Desde el pasado tres de marzo del presente año, personas integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifiestan a través de campamentos en la Plaza de la Constitución. Dicha manifestación ha instalado comercio informal en la plancha del zócalo, venta de comida, bebidas, artesanías, ropa, cargas para celular y copias fotostáticas entre otros productos
Los campamentos que fueron instalados por integrantes del SME se dan el lujo de tener diversos vehículos estacionados sobre la Plaza de la Constitución obstruyendo el paso peatonal, situación que pone en riesgo la vida de transeúntes, automovilistas y de ellos mismos, como ocurrió hace unos días, cuando una mujer al perder el control de su vehículo se impactó contra uno de los campamentos.
¿Un ciudadano que necesita empleo, común y corriente, no tiene derecho a poner un negocio en la plancha del Zócalo y los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro sí lo tienen, valen más?, esa es la pregunta que yo le haría al jefe de Gobierno.
El cumplimiento de leyes no es de “contentillo”, las actividades de los campamentos de los ex trabajadores violan la Ley de Cultura Cívica, el Código Penal, ambos del Distrito Federal y el Reglamento de Tránsito Metropolitano.
Los campamentos ocupan energía eléctrica proveniente del alumbrado público a través de diablitos, además de causar daños a la superficie de la plancha del Zócalo con clavas metálicas que sujetan dichos campamentos y vandalizar el patrimonio nacional pintando escudos de la extinta Luz y Fuerza y diferentes consignas.
Marcelo Ebrard, presentó ayer ante la UNESCO el Plan Integral del Manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México y fue publicado la semana pasada en la Gaceta Oficial de la capital, en el cual se establecen acciones de conservación para los próximos 50 años en el Centro de la Ciudad de México. Cómo puede hablar Marcelo Ebrard de conservación si permite que la Plaza de la Constitución esté invadida, grafiteada, en una palabra, vandalizada.
En síntesis, al Gobierno del Distrito Federal le tiembla la mano para aplicar la ley y maneja un doble discurso en donde, por un lado asegura que hay que impulsar los sitios recreativos y culturales de la ciudad; y por el otro, permiten la permanencia de este campamento que daña la afluencia turística, pues los promotores del ramo ya no pueden ofrecer dicha zona del Distrito Federal como atracción porque es una vergüenza.