Raúl Rodríguez Cortés

Noticias recientes develan un preocupante proceso de ocupación militar de México por Estados Unidos, encubierto en la desastrosa guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.

1. El lunes 8 de agosto, The New York Times informó que agentes del Pentágono, la CIA, la DEA y otras agencias estadounidenses no sólo operan en el Centro de Inteligencia ubicado en Reforma 225 de la ciudad de México, con base a la ya de por sí intervencionista Iniciativa Mérida, sino que están concentrados en una base militar ubicada en un lugar no precisado del norte del país, que es formalmente mexicana, pero controlada por los gringos.

2. El jueves 11 de agosto, La Jornada reveló la existencia de una carta de entendimiento firmada hace 19 meses por los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón, en la que este último habría aceptado el ingreso masivo de militares estadounidenses a México para desarrollar en nuestro territorio políticas invasoras como las de Afganistán e Irak.

A fin de darle la vuelta a los Congresos de ambos países, se denominó carta de entendimiento a lo que en los hechos es como un tratado, mientras que Estados Unidos ha echado mano de militares en retiro a los que además encubre con la denominación de contratistas privados.

3. Ese mismo jueves, el referido  periódico aseguró que no solamente parte del personal militar, naval o policiaco mexicano está sometido a exámenes de control de confianza aplicados por los estadounidenses. sino que también lo están altos funcionarios: la procuradora Marisela Morales y el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre otros. Semejante subordinación estaría confirmando que los operativos antinarcotráfico del gobierno de Calderón son ordenados por Washington conforme a sus intereses. De ahí que el exigido cambio de la estrategia ni siquiera esté en manos de Calderón.

4. La estrategia dictada por Washington es apuntalada con medidas en las que, incluso la Casa Blanca, pasa por alto las exigencias de su Congreso. El mismo jueves 11 de agosto, El Universal informó que el gobierno estadounidense ha aumentado 400%, discrecionalmente, el apoyo militar a México. Entre 2007 y 2011 pasó de 159 a casi mil millones de pesos.

5. Ese mismo 11 de agosto, a las 4:43 de la mañana, la casa del poeta Efraín Bartolomé y la antropóloga Guadalupe Belmontes, así como las de dos de sus vecinos, ubicadas en Tlalpan, D.F.,  fueron violentamente allanadas por policías encapuchados. Después se supo que eran agentes del Estado de México en el operativo donde capturaron al delincuente Oscar García Montoya alias El Compayito, líder de La Mano con Ojos y que, por lo ocurrido, como ironiza el monero Hernández, fue hecho con las patas y a ciegas.

Cayó, sí, el presunto capo, pero se vulneraron los más elementales derechos de un mexicano de bien que en estrujante relato acaba por preguntarse, ¿de verdad estamos tan solos? Y uno preguntaría con él: ¿para evadir violaciones como la relatada es que se empujan los cambios a la Ley de Seguridad Nacional? ¿Cómo se pondrían las cosas si actualmente, sin una legislación como la que pretende justificar la actuación de fuerzas federales y del ejército, se han denunciado en cuatro años (2006-2011) tres mil 786 cateos ilegales, de acuerdo con información de la CNDH?

Estados Unidos ha sostenido históricamente una política hacia México —a veces más abierta, a veces más oculta—tendiente a controlar los recursos estratégicos de nuestro país, hoy más necesarios que nunca para ellos en la crisis terminal que enfrentan.

Si como se asegura existe la carta de entendimiento que abre la puerta a la presencia militar de ese país en México, Calderón estaría violando gravemente nuestra Constitución con una conducta que daría la razón a quienes aseguran que accedió a tales exigencias para obtener el respaldo de Washington después de los cuestionados resultados electorales de 2006.

Sería, por tanto, el responsable de habernos convertido en un Estado ni-ni, esto es, un Estado que ni protege la soberanía nacional ni garantiza la seguridad de sus ciudadanos, como comentó a esta columna el ex procurador Sergio García Ramírez al analizar las 30 propuestas de la UNAM para combatir la inseguridad y cambiar la estrategia contra el narcotráfico, que convoca para tal fin a lograr un pacto social y política que permita afrontar tan apremiante urgencia nacional.

 

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