“De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados”.
Este fragmento del Popol Vuh, es utilizado –entre otros extractos– para sustentar una iniciativa de ley impulsada desde el Senado a finales de abril de 2019 por las senadoras de MORENA, Ana Lilia Rivera y Jesusa Rodríguez. Se trata de la denominada Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo, la cual –cuando sea publicada esta columna– ya debió haber sido votada en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Para la elaboración de tal iniciativa no fue requerida la participación de todos los involucrados en la producción de maíz, toda vez que fue confeccionada por un despacho de cabildeo y no por técnicos ni especialistas. El documento sentencia que la prioridad para el Estado será el cultivo de especies nativas. Con toda la carga de una ideológica bucólica, la mencionada Ley relega la producción tecnificada de maíz, precisamente la que produce para el consumo nacional y es fuente de empleo.
Esta nueva legislación ubica al maíz como un elemento simbólico y al sistema de milpa como el eje de su “estrategia”, sin sustento técnico.
La iniciativa fue impulsada a través de las redes sociales a fin de presionar la discusión y aprobación de la Ley en San Lázaro. Paralelamente y en el mismo sentido operaron organizaciones como “Semillas de Vida” y “Sin Maíz no Hay País”, encabezada por activistas como Adelita San Vicente –muy cercana al subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez Carrera–, quien precisamente acuñó tal slogan.
La campaña de presiones se había desatado un par de meses antes, cuando legisladores afines a MORENA se pronunciaban un día sí y otro también para lograr la discusión de la iniciativa, mientras que algunos de sus operadores políticos como Max Correa –diputado mexiquense y dirigente al mismo tiempo de la Central Campesina Cardenista (CCC)– recorría el país para encabezar Foros que tenían como objetivo llamar la atención de los Congresos locales y para que ellos legislaran en la materia, a fin de desarmar el supuesto congelamiento de la Ley en el Congreso federal. Acusaban a su vez, presiones de las empresas semilleras y de grandes productores de maíz. De esta manera el círculo de presiones se fue cerrando.
En el cierre de pinza, también esta semana, el titular de SADER, Víctor Villalobos Arámbula, presentó en otro evento, la estrategia “MAÍZ PARA MÉXICO” basada en una alianza pública-privada con impacto social, que pretende articular la oferta y demanda del maíz, a través de prácticas agrícolas sustentables, el fortalecimiento de la cadena de valor y efectivamente, la preservación del sistema milpa, como un medio de sobrevivencia, dijo, de los mexicanos más pobres. Por primera vez, Villalobos Arámbula, un otrora defensor de los transgénicos, considera a la milpa como un patrimonio cultural intangible…¿Giro discursivo o presión política? ¿Por qué tantas presiones para proteger al maíz nativo? Incluso con recursos artísticos como performances en alusión al origen ancestral del maíz y al mismo tiempo que lo colocan como un asunto de “seguridad nacional”.
Entre otros puntos, esta Ley contempla la creación de un órgano consultivo, CONAM, Consejo Nacional del Maíz, que será encabezado por el Presidente de la República y como secretario técnico, quien en la práctica será el ejecutor, estará el propio subsecretario impulsor de la misma Ley, junto con organizaciones campesinas y sociales. ¿Golpe bajo para el doctor Villalobos? Eso parece.
El detalle sigue en la Ley: ¿Con qué presupuesto funcionará? ¿Alcanzará el presupuesto para los bancos de semillas que pretenden crear? ¿Será suficiente el personal de SENASICA, SNICS y CONABIO para supervisar la sanidad, calidad y variedad genética de las semillas? ¿Quién manejará ese presupuesto y cuáles serán los criterios de elegibilidad para los beneficiarios? Por lo pronto, Hacienda ya manifestó su rechazo a otorgar presupuesto. La decisión está en la cargada a la hora de votarla en el pleno.
Mientras tanto, es recomendable recordar que en enero pasado, en Tlaxcala, líderes del Congreso Agrario Permanente (CAP) y de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), señalaron que SEGALMEX no acepta maíz nativo y sólo recibe maíz híbrido.
En este contexto, no pueden soslayarse los resultados del programa piloto de Fertilizantes y Semillas implementado en Guerrero y que tuvo episodios por demás vergonzosos en la operación de programas sociales. El mismo gobernador de Guerrero advirtió de la caída en la producción de maíz debido a la ínfima calidad de la semilla y entrega a destiempo de los fertilizantes. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ni federal ha dado a conocer los resultados del programa que costó más de mil millones de pesos a la Hacienda nacional.
Entonces, ¿quiénes serán los beneficiados de esta nueva estrategia del gobierno federal con alto impacto social? Los industriales y semilleras transnacionales, definitivamente no. La Ley contiene restricciones muy específicas para ellos: en el título Tercero – del Fomento al Maíz Nativo– artículo 12, se menciona que este programa tiene entre sus objetivos erradicar las prácticas de las empresas productoras y comercializadoras de semillas que atenten contra el objeto de esta Ley, y Proteger y fomentar el maíz libre de OGMs, que los fabrican transnacionales como Bayer, Syngenta, Cargill, DuPont, etc. Un obús de control muy dirigido.
Por lo pronto, el secretario de Agricultura ya declaró que, para el final del sexenio, se espera que la producción nacional de maíz alcance los 32.5 millones de toneladas de maíz a fin de lograr el 77 por ciento de la autosuficiencia de maíz en México. De ser así, significaría otro compromiso incumplido de AMLO en pro de la autosuficiencia alimentaria.