Entrevista con Domingo Ruiz López, Academia Nacional de Derecho Fiscal

 

Hace unos días, la mayoría morenista en el Senado aprobó la controvertida Ley Nieto, que le permitirá a la secretaría de Hacienda –en particular a la Unidad de Investigación Financiera– bloquear y congelar cuentas bancarias, sin el permiso de un juez, de personas que estén señaladas por terrorismo o lavado de dinero.

La oposición criticó duramente la aprobación, al considerar que darle la facultad discrecional a la UIF —encabezada por Santiago Nieto— sin la supervisión de un juez, permitirá “meterse con cualquier ciudadano por el solo hecho de que así lo determine, cuando esto ya se debatió y se declaró inconstitucional en la Suprema Corte”, adujo el senador panista Damián Zepeda.

Y es que en su opinión, el objetivo de Morena es que cuando la oposición impugne esta reforma ante la SCJN, entonces “podría declararlo constitucional.

Hay que recordar que la UIF ya ha congelado las cuentas no solo de ministros de la Corte sino también de miembros de la oposición, funcionarios, magistrados y personas relacionadas con el crimen organizado.

Sobre esta situación y sus consecuencias, Siempre platicó con el doctor Domingo Ruiz López, secretario técnico de la Academia Nacional de Derecho Fiscal  y presidente del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, quien consideró muy preocupante esta aprobación, “ya que el fundamento del bloqueo es la sospecha y con un click pueden bajar la cuenta bancaria de quien quieran”.

Destacó que combatir “el lavado de dinero es muy importante, pero preocupa la forma. La estrategia no es la correcta, ya de por sí, la Unidad de Inteligencia Financiera ha tenido por costumbre congelar cuentas bancarias a distintas personas, lo cual es violatorio de la Constitución y a través del juicio de amparo se lograban desbloquear esta cuentas, pero lo que vemos es el uso del poder”.

“¿Exagero?, no”, responde el coordinador del comité de Jurisprudencia de la Comisión Fiscal de Coparmex . “Al ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, le bloquearon las cuentas, lo que resulta inquietante y más ahora que la ley autoriza que cuando haya indicios de que alguien está realizando actividades de lavado de dinero y terrorismo, se le puedan bloquear. ¿Con qué indicios?, ¿a juicio de quién? Y más ahora sin el control judicial, para evitar se cometan arbitrariedades.

“Esta reforma se puede prestar a la arbitrariedad que sea y es lo que intranquiliza, pues pueden hacerlo a quien pueda ser incómodo para el gobierno o para quien lisa y llanamente no sea cuidadoso de sus cosas y pareciera ser que no lo está haciendo bien, y un día se amanezca con que tiene congeladas su cuentas”.

El también profesor de la Universidad Panamericana destaca que de lo que se trata es de asfixiar a las personas y a las empresas. “Si alguien no puede pagar sus gastos de vida o una empresa no puede pagar sus gastos de operación o su nómina, se asfixia. Es una amenaza para el estado de derecho y para lo que conlleva que son libertades en la sociedad y un país atractivo para la inversión y la generación de empleo y riqueza”.

Ruíz López considera que no es posible que de forma unilateral, “solo porque un servidor publico opine que hay indicios que alguien lavaba dinero”,  le congelen las cuentas bancarias. “El hecho de que la ley diga que se puede hacer, no quiere decir que ya por eso sea constitucional, seguirá siendo inconstitucional y van a seguir procediendo los juicios de amparo”, apunta el especialista fiscal.

 

Juicios de Amparo

Al cuestionarle el número de juicios de amparo que se han interpuesto por el bloqueo de cuentas, aseveró que de acuerdo a datos de la propia Unidad de Inteligencia Financiera que se dieron a conocer en el proceso para convencer a los legisladores de aprobar la reforma, “Santiago Nieto dijo que en 2019, habían procedido 984 juicios de amparo en contra de congelamientos de cuenta, tan solo en ese año.

“Queda claro que hay un tema de regularidad constitucional. A toda la sociedad nos importa que se respete el estado de derecho y el orden constitucional y es a través de ese orden como tenemos que avanzar. Si hay un delincuente que se le congelen sus cuentas pero a través de procedimientos que respeten derechos y garantías”.

Señala el también miembro del Instituto Mexicano de Investigación Tributaria que con esta aprobación, a quien se le acuse de tener indicios de lavado de dinero, se le implicará en un proceso que puede resultar muy largo. “A partir de que la persona se entera que tiene su cuenta bloqueada, tiene 10 días hábiles para acudir a la UIF a conocer las causas de por qué le bloquearon sus cuentas. Luego tiene otro plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas y después vendrá una resolución, que será notificada al interesado, 10 días hábiles después. Si consideramos hábiles, hablamos de casi 2 meses, eso si respetan los plazos. También se pueden exceder y hasta que haya una resolución —que puede ser en contra y se queden las cuentas bloqueadas— y hasta ese momento va a poder acudir al Tribunal a defenderse. Y sabemos que el promedio de un juicio contencioso administrativo en este país, es de aproximadamente 2 años”.

Manifiesta que debe proceder lo que se conoce como suspensión del acto reclamado al momento en que la persona acuda al Tribunal a solicitar la suspensión para que le liberen las cuentas. Sin embargo, advierte, “ha habido criterios encontrados en el Tribunal, pues hay magistrados que opinan que  procede la suspensión y otros que no”.

Ruiz López considera que la suspensión tendría que proceder por un asunto esencial: los principios. “La relación del poder con los gobernados debe construirse a través de lo que se llama confianza legítima, buena fe, apariencia de buen derecho. Bajo esta lógica, una sola sospecha me parece insuficiente para que se rompa esta confianza legítima, esa buena fe y esa apariencia de buen derecho. Debe haber, al menos, algunas pruebas y no solo sospechas”.

Continúa: “Me parece que si hay una estrategia inteligente para combatir a través del dinero a la delincuencia, siempre sea através de un diseño institucional, inteligente, que le haga honor a su nombre, una operación de inteligencia financiera con un conocimiento pleno de la operación ir sobre pasos ciertos para que le digan a un Tribunal, ¡autorízame bloquear las cuentas de fulano y zutano, porque ya tengo una investigación consistente y no meras sospechas!”, de no ser así, asevera, “sería mejor que se llamara Unidad de Sospecha Financiera”.

Recuerda que esa película ya la vió el país, “basta recordar el sexenio de Felipe Calderón donde les encantaba mediatizar las cosas y aparentar que detenían a grandes criminales y al final fueron resultados ineficaces, no es el camino.Y aunque falta que la reforma pase nuevamente por diputados, sabemos como está la correlación de fuerzas politicas en esa Cámara, donde la fuerza política mayoritaria decide casi por sí sola, por lo que no tendría dudas que se va aprobar, lamentablemente, con la consecuencias que acarrearía”.

Advierte que México no está en un contexto económico por lo que se tiene que facilitar que la economía se active a través de la inversión extranjera, “aunque ahora muchos se cuestionan en el extranjero si México es un buen país para invertir y con estas cosas se lo van a pensar mucho más, cosa de ver lo que sucedió con la empresa cervecera Constellation Brands, en donde se consultó a tres personas y entonces el gobierno decidió no autorizarlo”.

Para el jurista estos son temas que están retando al Estado de derecho en México, y que se deben resolver, pero, enfatiza, se necesita un poder judicial sólido, ya que es la única esperanza en realidad, que reivindique los derechos humanos de las personas.

“La Corte debe ejercer su función de control judicial e, incluso, hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad de esta norma. Las declaratorias generales no se pueden hacer en materia fiscal, pero éste no es materia fiscal, sino administrativa en general por lo tanto la Corte podría hacer un papel de control judicial importante.

“El respeto al derecho es tarea de todos, en la abogacia tenemos mucho que hacer al respecto, los colegios de abogados, como el que presido en el capítulo occidente, tenemos mucho que hacer y confiamos en un poder judicial que ayude a reivindicar los más caros anhelos de la sociedad que son democracia, estado de derecho y armonía”, finalizó el especialista.