El tema de la alimentación de la población es trascendental para el destino mismo de la humanidad. Hoy en nuestro país, resulta toral entenderlo y diseñar acciones para enfrentar el gran reto de garantizar una alimentación adecuada para todos los mexicanos. Es necesario superar las discusiones dogmáticas sobre el contenido y alcances del derecho a la alimentación y poner el acento en la concreción de las políticas públicas diseñadas para atender esta prioridad nacional.
La crisis alimentaria está presente en México, su dimensión resulta medible con el crecimiento de los índices de desnutrición de la población, la disminución de ingesta proteica generalizada y la creciente población que sufre algún grado de pobreza alimentaria, que se acrecentará por la crisis económica derivada de la pandemia que aún no se vislumbra su real dimensión.
El hambre es la expresión más lacerante de la pobreza extrema. Cuando afecta a los niños pequeños genera daños físicos e intelectuales irreversibles que los condenan a repetir el mismo ciclo de pobreza que sufrieron sus padres.
El derecho a una alimentación adecuada no solo engloba el de las personas que viven en condiciones de pobreza, también el de las personas que sufren de obesidad, debido al consumo excesivo de productos que no contienen los nutrimentos necesarios, comúnmente llamados comida chatarra.
El derecho a la alimentación es un derecho fundamental, porque satisface necesidades básicas de los seres vivos, sin lo cual no podríamos sobrevivir, así lo reconocen muchos documentos internacionales que han sido incorporados al derecho mexicano.
Hoy, el mundo enfrenta una enorme demanda de alimentos, en particular por parte de las “potencias” emergentes como China y la India, cuyo acelerado crecimiento económico ha elevado el ingreso de una parte importante de su población, que lógicamente desea comer mejor y ejerce una fuerte presión sobre la oferta de alimentos nacional e internacional. En igual sentido se presentan los nuevos usos de la producción agrícola en la producción de combustibles.
Por primera vez en la historia de la humanidad, se cuenta con productos que pueden sustituir a los combustibles fósiles como el petróleo, cuyos problemas de extracción, escasez regional y costos crecientes de extracción, provocarán fuertes demandas de productos vegetales que lo sustituyan.
Todo esto incrementará la demanda de productos vegetales para transformarse en combustibles; así, las nuevas demandas aumentarán más rápidamente que la capacidad productiva de la agricultura.
En México, contamos con un marco jurídico regulatorio acorde a los compromisos internacionales signados por el País, mismo que ciertamente requiere modificaciones para garantizar adecuadamente lo previsto en el artículo 4º de nuestra Constitución.
Deberíamos tener Políticas Publicas claramente definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual han sido omitidas, con estrategias, objetivos y líneas de acción para concretar acciones de gobierno que permitan abatir la pobreza extrema y muy especialmente el hambre que hoy sufren muchos mexicanos.
Durante el próximo período ordinario de sesiones del Congreso sería conveniente que los diputados y senadores realizaran la evaluación la política de Seguridad Alimentaria de este gobierno, entre ellos los resultados la recién creada SEGALMEX.