Las alertas emitidas por países europeos y organismos multilaterales respecto a la alimentación, de cara a las afectaciones por el COVID-19, iniciaron hace un par de semanas, con el llamado urgente de mano de obra en los campos europeos para recoger las cosechas a pronósticos de incremento agudo de la inseguridad alimentaria para millones de personas, principalmente de África, Asia, América Latina y el Caribe.
En el más reciente informe de la Red Global sobre Crisis Alimentarias -surgido del análisis y consenso del UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU; la FAO, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre otros-, se determinó que los 135 millones de personas que en 2019 se vieron en situaciones de inseguridad alimentaria por conflictos armados, sequías y otros factores, podrían incrementarse a más de 265 millones en 2020 por los efectos de la pandemia por COVID-19.
Por su parte, Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), más enfático, alertó sobre el peligro de una severa escasez de alimentos en América Latina por el impacto del COVID-19 en las cadenas de producción agropecuaria. Enfatizó en los contrastes regionales, pero sobre todo, en el hecho de que los gobiernos no están preparados para la pandemia y que sólo ante una crisis reparan en importancia de la seguridad alimentaria, “pero en cuanto pasa, nos olvidamos de la promoción del comercio intrarregional”. Todo es discurso.
En México -con la Fase 3 por el COVID-19 ya declarada- las crisis apenas parece empezar. Si bien tanto la SADER como los empresarios agrupados en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) han manifestado públicamente que garantizarán la producción y abasto de alimentos, los mecanismos para la disponibilidad y el acceso de la población a los alimentos básicos son más que opacos por no decir que inexistentes.
De acuerdo con el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, “el Estado debe establecer las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional. Hasta hoy sólo hemos escuchado anuncios para salir al paso como la entrega de despensas, que no es que sea malo, pero sí refuerza la percepción de que la cuatroté carece de estrategias para la formulación y aplicación de políticas públicas y que parecen muy lejanos de entender que se trata de un tema de seguridad nacional.
Reactivo, el Dr. Víctor Villalobos, titular de SADER, anunció el reparto de despensas y cupones de alimentos en la Fase 3 de la contingencia a través de SEGALMEX. Sin embargo, fiel a su estilo de administración, dejó más dudas que claridad, toda vez que no despejó cuáles serán los mecanismos para el reparto, distribución y entrega, ni de dónde saldrá el presupuesto para tales acciones. ¿Cuáles productos integrarán la despensa? ¿Cuáles serán los criterios para asignar las despensas? ¿Tiene la capacidad el Estado mexicano para distribuir alimentos a los mexicanos? ¿Cuál será la temporalidad para la entrega? El funcionario, que parece ir bordando al aire, se ha limitado a reconocer que aún están por verse los detalles.
Entre los especialistas y productores se agudiza la preocupación por saber si la administración de la cuatroté está preparada para garantizar las cadenas de suministro nacionales y de los productos de importación, mantener el flujo económico a lo largo de las cadenas productivas y establecer medidas para evitar la especulación de precios y el acaparamiento injustificado de alimentos -ya hemos constatado incrementos en el precio de la tortilla, el huevo y el azúcar. Es vital que las autoridades den certidumbre respecto de si México hilará propuestas trascendentes y transversales para su futuro y no sólo paliativos momentáneos. México debe contar con una reserva nacional de granos básicos y alimentos.
Hasta el momento no se conoce un reporte actualizado de la infraestructura y capacidad de almacenamiento alimentario. En 2016, la entonces SAGARPA, reconoció, a través de ASERCA, que como país, no contamos con una política integral de almacenamiento, de ahí la disparidad en infraestructura y sistemas de almacenamiento, sobre todo entre el norte y el sur del país, y en consecuencia los retos para la comercialización, transportación y distribución.
La crisis que hoy enfrenta el mundo obliga a contar de manera garantizada y pronta el acceso a alimentos, pero también a emprender políticas de gran calado donde el Estado Mexicano (Ejecutivo, Legislativo y actores del sector) pongan en la mesa una verdadera y eficaz estrategia de reserva de alimentos que garantice el derecho humano y constitucional de los mexicanos a una alimentación suficiente y de calidad. En unas semanas podremos ver qué tanto urge y si se aprovecha la oportunidad de fomentar la soberanía alimentaria que los mexicanos necesitamos. El reto es grande y trascendental ¿Estará lista la cuatroté para asumir el reto? Al tiempo.
@int_rural