No es por espantar a nadie, pero dentro de cuatro años se colapsará el sistema de pensiones, pues el déficit de los estados en este renglón es de 1.3 billones de pesos, el de Petróleos Mexicanos suma 677 mil millones de pesos, el del Seguro Social asciende a 695 mil millones, el de la Comisión Federal de Electricidad es de 274 mil millones y el correspondiente a las universidades anda cerca de 275 millones.

Es tan grave el asunto, que en 2015 podrían acabarse las reservas para pagar jubilaciones, pese a que “en la actualidad, solamente 20 por ciento de los trabajadores tienen un sistema de pensiones formal” (Excélsior, 15/VIII/2011). Dicho de otra manera, sólo una de cada cinco personas con empleo está adscrita a un sistema de pensiones, pero pronto no alcanzará ni para ellos, pues el déficit total es semejante al presupuesto de egresos de la Federación.

El dato resulta espeluznante si se recuerda que más de la mitad de la población ocupada se halla en la informalidad, esto es, sin Seguro Social ni Infonavit ni la posibilidad de pensionarse. Del resto de la gente con empleo, no todos disponen de las prestaciones de ley, pues muchos trabajan por su cuenta, a otros sus patrones les escamotean aquello a lo que tienen derecho y otros, por una u otra razón, no están en algún sistema pensionario.

Quien destapó el asunto fue el senador del PRI Francisco Labastida Ochoa, quien ha estado estudiando el asunto, pues si los priístas ganan las próximas elecciones presidenciales el paquete será para ellos, que de esa manera estarán pagando las sinvergüenzadas de Ernesto Zedillo, quien hizo del sistema de pensiones un negocio de particulares con la creación de las Afores.

Otro canal por el que se fugaron los fondos de los asalariados fue que en diversos momentos y sexenios, el gobierno federal sencillamente dispuso de ese dinero para los fines más peregrinos, pues si se requería financiamiento destinado a algún programa o para cubrir una emergencia, se tomaba de los fondos de pensiones que maneja el Estado y asunto arreglado.

En fin, que son pocos los trabajadores con el derecho a una pensión, pero incluso a éstos les han robado sus fondos. Los presidentes priístas y panistas de las últimas décadas tendrán que responder por esas raterías y el Estado mexicano deberá pagar hasta el último centavo a los jubilados. Si el rescate de los banqueros ha sido tan oneroso que lo pagaremos todavía durante muchos años, no hay razón para que no se reponga lo que corresponde a quien ya entregó a la sociedad toda una vida útil.