Para denominar este artículo destinado a la Revista “Siempre!” —que en su historia y en su estampa retiene la figura del caballero de La Mancha—, hago una paráfrasis del título de una obra de John Dos Passos, novelista norteamericano ligado a la vida española: Rocinante vuelve al camino. Me explicaré: en la llanura baldía que hoy transitamos, entre los rayos de una epidemia indomable —¿o es que no se sabe cómo domarla, aunque se diga que se está consiguiendo? —  y otras calamidades, es Don Quijote quien vuelve al camino para “desfacer entuertos”, cabalgando sobre un Rocinante de características singulares: el jinete viaja a lomos de una sentencia justiciera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el tema de mi artículo.

Hay golondrinas que hacen verano, y otras que no (obviamente).  Espero que ésta sea de la primera especie y anide entre nosotros con fuerza y por todo el tiempo. En el asunto al que me refiero, las batallas que librará don Quijote no serán contra molinos de viento, sino contra prácticas viciosas que victiman a millares de seres humanos en la oscuridad de las prisiones. También ofenden a la sociedad y la ponen en peligro.  También ésta es víctima —no tan indirecta— de los errores y horrores que se acumulan en nuestras prisiones.

Es costumbre que veamos el paisaje social y político (del que formamos parte), como si fuera uno solo: idéntico para todos, homogéneo. Vale la pena aguzar la mirada y advertir las situaciones particulares que se multiplican en ese paisaje aparentemente uniforme. En efecto, hay parcelas separadas por hondas diferencias: desde llevaderas hasta inaceptables. Abundan las segundas. Me referiré a una de este último género, una entre las muchas que son intolerables: el mundo de las prisiones. No lo conoce la mayoría de los mexicanos, salvo de lejos y de oídas. Pero muchos otros lo conocen y lo sufren: reclusos, que son cerca de doscientos mil en todo el país, y familiares y allegados de ellos, que suman millones. Difícilmente habría experiencia más dolorosa que la de quienes se hallan privados de libertad, por orden del Estado (y obra de su conducta, claro está, en el mejor de los casos). Tras las rejas la vida declina y se multiplica el sufrimiento. Entre rejas, cada minuto es un siglo.

En México existe y trabaja —es decir, “ora y labora”— una institución reflexiva y combativa denominada Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha cumplido ochenta años de infatigable tarea. En ese periodo ha librado batallas por muchas causas plausibles. Ha perseverado sobre el camino, como Don Quijote. Sólo recordaré, como botón de muestra, la posición combativa de la Academia, años atrás, contra ciertas disposiciones de mal recuerdo, alojadas en la ley penal: los delitos de disolución social. Y en los años recientes se ha manifestado contra desaciertos y desvíos intentados o consumados en el sistema penal mexicano, que no han sido pocos, muchos de ellos vigentes y aclamados por el discurso más autoritario. En ocasiones, la Academia ha combatido sola, con sus propias fuerzas, esgrimiendo razones; en otras, ha marchado de la mano con organismos relevantes, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también han acogido las ideas y las acciones más liberales.

En su agenda de batalla, esa Academia Mexicana de Ciencias Penales elevó la voz contra las violaciones graves, flagrantes y sistemáticas que se cometen en muchos reclusorios de nuestro país. No digo en todos. No suelo utilizar expresiones totalizadoras, a riesgo de cometer errores o injusticias. Es posible y hasta probable que haya excepciones. Las saludo y celebro. Pero deploro la situación generalizada que rige en los reclusorios, oprobiosa. De ahí la voz elevada por la Academia. Ésta resolvió hacerse oír por la instancia más alta de la administración de justicia en nuestro país: la Suprema Corte. Con fundada esperanza —y buenas razones, que deben abrigar a la esperanza— dio ese paso adelante en el itinerario quijotesco.

Conviene recordar que esta Academia, octogenaria y juvenil, ha pugnado por la humanización del régimen penal: una humanización “ortodoxa”, si se me permite la expresión. No pretende irresponsable benevolencia y mucho menos impunidad criminal, que campea en México. Ya sabemos que esa impunidad predomina y que proliferan los delitos que quedan sin sanción. No rige la situación que pudiera sugerir el título de Dostoiewsky: Crimen y castigo. A la inversa: los delitos suelen quedar sin castigo. Pero al mismo tiempo que denuncia la impunidad rampante, la Academia combate los tratos indignos que abundan en las prisiones. Esos tratos generan inseguridad y violencia, que a la postre se vuelcan en contra de la sociedad. En suma, la Academia ha protestado por el rumbo que hoy caracteriza al sistema penal en nuestro país (y en muchos otros). Ese rumbo no ha variado. Tampoco ha amainado la protesta. Se tiene en pie. Esta vez la suscitan las cárceles que padecemos, con horror y vergüenza.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad (2018), pendón del nuevo gobierno, reconoció el desastre carcelario y ofreció corregirlo. No ha ocurrido. Las noticias cotidianas dan cuenta de constantes y numerosas violaciones de derechos en las cárceles, que trascienden al exterior. A la sombra de esta situación, es evidente (lo ha sido desde hace mucho tiempo) la necesidad de llevar adelante una gigantesca reforma carcelaria: más en las prisiones locales que en las federales. Por ello la Academia Mexicana de Ciencias Penales —actuando como corporación— resolvió emprender el camino del amparo (un derecho que tenemos los habitantes de la República y que algunos funcionarios han reprobado con hostilidad clamorosa, porque consideran que quien ejerce sus derechos lo hace movido por consideraciones políticas). En este caso se acudió al juicio de amparo para recibir información sobre el trato a los reclusos y conocer las medidas que las autoridades competentes para atender esta materia han adoptado —u omitido, que es la situación predominante— para poner término a las violaciones prevalecientes. No se trata solamente de saber lo que pasa, sino de poner punto final a lo que está pasando.

Es infrecuente que un organismo como la Academia recurra al juicio de amparo para formular planteamientos del género que ahora menciono. Pero infrecuente o no, la Academia resolvió acudir a este medio de defensa de los derechos humanos. La exigencia de amparo y protección formulada por la Academia fue expuesta por Victoria Adato Green, anterior presidenta de la corporación, como representante de ésta, acompañada de varios colegas competentes. Actualmente, el presidente de la Academia es el criminólogo Luis Rodríguez Manzanera. El 13 de junio de 2018   —mucho antes de la inauguración del nuevo gobierno— se presentó la demanda de amparo ante un juez de distrito.

Ahí comenzó una larga marcha. De entrada, hubo dudas sobre la legitimación de la Academia para solicitar amparo. ¿Contaba con “interés legítimo” para solicitarlo por acciones y omisiones que agravian a los reclusos?  La existencia de ese interés (cuyo concepto es relativamente novedoso en la regulación del juicio de garantías) es un punto muy relevante para la procedencia del amparo. Hay que acreditar el “interés legítimo”. El tribunal debe pronunciarse sobre él. Afortunadamente, la Suprema Corte ha resuelto ya en qué consiste ese “interés legítimo” y quiénes pueden, en consecuencia, acudir a la tutela que brinda el juicio de amparo. Fue el caso.

La marcha que ahora describo ha culminado en una sentencia ejemplar, que despeja el camino y hace luz en la esperanza de que las cosas cambien (al menos, algunas cosas) en el régimen de las prisiones. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en el amparo 277/2019, con base en la ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas (el mismo ministro ponente en el famoso caso Bonilla, de Baja California, tan celebrado por los juristas demócratas y por los ciudadanos en general, que miran el juicio de amparo como un instrumento de tutela de la libertad y aliento de la democracia).

En esa sentencia, la Suprema Corte reconoció que la Academia tiene interés legítimo en actuar como lo hizo y sostuvo que los funcionarios a los que se dirige la sentencia deben informar la situación de los penales que menciona el amparo y demostrar las acciones que han cumplido (si es que las han cumplido) para que cesen las violaciones. En suma, deben asumir la grave responsabilidad de corregir los desvíos en las prisiones y honrar el deber que a este respecto les impone la Constitución General de la República, además de su propia conciencia y el Derecho internacional de los derechos humanos.

Son numerosos los detalles técnicos de este juicio, que no es posible analizar en un artículo periodístico. Ese análisis puntual corresponderá a los estudiosos del amparo. Pero la buena noticia para quienes lean estas líneas, que no necesariamente serán sólo los juristas especializados en el juicio de amparo, es que no ha cesado la lucha por suprimir el horror que subsiste en centros llamados de “readaptación” o de “reinserción social”. ¡Vaya ilusión la que se siembra cuando se califica así —porque así lo dice la Constitución— a muchos reclusorios! Enhorabuena que la justicia federal se haya ocupado de este asunto y marque el rumbo a seguir. Por supuesto, una vez establecido este indispensable itinerario habrá que dar cumplimiento a la sentencia, sobre todo hoy, cuando al maltrato se agrega la pandemia que amenaza a personas atrapadas en la doble reja de un proceso penal, que puede ser prolongado, y un virus que cunde con tenacidad, aunque digamos —¡y vaya que lo decimos todos los días! —  que lo hemos domado y que estamos en una meseta desde la que amaina la enfermedad.  Si la situación es grave en lo que denominamos la “sociedad libre” —en la que hay registro sobre más de 50,000 defunciones, y sospecha de muchas más— imaginemos cómo se presenta este problema en las cárceles.

Por eso, entre otras cosas, es plausible que Don Quijote vuelva al camino. El benemérito caballero de La Mancha, sembrador de justicia, avanza un trecho gracias a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia —sentencia que opera como el indispensable Rocinante del hombre de La Mancha—, y que se valga de una poderosa lanza a la mano: el amparo.