Transcurridos ya casi 22 meses de este gobierno, es posible analizar algunas de las acciones realizadas y comenzar a reflexionar respecto del futuro inmediato de la República. La llegada al poder con un caudal de votos inédito en las últimas décadas con el apoyo de un tercio de los votantes de la lista nominal y adicionalmente con mayoría en ambas cámaras lo convirtió en un gobierno fuerte, con amplio apoyo popular.

La larga “travesía por el desierto” de nuestra incipiente democracia en nuestra muy mexicana Transición democrática que terminó en una mera alternancia, tuvo tiempo y el acierto de acotar, de restringir, de limitar el poder casi sin límites del presidencialismo absolutista y de arrebatarle las facultades meta constitucionales de reglas no escritas al viejo régimen.

Al mismo tiempo se construyeron Instituciones adicionales, para actuar reforzándolo en el sistema constitucional de pesos y contrapesos a fin de lograr una democracia fluida sin que el ejecutivo avasallara a los poderes legislativos y al judicial, así como transparentar y otorgarles credibilidad a los procesos electorales.

En este, por lo demás pacifico, avance democrático testimoniamos como logramos una “cohabitación” en la cual los votantes eligieron una alternancia, pero no entregaban el control del legislativo al mismo partido del presidente, así éste se veía obligado a construir acuerdos para lograr la gobernabilidad. Lamentablemente las negociaciones políticas y los acuerdos parlamentarios desembocaron en una partidocracia corrupta en la cual las formaciones partidistas se repartían por cuotas las posiciones en los Organismos Constitucionales Autónomos o las magistraturas y aun las vacantes en la SCJN.

Ahora en el nuevo gobierno, afloran signos, señales de un indeseable retorno a prácticas que costaron incluso vidas, para aperturar nuevamente el ancien régime, que se había logrado acotar gracias a las luchas obreras, campesinas, estudiantiles, lo cual nos lleva a señalar que se debe parar este, al parecer, intento de restauración de un presidencialismo autoritario y francamente totalitario.

En el ámbito social se descalifica a quienes levantan la voz y se atreven a la menor crítica, tildándolos de enemigos reaccionarios y conservadores. Se rechaza o se incumple la Constitución. Se construyen acuerdos con bandas paramilitares restando apoyo a las fuerzas armadas, hoy reconvertidas en Guardia Nacional. Se ha propiciado el linchamiento de los adversarios políticos. Se estigmatiza a los medios de comunicación que disienten de fondo o en las formas del nuevo gobierno, llegando al grado de instruir a quienes critican, que cierren la boca o que abandonen su país.

Se ha buscado someter al legislativo, utilizando su propia fuerza parlamentaria y usando las mismas viejas tretas, que antes denunciaban en tribuna, se han construido mayorías ficticias con el éxodo de diputados entre los partidos minoritarios, que de manera oportunista venden sus votos a los nuevos detentadores del poder, como ya se hizo antes.

Lo anterior de suyo grave, lo es más cuando se aprueban leyes represivas o se intentan aprobar leyes con graves problemas de constitucionalidad o francamente anticonstitucionales como la de extinción de dominio o los delitos contra quienes ejercen la abogacía. Esta ultima de plano innecesaria dado que ya está perfectamente normado lo que hoy pretenden regular.

Es también preocupante el enfrentamiento con el poder judicial, y como con una ley se buscaba lograr el control de éste. Finalmente, también hay que decirlo, nos reconforta que se respetara la ley y los acuerdos parlamentarios para la elección de las mesas directivas de diputados y senadores evitando un irreparable error de conducción antidemocrática al interior del legislativo.