No por obvio debe dejarse pasar la ofensiva del gobierno de los EE. UU. contra organizaciones criminales mexicanas que operan con libertad en los EE. UU. La movilización de la VI flota militar por el lado del Atlántico y de la Guardia Costera por el Pacífico quieren colocar una pinza sobre la zona que va del sur de México donde pasan migrantes y droga hasta Colombia y Venezuela como entrada a Sudamérica.
Venezuela sigue siendo un objetivo estratégico de Washington, pero el acoso contra el gobierno de Nicolás Maduro tiene que ver también con drogas, lavado de dinero y alianza con la Rusia de Putin. En Colombia se dará otra ola de endurecimiento contra cárteles.
El narco, Venezuela, Colombia, de nueva cuenta Cuba, el cerco a Nicaragua ante la debilidad de Daniel Ortega y la puerta sur mexicana del Suchiate como seguridad nacional forman un escenario de seguridad estratégica para el gobierno de Trump.
Para México significa un nuevo arrimón estadunidense, porque previo a la movilización naval hubo amenazas, filtraciones y expedientes del Cártel Jalisco Nueva Generación como objetivo de la Casa Blanca. Y esta movilización se dio en el escenario del saludo del presidente López Obrador a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en la zona territorial de Sinaloa controlada por el Cártel del Pacífico.
Otro dato importante es el que señala la presencia de agentes del FBI –y algunas agencias de inteligencia y seguridad nacional bajo la cobertura de esta oficina de investigación criminal– en la zona de Chihuahua, Sonora y Sinaloa ahora en disputa entre cárteles menores al Jalisco y Sinaloa, pero tratando de tomar el control de una lonja importante que abarcaría cuando menos la mitad izquierda de la república con frontera con los EE. UU.
La agenda de drogas de la Casa Blanca nada tiene que ver con el tráfico, sino que se centra en cuando menos cuatro objetivos: tomar el control de los cárteles que trafican de México hacia los EE. UU., desmantelar los mandos de esos cárteles en territorio estadunidense, controlar el trasiego de productos de las metanfetaminas y asumir de los fondos de lavado de dólares del crimen organizado en bancos estadunidenses.
El otro punto adicional está causando preocupación en la estrategia mexicana de seguridad: obligar al gobierno mexicano a regresar al combate, persecución y baja de los principales capos de los cárteles. Ahí se coloca el interés de seguridad antinarcóticos de los EE. UU. por el encuentro del presidente de México con la mama del capo que fue juzgado y sentenciado a prisión perpetua.
En este sentido, la Casa Blanca está redefiniendo su estrategia de lucha contra los cárteles, sus operativos para reasumir el control de las drogas y tomar bajo su control los representantes de cárteles mexicanos que operan en la venta e drogas al menudeo en miles de condados estadunidenses.
Y de paso, pasar a la segunda fase de la relación fronteriza EE. UU.-México: las bandas transnacionales del crimen organizado que operan en las dos naciones. Trump asume la victoria de su acoso contra migrantes con su estrategia de cierre de fronteras y retorno de demandantes centroamericanos de visa a México. Ahora azuza a los votantes con el fantasma –real, por cierto– no de la droga que entra para satisfacer a los consumidores locales, sino el ingreso a los EE. UU. de las estructuras criminales.
Ley de la Omertá
Dos efectos colaterales, pero no menos centrales, ha dado como chicotazos la pandemia del coronavirus: su impacto en la configuración, funcionamiento y relativa estabilidad del capitalismo internacional y el trastrocamiento de las relaciones de seguridad nacional por el fortalecimiento/debilitamiento de las grandes potencias y de las naciones satélites.
En México hay un retraso significativo y preocupante sobre los nuevos focos de debate. Por ello llama la atención el interés de dos centros de opinión sudamericano sobre esos tópicos: la revista Nueva Sociedad (http://nuso.org) de argentina y el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú (http://ceeep.mil.pe). En ambos se ha comenzado a revisar el efecto del COVID-19 en los renglones del sistema de producción capitalista y en la seguridad nacional de los estados afectados y los de las grandes potencias.
Sobre seguridad nacional destaca la opinión del general peruano retirado Walter Astudillo Chávez de que la respuesta a la pandemia ya no es militare, sino que debe ser “integral, interagencial y multisectorial y contar con la imprescindible cooperación y conciencia ciudadana del rol que le corresponde cumplir”.
Sobre el efecto en los sistemas económicos, Ariadna Dacil Landa plantea, de entrada, el dilema de los Estados: avivar el Estado de bienestar o profundizar medidas autoritarias de control social, con escenarios polarizantes o mixtos.
Zona Zero
- A pesar de que el confinamiento obligado por el coronavirus estaría en condiciones de disminuir el rubro de la inseguridad al menudeo en lugares públicos, la guerra entre cárteles sigue ensangrentando las páginas de los periódicos y las expectativas. La matanza de 16 personas en una zona cerca de Ciudad Madera, en Chihuahua, aportó datos del copamiento de zonas territoriales del Estado por parte de grupos delictivos y una guerra violenta en escalada.
- Por lo pronto, las cifras oficiales registradas por la presidencia de la república en materia de homicidios dolosos diarios arrojan el dato de un piso de 76.6 homicidios diarios el 20 de enero y de 85.8 al comenzar abril. Por la masacre en Chihuahua la cifra de homicidios subió a 104 el sábado 4 de abril, segunda cifra más alta desde diciembre de 2019. Otra guerra en curso es la del Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Cártel de El Chapo por los territorios del norte de la república, con saldos sangrientos. Y en el centro del país, el Cártel de Santa Rosa de Lima está escalando acciones de violencia para evitar el arresto de su líder José Antonio Yépez Ortiz.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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