Frente al paisaje oscuro —salud, economía, inseguridad— es preciso mencionar también los espacios luminosos. Conviene destacarlos: por justicia y por instinto. Por justicia, es preciso reconocer el esfuerzo de quienes se aplican a la solución de nuestros problemas. Por instinto, es conveniente alentar ese esfuerzo del que depende nuestra supervivencia. Son un respiro —un aliento, un estímulo— en medio de la tormenta, para contenerla o al menos entender su naturaleza y mitigar sus consecuencias.
Varios sectores de la sociedad han actuado frente a la pandemia, cada uno según su función y sus posibilidades. Han asumido su responsabilidad, a conciencia. Lo han hecho los trabajadores de la salud, ciudadanos de “bata blanca” que arriesgan su integridad y su vida para proteger a sus compatriotas. También han cumplido innumerables docentes, de la mano de los padres de familia, para mantener al día el desarrollo de los niños, alejados de las aulas físicas y de los recursos educativos convencionales.
Trabajan con denuedo muchos empresarios, que preservan su planta laboral contra viento y marea, con escaso apoyo del Estado. También han actuado los comunicadores sociales, “al pie del cañón”, cumpliendo su misión informativa y crítica, a despecho de reacciones enconadas que quieren encadenar la palabra y culpar al mensajero por la dolorosa realidad del mensaje.
En fin, la sociedad enfrenta la pandemia, aunque lo haga sin orientación confiable y sometida a proclamas divisionistas desde una tribuna que debiera convocar a la acción solidaria. En estas líneas quiero recordar el papel de la academia, que también participa en las tareas de salvamento del presente y garantía del futuro. Ejerce su misión observadora y promotora. Analiza, interviene, sugiere y apremia.
En otras ocasiones me he referido a la pandemia como una suerte de espejo ante el que nos reconocemos, con fortalezas y debilidades, capacidades e insuficiencias. Frente a la imagen que proyectamos podemos ponderar lo que podemos y no podemos, lo que hacemos y omitimos. Vemos nuestro presente y prevemos nuestro futuro. La reflexión, el debate, las coincidencias y las discrepancias, la expresión libre y oportuna —propios del desempeño académico— quedan ante nuestros ojos. Esta es la tarea natural de los académicos, llamados a filas.
Desde el mes de marzo, diversas instituciones del universo académico —tan golpeadas por ahorros mal concebidos y peor aplicados, que están dilapidando nuestro futuro— se dedicaron a examinar el horizonte, seguir los acontecimientos, conocer sus implicaciones y sugerir respuestas a las innumerables preguntas que agobian a las sociedades y sus gobiernos. ¿Cómo ingresamos en esta etapa insólita que ha modificado nuestra vida? ¿Cómo saldremos de ella, poniendo a salvo nuestro destino?
La UNAM —que cumple un papel eminente en este escenario alterado— ha tenido una gallarda presencia en muchos frentes: servicio, ciencia, educación, cultura. Cerradas las aulas materiales, mantiene abiertas las aulas virtuales en un esfuerzo responsable y vigoroso para cumplir su misión estupenda. Sostiene viva y activa su oferta bienhechora en escenarios de cultura que iluminan los hogares.
En la Facultad de Derecho de la UNAM, que ha desplegado un admirable trabajo para sostener el progreso de esa casa y el nivel de sus tareas, se planteó una interrogante que requirió —y sigue exigiendo— respuestas suficientes y oportunas: ¿habremos de reconstruir el Estado de Derecho tras la pandemia, que lo ha mellado y alterado? Porque esa es la dimensión del impacto que sufrimos: el golpe de la pandemia —y las acciones o las omisiones que ha producido— sacudieron la estructura y la función del Estado y afectaron la confianza y los derechos de los ciudadanos. Se llevó adelante una ilustrada deliberación sobre esta materia, con el concurso de profesores mexicanos e invitados extranjeros.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma Universidad se desarrollaron, con intervención de un grupo de doctorandos, estudios reveladores sobre la calidad y los tropiezos de muchas decisiones —desconcertadas, dispersas, enfrentadas—, que varias instancias de gobierno desplegaron para salir al paso de la pandemia. Las hubo con motivo y fundamento; otras carecieron de ellos. Algunas sirvieron; otras estorbaron. Esos estudios contribuyen a diseñar las siguientes etapas del camino.
El Seminario de Cultura Mexicana, institución de raíz vasconceliana y desempeño fecundo, ha mantenido su presencia en la provincia mexicana mediante programas de su competencia multidisciplinaria. Lleva mensajes a sus corresponsalías en decenas de ciudades y los difunde en otros foros a lo largo y ancho de la República.
El Centro de Estudios de Política Criminal, que opera en el ámbito criminológico, puso sobre la mesa los problemas de la seguridad pública y la justicia —agravados en los últimos años— que adquieren nuevos perfiles bajo la presión de las circunstancias que padecemos. Profesionales mexicanos y extranjeros se reunieron en ciclos virtuales para analizar la situación dominante y sugerir medidas constructivas. Es indispensable revisar la situación que guardan seguridad y justicia, abrumadas por la emergencia.
En sociedad con organismos nacionales y de otros países, el Instituto Max Planck, en su vertiente de Heidelberg —que ha hecho aportaciones notables al estudio del Estado de Derecho y el desarrollo democrático—, también está revisando el impacto de la pandemia sobre el orden jurídico y sus implicaciones en la redefinición del futuro. En este foro se ha planteado la necesidad de reconsiderar el pacto social y generar nuevas condiciones de equidad y justicia. Hay que redefinir la tarea de la comunidad mundial y de las sociedades nacionales y regionales para remediar males presentes y moderar o evitar males futuros.
Múltiples organismos de la sociedad civil han convocado la participación de académicos en la revisión de grandes temas nacionales. Es el caso, sólo, por ejemplo, de “México Justo”, que promovió una deliberación sobre la situación de los órganos constitucionales autónomos llamados a generar equilibrio entre los poderes formales del Estado. Estos órganos trabajan por la democracia y los derechos civiles en condiciones desfavorables.
A nuestro país han llegado las convocatorias, las deliberaciones y los apremios de organismos internacionales de los que formamos parte y que velan por la preservación de valores y principios, acosados por la tormenta. Lo han hecho las instituciones regionales de protección de los derechos humanos: Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Reiteran la necesidad de mirar los problemas y sus soluciones con perspectiva de derechos humanos, no sea que las medidas urgentes que adoptemos arrollen nuestros derechos y libertades.
Por supuesto, persisten los errores y las frustraciones, abundan los retrocesos y las acciones desacertadas, se agrava la crisis —-pese a los pronósticos y a los diagnósticos que hemos propalado para negarla—, pero también hay trabajos enjundiosos, de gran calado —o pequeños esfuerzos multiplicados— que marchan en la dirección correcta. Hay que destacarlos: por justicia y por instinto. He querido mencionar o sugerir algunos. Hay muchos más en el paisaje oscuro: son fuente de luz al fondo del túnel.