Esta semana, el 21 de mayo se cumplieron 100 años, del artero y cobarde asesinato de Venustiano Carranza, quien siendo presidente Constitucional, fue víctima de una felonía por parte de un grupo de militares ávidos de poder. El motivo consistía en que Carranza visualizó que era necesario un gobierno civilista en contra del militarismo.
Es cierto, que Don Venustiano Carranza, en el panteón de los héroes nacionales, carece del carisma del que gozan Villa y Zapata, pero era sin duda el más y mejor preparado de los revolucionarios. Pocos saben que con anticipación al Constituyente de 1917, formó grupos de estudios con quienes serían después destacados constituyentes y artífices de los artículos: 3º, 27 y 123, esto es, la parte luminosa de nuestra Carta Magna que instituye los derechos sociales.
Tras ese golpe de Estado, el País vivió 25 años de gobierno encabezado por militares hasta 1946 que gobernó un civil. Tampoco puede olvidarse que casi todo el Siglo XIX vivimos bajo dictaduras militares con excepciones temporales. Esto importa y mucho por las situaciones que estamos viviendo y padeciendo.
Hoy, paradójicamente una centuria después, se recorre el camino a la inversa, un gobierno civil, que busca entregar el poder a los militares. Quien detenta el poder desde el inicio de su mandato busco arroparse con los integrantes de las fuerza armadas. Para evitar mayores cuestionamientos a su errática decisión de cancelar la construcción de un aeropuerto, y anunció que éste sería construido por el Ejército.
En el caso de la Seguridad Pública que constituye la mayor demanda social debido a la espiral de violencia y a la sangre que se vertido en magnitudes enormes en todo el terrario nacional desde el 2005 lo que ocasionó la intervención de todas las fuerzas armadas en grandes despliegues de tropas, la respuesta fue contraria a lo pregonado en sus tres campañas presidenciales, de regresar las tropas a los cuarteles. La salida crear una Guardia Nacional integrada por miembros del Ejército y la Marina y dirigida por un General, que solicitó su retiro pocos días antes de asumir su encargo. En los hechos es una institución militar pretendidamente disfrazada de civil.
En otras decisiones para solventar problemas, invariablemente se recurre a las fuerzas armadas, si hay que recoger sargazo, que vayan los marinos, ahora con la crisis sanitaria del Covid 19, que los soldados instalen y atiendan hospitales y clínicas, que la violencia se desbordó y la Guardia Nacional está rebasada, que las fuerzas armadas se hagan cargo. Y así, el poder que se les ha ido transfiriendo va creciendo.
Estos renglones, no son una arenga en contra del Ejército, mantengo con muchos de sus integrantes un diálogo respetuoso y cordial desde hace poco más de 20 años, y tengo lustros repitiendo que nuestras fuerzas armadas son un valor de la República que debemos de cuidar y proteger.
Cuando las fuerzas armadas fueron utilizadas para mal llamada “guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico” alertamos que además de que crecerían las violaciones de Derechos Humanos, se les expondría a ser permeados por la corrupción. Las dos cosas sucedieron y no fue una conducta institucional, pero se concretaron situaciones que el propio cuerpo resolvió y castigó y en otros casos, se entregaron los responsables a los tribunales civiles.
El País, no está en condiciones de repetir errores, de revivir experiencias fallidas y menos de presenciar y padecer experiencias de militarización de la vida pública. En México, no se puede gobernar montado sobre bayonetas. Las Instituciones civiles deben ejercer sus facultades y responsabilizarse de sus tareas. El ejército, quienes lo conocemos sabemos de su lealtad institucional. La lealtad de las fuerzas armadas no es con un hombre. La Lealtad del Ejército y la Marina son con México.