvador durante los últimos veinte años hasta la llegada de Bukele Ortez a mediados de 2019.
La oficina de la presidencia salvadoreña envió a los medios de comunicación un comunicado por la noche del domingo 9 de febrero, en el que enfatizó que “El presidente Nayib Armando Bukele Ortez Indicó que la negativa de la aprobación del préstamo representa un obstáculo para la consecución de los objetivos que buscan mejorar la seguridad de los salvadoreños, por lo que exigió al órgano legislativo enfocarse en las necesidades del pueblo y desarticular cualquier intento de insurrección que atente contra El Salvador”.
La fallida sesión parlamentaria “escoltada” por militares y policías originó muchas críticas internacionales, incluso de parlamentarios estadounidenses. Además, Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, acusó a Bukele de fomentar la insurrección y exigió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para “frenar” lo que han considerado un “autogolpe de Estado”.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), condenó el “ostentoso” despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa, y declaró que esto “nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país”. Asimismo, Ronald Douglas Johnson, embajador de EUA en El Salvador, llamó al ejecutivo y al legislativo a dialogar para buscar “consensos” y pidió “mantener la calma”.
El incidente repercutió en el Viejo Continente, la Unión Europea (UE) publicó un comunicado en el que destacó “la gran preocupación que ha causado el enfrentamiento entre las instituciones” en el país centroamericano. Y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social pidió el “retiro de las fuerzas armadas” del recinto legislativo, entre otras medidas, para desactivar la crisis, mientras que la ONG, Human Right Watch, criticó duramente a Bukele por entrar con el ejército al recinto parlamentario.
Según datos de 2017 de la ONU, El Salvador es uno de los países más peligrosos del planeta con un total de 61,8 asesinatos por cada 100,000 habitantes. La violencia que ejercen las pandillas, o Maras, es uno de los principales factores detrás de esta violencia que origina que alrededor de 500 mil centroamericanos emigren cada año a EUA, de acuerdo con estimaciones de Médicos sin Fronteras.
La lucha contra las pandillas ha sido uno de los objetivos prioritarios del presidente Bukele. El número de homicidios ha descendido un 58,8 por ciento entre enero de 2019 y 2020 como resultado de las políticas implementadas por el mandatario, que aprovechó la ausencia de los diputados para anunciar que los volvería a convocar para el domingo 16 y si aún así no aprobaran el préstamo, el pueblo “debería poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”.
El referido artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”, para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
El lunes 10, Bukele fue entrevistado por el periódico español El País, y a una de sus preguntas contestó lo siguiente: “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, el 90 por ciento del pueblo nos apoya. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía. El pueblo se enojó cuando pedí calma en el Congreso, pero si hubieras querido hubiera tomado el control de todo el gobierno esta noche. Si alguien prefiere enfocarse en una fotografía, está en su derecho, pero hay que ver todo lo que está pasando. El pueblo se dio cuenta que los diputados retiraron el apoyo a los soldados y a los policías que están en las calles y a quienes están matando. Porque El Salvador es un pueblo violento no hay una sola familia en el país a la que no le hayan matado un familiar… En El Salvador se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma. Aunque me griten y pierda apoyo entre mis propios seguidores, pero pienso que es mejor que el país esté en calma… porque en este año morirían 2,000 salvadoreños que no deberían hacerlo. Y tenemos las herramientas para reducir esas cifras un 50 por ciento… El mundo es muy hipócrita. Les encanta la formas y las fotos y dice que hay que dialogar… Para verme bien yo ahora podría organizar una mesa de diálogo con la Iglesia, empresarios, grupos gremiales, diputados y te juro que dentro de seis meses no hemos llegado a nada y la gente sigue muriéndose en las calles. Son las familias salvadoreñas las que entierran a sus muertos y no la comunidad internacional. Yo no voy a tener otro cargo, ni me presento a una reelección, así que mi único deseo es dejar un legado y bajar al mínimo la criminalidad en El Salvador… Yo siempre hago lo que creo que es correcto y esto me ha funcionado, pero otras veces me ha perjudicado. Probablemente esto me golpee pero es lo que beneficia a El Salvador”.
¡Ojalá no sean meras palabra!, como acostumbran otros presidentes latinoamericanos de cuyos nombres no quiero acordarme. VALE.