Entrevista a Ricardo Alvarado, Mexicanos contra la corrupción

Considerada por algunos como una de las funcionarias estrella del gobierno obradorista, la titular de la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, ha sido muy cuestionada en los últimos días no solo por no utilizar cubrebocas al ir a un supermercado —pese al llamado de las autoridades de la ciudad de México para cubrirse y evitar el contagio— sino también luego de que se denunciara que varios de sus familiares forman parte de la Administración Pública Federal —su hermana Bertha, es secretaria ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros seis familiares más ocupan puestos de primer nivel en el gobierno—.

Al ser cuestionada, la funcionaria negó que sus familiares llegaran a esos puestos por influyentismo o recomendación. Apuntó que cada uno de sus familiares “ejerce su trabajo como producto de sus propias capacidades y trayectoria, y no existe impedimento legal para hacerlo”. El presidente López Obrador, negó a su vez que en su gobierno haya nepotismo y defendió la probidad de ambas funcionarias.

Y es que pese a que un día y otro también el mandatario asegura que su gobierno es diferente, en la realidad su administración continúa con la práctica de dar cargos públicos a familiares, ahí están los casos de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y de su hermano Amílcar Sandoval, quien es delegado de programas sociales en Guerrero y aunque depende de la secretaría de Bienestar, fue designado por el jefe del ejecutivo o también el caso de Manuel Bartlett, cuyo sobrino político Rodrigo Abdalá, es delegado en Puebla

 

Por designación o por méritos propios

Para el analista de Mexicanos contra la corrupción, politólogo por la UNAM, Ricardo Alvarado el nepotismo requiere de una muy refinada regulación, donde se defina el peso del nepotismo en términos legales.

“No falta a la verdad la secretaria del Trabajo cuando dice que no es ilegal, porque entonces la secretaría de la Función Pública va a investigar el hecho y nos va a decir lo mismo que señaló con la pareja sentimental de Manuel Bartlett, Julia Abdalá, señalando que lo que sucedió es perfectamente legal, pero eso no nos alcanza como explicación”.

Lo que tenemos que discutir, señala, “es si la hermana de la secretaria del Trabajo llegó al puesto que tiene por méritos propios o porque es la hermana de María Luisa Alcalde y porque también es la hija de Bertha Luján, importante dirigente del partido del presidente de la república”.

Destaca que “lo que llama la atención es la decisión de colocar a Bertha viene después de nombrar a Luisa María, es decir, cuando nombraste a Bertha como encargada de despacho de la secretaría ejecutiva, sabías que su hermana ya era secretaria de estado, singular a cuando nombraste a Irma Eréndira Sandoval, como secretaria de la Función Pública ya sabías que su hermano está también como delegado en Guerrero. ¿Se dan órdenes entre ellos?, no, por eso no es nepotismo y por eso no es ilegal”.

Lo que se debería discutir, advierte Alvarado,  es si debería estar prohibido o no. Rememora:

“Por ejemplo, lo volteo, hace un par de años, una agenda que tenemos en Mexicanos contra la corrupción que incluso se volvió tema nacional fue el nepotismo en el poder judicial y un estudio, a partir de los hallazgos del ministro Felipe Borrego que luego consiguió el doctor Julio Ríos y que publicó con nosotros, es que encuentra que la mitad de los magistrados que dependen del Poder Judicial de la Federación, tienen al menos a otro familiar metido en el Poder Judicial”.

Prosigue: “Ahora, ¿dependía de ellos? No, solo tenían a otro familiar ahí metido pero era la mitad del personal, era gigantesco. Ahí ya no hablamos de una alegre coincidencia sino de algo que suena sistemático y dado que suena así, fue necesario ofrecer una salida de política pública para contrarrestarlo. Esto se detectó al tener mejores exámenes a la entrada para ganarse el cargo de magistrado y es lo que propuso el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con la idea de que no estaban haciendo nada ilegal, pero no sonaba bien”.

Hay que preguntarse, asevera, “¿está bien que la secretaria del Trabajo sea hermana de Bertha, lo que empuja el argumento del presidente López Obrador de que ambas personas eran probas, de una gran calidad humana, preocupadas por la gente y con una gran experiencia en cada uno de sus ámbitos?”

Y sigue argumentando “entonces Bertha podría ser secretaria de Seguridad Pública, quitamos a Alfonso Durazo y ponemos a Bertha, entonces la pregunta es ¿está bien que dos hermanas sean secretarias de Estado? Digo no, no hay una limitación legal, pero no está bien.

“Al imaginarnos estos casos extremos, se ve la necesidad de regular esta situación. También lo que diría es que necesitamos pensar en requisitos donde no importa que sean hermanos pero que estemos bien seguros de las credenciales de cada quien”.

Apunta que si no se es cuidadoso en aterrizar esta ley, se pueden restringir derechos “o quitarnos de personas muy capaces, dirigiendo cada una de estas carteras. Dejamos claro que esto no es ilegal, el tema es qué hacemos y justo sirve pensar que hace uno ante un conflicto de intereses”.

El maestro en políticas públicas por el CIDE destaca que la mejor manera de dejar en claro los conflictos de interés es explicitarlos desde antes, y para eso se tiene la famosa 3 de 3; una de esas 3 es una declaración de conflicto de intereses.

“Lo que veo es una reacción humana, muy natural cuando el periodista le pregunta a la secretaria Luisa María Alcalde, usted tiene familiares en la Administración Pública y ella dice no tengo a nadie en la secretaría de Gobernación o en Hacienda y cuando el periodista le da la lista pues entonces dice estas dos personas si son mis primas, pero están por méritos propios, cuando la información debería ser muy pública”.

Asevera que así como hay familias de abogados, jueces, también hay familias de servidores públicos. “Yo estoy en Ciencias Políticas y muchos de mis colegas son personas que trabajan en las distintas administraciones públicas y sus familias también lo hacen y eso está bien. No hay conflicto de interés, siempre y cuando lo tengamos todos claro, esa creo que es la clave de este problema, si todos sabemos no hay problema”.

 

No es ilegal ¿pero es moral?

Reflexiona: “Me cuesta trabajo esa etiqueta de inmoral, porque cuál es esa etiqueta de moral o inmoral. Pero moral sí porque es poco transparente, entiendo el choque. Hay un agresivo discurso contra las prácticas de antes y este esfuerzo por distinguirse de los que estaban antes y de repente la hermana de la secretaria del trabajo, es la encargada de despacho de una importante oficina del gobierno federal. ¿No que eran diferentes?”

Manifiesta que el problema es que no está claramente definido, “no hay que apostarle a la moralidad de las personas porque somos falibles, tenemos la posibilidad de fallar y no es cierto que seamos objetivos siempre, cuando se involucra el sentimiento, todos los estudios señalan que nos gana más el corazón que la mente”

Lo fundamental, añade, “es pugnar por una regulación que apueste más a la transparencia que al castigo, como una medida preventiva y ser muy cuidadosos porque si mañana, por alguna razón, la secretaría del Trabajo tiene que hablarle al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de  Seguridad  Pública, ya sabemos que hay que andar con mucho cuidado sobre las decisiones que de ahí salgan, porque es entre dos personas que son familiares”.

Lo primordial, reitera es contar con una regulación muy fina, “porque igual y podemos imaginar una ley en la que en esta decisión en concreto, las dos se tienen que excusar, no pueden tomar esta decisión porque hay conflicto de intereses, pero esa refinada regulación no la tenemos porque nuestros conceptos, no quiero llamarle de la cultura de la corrupción, lo que entendemos que está mal, que es inmoral, sí se mueve en el tiempo y es cada vez más fino y eso puede demandar cada vez más regulaciones más finas, que más que investigar y meter a la cárcel, eso no sirve para nada”.

Finaliza al señalar que “cuando le preguntas a un corrupto siempre te dirán que lo que hicieron fue perfectamente legal y la mayoría de las veces tienen razón. Se requiere una mejor regulación sobre el nepotismo y para eso no nos sirven los discursos grandilocuentes llenos de moralidad, sino con regulaciones específicas. Hay que entrarle a regular con seriedad”.