El tableteo de las metralletas Barret en Paseo de la Reforma el pasado viernes 26 de junio rompió no sólo el amanecer capitalino, sino que quebró el escenario simbólico de la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno del presidente López Obrador basado en la no-confrontación con los cárteles del crimen organizado.
El mensaje criminal fue inmediato: calles conocidas, jefe policiaco barrido a balazos, desinterés por los arrestos de responsables y de manera presunta la responsabilidad acreditada al Cártel Jalisco Nueva Generación que ya tiene tiempo de estar operando sin mucha violencia en la capital de la república.
Pero lo más grave del asunto no fue el ataque en sí, sino el silencio institucional como respuesta: ningún alto funcionario razonó el incidente, nadie presentó pruebas de que el CJNG hubiera sido, nadie explicó si se trataba de atentado o de intento de asesinato, todos se fueron con la finta de que el autor intelectual había sido un narco de tercer nivel, nadie dio datos sobre movimientos de El Mencho y sus lugartenientes, nadie explicó qué ganaba y qué perdía el cártel y nadie reveló el escenario de la reunión de López Obrador con Trump después de que Trump aprobó un operativo para cazar a El Mencho.
El atentado contra el jefe policiaco de CDMX se dio, también, en un cuádruple contexto:
De un lado, el arresto de efectivos del Cártel de Santa Rosa de Lima, la captura de los padres y primos de El Marro, la amenaza de El Marro de incendiar Guanajuato, la liberación de los padres de El Marro, la agresión contra los abogados de El Marro en un retén, la amenaza de El Marro contra los policías y el asesinato de tres de ellos. Y en el mismo caso, la queja del gobernador de Guanajuato por el desorden federal en el estado.
De otro lado, la aceptación mexicana de que sí existe orden de extradición contra Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, quien en octubre ordenó una balacera en Culiacán para lograr que sus captores lo liberaran y sobre todo la amenaza de estallar camiones bomba en una zona militar habitada por esposas e hijos de militares en activo. El gobierno mexicano ya anunció que sí ejercerá la orden de extradición, lo cual ha sobrecalentado las plazas que controla el Cñartel de Sinaloa de El Chapo Guzmán.
En tercer lugar y como parte del contexto no debe dejarse de lado el decreto presidencial del 11 de mayo para autorizar la participación de nueva cuenta de las fuerzas armadas en labores de seguridad, basado en el contenido del Cuarto Transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. El decreto no aportó datos de contexto sobre el avance del activismo de cárteles y bandas criminales, pero debió de reconocer la violencia en las cifras mensuales del 20 de marzo. Y a ese decreto se agregó la impugnación de inconstitucionalidad que se operó en la Cámara de Diputados, sin que la bancada de Morena tuviera idea de lo que se estaba cocinando. En el fondo, ese decreto se dio como reconocimiento al aumento de la inseguridad.
Y cuarto, por si fuera poco, en días anteriores volvió a debatirse la baja calidad de las policías municipales y estatales y sobre todo el incumplimiento de gobernadores de su responsabilidad contenida en el Séptimo Transitorio de al reforma de la Guardia, que obliga a gobernadores y alcaldes a presentar un estado formal de cuentas del estado de su fuerza de seguridad y sus planes de profesionalización. Una encuesta de Causa Común mostró que las policías locales siguen igual de descuidadas, lo que quiere decir que están peor. Y que son víctimas de la cooptación o la violencia por parte de fuerzas criminales, sin que nadie mueva un dedo para protegerlos.
Juntando todas las piezas del rompecabezas se percibe una crisis de la estrategia de seguridad pública que no obliga a un replanteamiento, pero sí a un ajuste de objetivos y a un nuevo dinamismo.
Ley de la Omertá
Sin necesidad de coincidir con todos sus planteamientos, el libro Vacíos de poder en México (edición Proceso-Grijalbo), del experto Edgardo Buscaglia y prólogo de Carmen Aristegui, pone el dedo en el renglón sensible de la autoridad: los vacíos de poder —y el crimen es uno de los poderes más importante— no existen, porque son ocupados por otras fuerzas en pugna.
Si revisamos la historia de México, el Estado en el periodo 1920-1984 mantuvo el control del crimen por tres vías: la represión, el control y la cooptación. El cambio de élites dirigentes en 1979 —de los políticos a los tecnócratas— y la nueva definición neoliberal del Estado dejaron sueltos a los grupos criminales. Y hasta ahora nadie ha tratado de recuperarlos.
El libro de Buscaglia toca este punto sensible: el Estado abandonó su papel regulador de la inseguridad y los espacios fueron ocupados por grupos sin élites controladoras. Y el desafío que deja el autor es el mayor que encara el Estado: cómo retomar el control del crimen organizado sin corromper al Estado.
Zona Zero
- En una de sus últimas intervenciones en la mañanera, el secretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, demando la despolitización de la inseguridad, una especie de pacto político para no contaminar la estrategia. Pero no encontró sensibilidades. A los políticos les interesa politizar el tema para sacar raja propia.
- El dato pasó desapercibo. La mamá de El Marro, el jefe del Cñartel de Santa Rosa de Lima, fue liberada por haber sufrido torturas. Se suponía que las nuevas leyes las habían excluido, pero resulta que siguen siendo usadas por policías locales. El caso amerita una investigación y castigo, porque las torturas dieron al traste cono uno de los casos más importantes en Guanajuato. Falta que se digan quiénes la usaron, cómo, qué tipo, qué leyes violaron y que castigo recibirán los torturadores.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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@carlosramirezh