AMLO pidió soltar las heces y encender los ventiladores “para que todos conozcan la verdad” sobre el caso Lozoya y sus ordenes fueron acatadas. Horas después se filtró “el guión” –la denuncia hecha por el ex director de Pemex– y la mugre empezó a salpicar.
Al mismo tiempo que la inmundicia lograba dejarnos ciegos, el gobierno convertía a la Secretaría de Salud en el Pemex de este sexenio y a Hugo López Gatell en el Emilio Lozoya de estos tiempos.
Ya no hay duda de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell es el orgullo del nepotismo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No solo hace las veces de secretario de salud, sin serlo, sino que ahora también está a punto de convertirse en el monopolizador de un negocio multimillonario.
Así como se torció la ley para imponer a Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica y a Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora se hace ingeniería a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que López Gatell decida, por sí solo, a qué laboratorios beneficiar.
De acuerdo a las recientes modificaciones hechas a la ley pública federal, la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección de los Riesgos Sanitarios, quedará bajo el control del funcionario más desacreditado de la administración.
Desprestigiado por el pésimo manejo de la epidemia y los miles de fallecimientos que ha provocado su negligencia. Por algo, se le ha bautizado como el “doctor muerte”.
Pese a estas oscuras credenciales, el presidente decidió acabar de un plumazo con la autonomía de la Cofepris para ponerla bajo el mando absoluto del “querubín de Palacio”.
La gran pregunta, y para la que no hay respuesta lógica, es por qué el gobierno necesita acabar con la autonomía de la instancia encargada de vigilar que los medicamentos cumplan con los más altos estándares sanitarios.
La Cofepris nació como un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa para evitar poner la salud de los mexicanos en riesgo por conflictos de interés. O para decirlo más claro: para impedir que determinados funcionarios pretendan hacer negocio comprando medicamentos baratos y en mal estado.
Sin embargo, durante las últimas semanas se ha venido diseñando toda una estrategia jurídica destinada a convertir a Hugo López Gatell en el principal responsable de una de las transacciones comerciales más lucrativas de esta administración: 6 mil 800 millones de dólares para adquirir 3 mil 643 claves de medicamentos en el exterior.
Los pasos en ese sentido han sido claros. Primer acto, López Obrador anuncia que la ONU ayudará a México a comprar insumos a “buen precio y sin corrupción”. Segundo acto, se reforma la Ley de Adquisiciones para permitir la compra directa de medicinas en el extranjero y tercer acto, un contrapeso como Cofepris, queda bajo la férula del Ejecutivo federal.
Bajo este diseño tiránico, la salud de los mexicanos queda sin guardianes y a expensas del criterio y los intereses de un funcionario que tomará decisiones –como las ha que tomado para hacer frente a la pandemia– de manera individual y sin tener que rendir cuentas a nadie.
La intervención de Naciones Unidas como garante de calidad y buen precio parece más simbólica que efectiva. Tan es así que la India, uno de los más grandes productores de medicinas baratas, ya puso como condición para venderle a México, que haya un trámite exprés a todos los medicamentos que se adquieran en ese país.
Es decir, con la adscripción de Cofepris a la oficina de López Gatell, el asunto queda resuelto. Llegarán a México medicamentos tal vez, tal vez, más baratos, –todo depende del sobreprecio con el que pretenda beneficiarse el gobierno–, pero no precisamente de calidad.
Con las modificaciones hechas, los laboratorios mexicanos ya no tendrán que cumplir con las medidas de calidad exigidas por un consejo técnico científico para conseguir un contrato, ahora tendrán que caerle bien a López Gatell y negociar con él.
La reformas hechas al sector salud abren la puerta para que el “súper subsecretario” se convierta en el futuro Emilio Lozoya. El “querubín de Palacio” también podría organizar festines y cobrar la entrada a los fabricantes de medicinas que quieran hacer negocios.
Estamos ante algo insólito. López Obrador –el mismo que quiere hacer del caso Lozoya un emblema de la lucha contra la corrupción–, ordena entregar el negocio de medicamentos a su funcionario favorito. Aquí sí funciona la frase “¡¿Quién pompo, apa?!
Las víctimas de este negocio personal van a ser dos: la salud de los mexicanos y los fabricante nacionales de medicamentos. Se calcula que la compra de medicinas al extranjero va a representar una pérdida de 60 mil millones de pesos para el sector farmacéutico y se pondrán en riesgo 100 mil empleos.
Para decirlo a manera de resumen: En la 4T, también saben cagar.