Las revelaciones de The New York Times
…los militares nada tienen que hacer, por sí y ante sí, si no son requeridos, mandados o autorizados por las potestades civiles. Ponciano Arriaga
La revelación de The New York Times acerca de la solicitud del Ejecutivo mexicano a su contraparte estadunidense para fortalecer la lucha en contra del crimen organizado, a fin de incrementar el número de agentes de la CIA, DEA y del propio Pentágono, actuantes en nuestro país, tiene el inconfundible tufo a Antonio López de Santa Anna, al demostrar los niveles de degradación a los que Felipe Calderón ha llevado la independencia del país.
La irrefutable cesión de soberanía que constituye el establecimiento del Centro de Fusión en Nuevo León —aceptado por el vocero Alejandro Poiré— se eclipsó ante la catástrofe económica mundial y ante los efectos de la ira del poeta Javier Sicilia y sus amagos rupturistas, aminorados por una inusual condescendencia legislativa, que en voz de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Josefina Vázquez Mota, comprometió el proceso legislativo al trabajo en conferencia con el Senado y a una inédita revisión del dictamen por parte de los integrantes del movimiento por la paz.
Harto sospechosa nos parecen las actitudes de los diputados panistas Javier Corral y Vázquez Mota, el primero como detonador de una crisis —sobredimensionada por la Junta de Coordinación Política—, y que dio juego a la aspirante blanquiazul a esgrimir una parcial y obsequiosa actitud a favor de un movimiento social que desde un inicio ha refrendado la cruz de su parroquia, es decir, su origen eclesial.
Por el respeto que nos merece el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundamentalmente por su legítima exigencia de atención a las víctimas de la guerra y su propuesta de generar un esquema de reconciliación nacional, es menester alertarlo acerca de las manipulaciones partidistas que de sus postulados se están percibiendo y de las graves consecuencias que para el país y la sociedad representa el postergar, una vez más, los urgentes controles sociales al autoritarismo y los abusos presidenciales que en su negada guerra contra el crimen organizado ha generado a los derechos humanos de la población, a la soberanía nacional y a nuestras fuerzas armadas, lo que debe obligarnos a cuidar nuestra seguridad como el derecho omnigarante del libre ejercicio de nuestros derechos humanos.
La reticencia a cumplir con los mecanismos de control legislativo que contempla el artículo 29 constitucional generó la muy tardía respuesta de Calderón a la solicitud de las fuerzas armadas de contar con el marco jurídico inherente a su orden de salir a la calle so pretexto de coadyuvar con las autoridades civiles en acciones de seguridad pública, certeza jurídica solicitada por el general Guillermo Galván, al inicio del 2007.
Fue hasta mayo de 2009 que el titular del Ejecutivo encontró la forma de darle la vuelta a tales controles, y propuso integrar en la Ley de Seguridad Nacional disposiciones para regular las facultades que la fracción VI del artículo 89 le confieren para preservar la seguridad nacional e interior, buscando por todos los medios impedir el más mínimo menoscabo a su discrecionalidad para disponer de las fuerzas armadas.
La actitud del Ejecutivo panista, defendida por su partido en el Congreso —y peligrosamente coincidente con quienes desde el tricolor anhelan el retorno de “su” absolutismo presidencial— subleva a los sectores extremistas de izquierda y a la sociedad, generando un conveniente impasse legislativo que permite a Calderón como mando supremo de las fuerzas armadas, seguir ordenando a sus subalternos acciones que constriñen a la seguridad a un mero servicio del Estado, vulnerando con ello el espíritu garantista que, tras la reforma constitucional a favor de los derechos humanos debe marcar su reconocimiento como tal.
Por ello es urgente reparar el daño perpetrado al país por el autoritarismo del Ejecutivo federal, e imbuidos en el espíritu de reconciliación que enarbola el movimiento por la paz resulta imperativo recuperar el voto particular que don Ponciano Arriaga emitió en torno al actual artículo 129 de nuestro pacto social, y en el que en clara alusión al mando supremo y a la tropa les subordinó al requerimiento, mando y autorización de las potestades civiles, reprobando cualquier acción por sí y ante sí, como ilegalmente ocurre con una guerra que pisotea derechos y soberanía.