Entrevista  con Gabriel Regino, abogado penalista

 

De ser considerado como el rockstar de la 4T —incluso portada de una revista de sociales— hoy el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell se ha convertido para diversos sectores de la sociedad en el “gran mentiroso”, particularmente para la comunidad médica y científica, debido a sus omisiones, contradicciones, falla de pronósticos y mensajes cruzados.

Sus proyecciones han sido cuestionadas no solo por ex secretarios de Salud como José Narro, Julio Frenk y Salomón Chertorivsky, sino también por los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Michoacán, Jalisco y Nuevo León, quienes demandaron su renuncia por el mal manejo de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.

En una carta abierta, los mandatarios estatales consideraron necesaria su salida ”ya que nuestro país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica”.

La respuesta fue la amenaza de la secretaría de Salud, de aplicarles sanciones administrativas y penales en base a un acuerdo de la autoridad sanitaria, sino se aplicaban correctamente las medidas para contener el mortal virus, cuando López Gatell es el primero en caer en contradicciones respecto del semáforo epidemiológico.

Siempre! platicó con el abogado penalista Gabriel Regino sobre la viabilidad de las demandas en contra del subsecretario de prevención y promoción de salud, y consideró que pese a las denuncias ve poco éxito en su viabilidad.

Destacó que en caso de poder exigirle una responsabilidad penal por el manejo de la pandemia hay que considerar las responsabilidades de servidores públicos.

“En el código penal federal, el título décimo, anteriormente de delitos cometidos por servidores públicos, hoy de delitos por hechos de corrupción, vienen  las figuras delictivas en las que pueden incurrir los servidores públicos de la federación: ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, lo que tiene que ver con coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, peculado y enriquecimiento ilícito”.

Destaca que en el caso de López Gatell, “podría tener aplicación general en las ramas administrativas y civil y lo digo con toda precaución, en virtud de que nos soy experto en esas materias, pero existen principios generales del derecho que son aplicables a todas las materias.

“El principio general que aplica es: una persona puede ser sometida a proceso, siempre y cuando, en la ley se establezca la responsabilidad correspondiente por el hecho que se le pretende atribuir. Aplica en todo, en lo civil, penal, administrativo, laboral, ahora bien, entendemos que hay una genuina preocupación en los distintos sectores sociales sobre el manejo de la pandemia”

Señaló que si se revisa lo que sucede en el mundo, es visible que el orbe se encuentra en las mismas circunstancias que nuestro país.

 

No hay protocolos

“Estamos ante un fenómeno nuevo en el que no existen protocolos de actuación. Pongo un ejemplo, en el ámbito médico, si hay un brote de sarampión y el subsecretario dice ¡no hagan nada, déjenlo como está!, pese a que existe un protocolo de actuación que consiste en las vacunas y medidas de prevención.

“Entonces sí estaríamos ante una omisión por parte del subsecretario que lo haría acreedor a responsabilidades administrativas e incluso penales porque hay un protocolo de atención para su prevención y control en los términos de la ley general de salud, y no hizo lo que estaba obligado a hacer que era coordinar, diseñar, ejecutar, ordenar y supervisar que se aplique esa campaña permanente contra el sarampión”.

Destaca que la entidad responsable es el Consejo de Salubridad, máximo órgano que da al subsecretario la encomienda de vocero, pero es el Consejo es el que da las directrices —órgano donde participa el secretario de salud, otras dependencias y los gobernadores—.

Respecto del uso del tapabocas, donde un día Lopez Gatell recomienda su uso y otro dice que en determinados sitios se puede evitar, el penalista dijo “en este caso podríamos decir que nuestras autoridades no están rebasadas sino que los mexicanos estamos genuinamente ansiosos porque no vemos la luz al final del túnel, lo que entiendo es que sabiendo que venía una avalancha de esta enfermedad, se procuró que no se saturarán las instalaciones hospitalarias para que se pudiera dar atención en la medida en que se dieran los casos.

“Que haya pocas habilidades comunicativas o errores en el discurso o en la estrategia, obedece al ensayo-error, ensayo-error, es decir, vamos a ver si sí o no. El uso de cubrebocas lo entiendo en el caso de nuestra sociedad que espera al tlatoani que diga ¡usen el cubrebocas! Cuando es una circunstancia de carácter de decisión personalísima”.

 

Demandas por responsabilidad civil

El ejemplo es un tema muy candente, destaca, “porque el presidente de la república dice, ¡no tengo porque usar cubrebocas!, porque me dijo el doctor que solo lo use cuando esté en un espacio, no así en un espacio grande”. Se trata, apunta, de problemas de comunicación política ya que hay errores en las formas de comunicación, que han sido connaturales a lo que pasa en el mundo.

Destaca que al tratarse de situaciones inéditas, sin protocolos donde se establezca la forma de actuar “no se le puede demandar una responsabilidad por hacer algo, que no se sabe que es lo que se tiene que hacer”.

Continúa “imaginemos que se lleva a López Gatell a una demanda de responsabilidad civil o administrativa por no haber recomendado el uso de cubrebocas. Su defensa podría establecer que el subsecretario recomienda usarlo en unos casos sí, y en estos otros no, apoyado por 3, 4 médicos que dijeran exactamente lo mismo, dependiendo de la circunstancia en que uno se encuentre”.

Gabriel Regino aseveró que se puede presentar una denuncia o una demanda, “lo que no es viable es que tenga vida exitosa la denuncia o la demanda. De qué delito lo estamos acusando, tráfico de influencias, colusión de servidores públicos, cohecho, enriquecimiento ilícito u homicidio. No, no, el derecho penal no abarca este tipo de situaciones”.

En el ámbito civil, agrega, “decir que voy a demandarlo ya que por su culpa no he podido ir a trabajar y cerraron mi negocio, entonces  la culpa no la tiene una persona sino un consejo de Salubridad que determinó la cuarentena y ésta se encuentra legitimada por la emergencia sanitaria.

“En conclusión, no veo ninguna viabilidad a una acción legal en el sentido que se menciona”.

 

Registro muertes por Covid-19

Al referirse al registro sobre el número de fallecidos por la pandemia, el especialista en derecho penal aseveró que se trata de un tema muy preocupante por la falta de coordinación efectiva entre gobiernos y la federación, ya no son cifras tan fiables debido a como se ha desarrollado el fenómeno  pandémico.

En todo el mundo se están dado bandazos, apunta, y en el tema de las cifras, es una circunstancia que la va acompañando.

“Si hay un protocolo de registro, lo desconozco, podría presumir que por ser una enfermedad novedosa, no hay un protocolo de como registrar infectados y a los fallecidos, porque además se generó que hay fallecidos por otras causas como la neumonía atípica e incluso por infartos al corazón, ya que se han empezado a hacer estudios y ahora aparece vinculado el covid con los infartos al corazón”.

Ahora, advierte, “si la gente están tratando de maquillar las cifras para algún beneficio económico-político, eso sí puede ser constitutivo de una responsabilidad administrativa. Un ámbito penal podría tener alguna situación de esa naturaleza, siempre y cuando haya una alteración u ocultamiento de la cifras, ahí podría explorarse esa posibilidad de una responsabilidad administrativa o penal, según sea el caso”.

Regino manifestó que la grave situación que vivimos por la pandemia, sería “un buen ejercicio para que se hiciera un manejo reflejo, la Universidad Hopkins está por delante con sus estudios pero no he visto en México, quizá por falta de visión, alguna institución con un nivel semejante. Por ejemplo la UNAM, que refute las cifras a través de un modelo matemático, he visto a profesores, investigadores, que por sí solos señalan las fallas. Lo que se necesita no es una opinión sino una evidencia científica por parte de una institución responsable que diga, no es correcto porque tiene que hacerse de tal manera”.

Manifestó que las deuncias hechas por los gobernadores “las veo más como posicionamientos que generan desde presiones en las decisiones federales, pero hasta ahí”.