Entrevistas con Jorge Lara Rivera y Mario Fernández, abogados

La reforma al Poder Judicial que acaba de aprobarse en el Senado, en espera de su discusión –al momento de escribir estas líneas– en la Cámara de Diputados ofrece luces y sombras, pues nuestros entrevistados consideran que tiene aspectos positivos, aunque otros son preocupantes como la concentración de poder en el ministro presidente.

En plática con Siempre, Jorge Lara Rivera, ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, y Mario Fernández, subcoordinador de enlace legislativo en la Barra Mexicana de Abogados, coincidieron en señalar que se trata de una reforma que ofrece lo mismo elementos necesarios de cambio, como otros que se podían hacer sin modificar la Carta Magna.

Concentración de facultades

“Es una reforma compleja, tiene luces y sombras, que tiene motivaciones nobles en una primera apreciación para encarar problemas que tienen que ver con casos de corrupción, nepotismo o ineficacia, muchos de esos problemas no necesitaban una reforma de tipo constitucional, hay algunas cuestiones de orden técnico que pueden calificarse como saludables, interesantes en la innovación, en el perfilamiento de la Suprema Corte como un tribunal que se concentre más en temas de orden de justicia constitucional, como otros tribunales lo hacen en otras partes del mundo, que se concentran sólo en los grandes temas lo cual es saludable, aunque la reforma también tiene algunos componentes y elementos de gobierno interno que tienden a generar mayor concentración de facultades en la figura de la presidencia de la Corte, esto de alguna manera y desde la perspectiva política genera una reflexión acerca de un órgano que es colegiado y que su fuerza, su legitimidad y su fortaleza como una de las cabezas de uno de los poderes de la Unión es que sea un cuerpo colegiado y no uno con una cabeza que pese más que los demás”.

Lo anterior es la evaluación que Jorge Lara hace de la reciente Reforma al Poder Judicial, en tanto que Mario Fernández considera que se trata de un acuerdo político para beneficiar al titular al ejecutivo federal.

“Esta reforma es una de gran calado, de entrada, es Constitucional que reforma 6 artículos de la Carta Magna; el antecedente es la reforma a la ley de amparo en 2011, pero sólo se reformó la ley, en este caso hablamos de la Constitución. De donde surge, de las inquietudes de la Suprema Corte encabezado por Arturo Zaldivar era acabar con las redes de corrupción y nepotismo, derivado de un estudio que se convirtió en denuncia pública del ministro Felipe Borrego Estrada, quien denunció diversos nombramientos se realizaban con criterios de nepotismo o de relaciones sentimentales. A raíz de eso vino un periodo de reflexión y un foro y mesas de trabajo en las que elaboró el proyecto. La lectura política del asunto es que hay un acuerdo entre el ministro presidente y el presidente de la república y eso lo vimos, básicamente, en que se le dio una concesión al Poder Judicial, es un regalo del presidente a éste y se da una subordinación por esto, para seguirle dando la razón”.

La concentración

Una de las críticas que se han hecho a la reforma, tiene que ver con el hecho de que le da más influencia al ministro presidente de la Suprema Corte, algo que para muchos es una concentración del poder.

“Hay una especia de efecto de concentración de poder que puede resultar inadecuado por ser un órgano colegiado. La voz y la opinión de los ministros se debe hacer vales y esta reforma limita algunos aspectos de esta circunstancia más en conducción administrativa, de nuevos procesos, en capacitación, de nuevas plazas, hay un tema de asignación de plazas muy importante y un tercer gran punto es el de la justicia constitucional que se va a limitar por las restricciones por las controversias constitucionales y en el amparo directo en revisión, en lo cual habrá un único filtro que puede significar una limitante al acceso a la justicia de parte, otra vez, del presidente de la Suprema Corte”, señaló Jorge Lara.

Para Mario Fernández, es una de las preocupaciones que deja la reforma aprobada en el Senado.

“En la práctica, el ministro Zaldívar es presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, con la reforma los jueces y magistrados no sólo le van a deber el cargo, sino también la asignación de asuntos al presidente del Consejo, en un modelo de control concentrado, incluso autoritario, de parte del presidente de la Corte, que pretende fortalecer su poder al interior del Pode Judicial. Uno de los puntos es que ahora los jueces van a durar 6 años y van a tener que seguir un procedimiento para mantenerse, la decisión de su permanencia la va a tener el Consejo de la Judicatura, es decir, de nueva cuenta quien se atribuye esas facultades es el ministro presidente, a quien le van a deber la ratificación del nombramiento, si hablamos de un hiperpresidencialismo, ahora podemos hablar –si se me permite el término– de una hiperjudicialismo, en el cual el presidente de la Corte va a contar con facultades constitucionales para concentrar el poder en el nombramiento de jueces y magistrados, asignarles libremente los temas que tendrán que conocer de violaciones a la Constitución y derechos humanos. El presidente de la Corte le copió el estilo al presidente de la república”.

 

Repercusiones

En otro orden de ideas, varios temas que eran necesarios que se abordaran quedaron en tintero, en opinión de nuestros entrevistados.

“Significa la expedición de nuevas leyes como la orgánica de la Corte, la de la ley de amparo y ha dejado fuera temas que se muestran en insatisfacciones, como el proceso de asignación de ministros, que sigue siendo ineficiente y muy pobre que no garantiza que los perfiles que lleguen sean los adecuados para integrar el máximo tribunal y otros como justicia fiscal que pudieron entrar en la Reforma”, consideró Jorge Lara.

Por su parte, Mario Fernández explicó que con los cambios en la Reforma se les da más peso a las decisiones en materia de constitucionalidad, pero dejando de lado el aspecto de la legalidad.

“La Carrera Judicial, que aún no existe, y precisamente lo que se tiene que prohibir expresamente en el Poder Judicial es el nombramiento de familiares directos y de personas que tengan alguna relación de pareja, concubinato y otras, con los jueces y magistrados, ahí tuvo que se muy puntual, de igual manera tuvo que ser puntual en los casos en los que amerite una expulsión o remoción de parte del Consejo de la Judicatura a jueces y magistrados en casos de corrupción, si bien es cierto que esta regulado, las sanciones deberían ser inmediatas y severas, muy puntuales, porque vemos casos de corrupción o jueces que tenían a la esposa, a la amante, a los hijos, a los amigos de los hijos, dentro del propio Poder Judicial, que denota un patrimonialismo, nepotismo y corrupción y no se ve expresado en la reforma”, completó Mario Fernández.

Nuestro entrevistado propuso también que se creara un tribunal de legalidad, ya que la Suprema Corte se va a abocar en temas constitucionales, “que únicamente conozca de este tipo de cuestiones, porque ahora la competencia de la Corte está mezclada, conoce temas de violaciones a las leyes y a la Constitución, lo que tendría que funcionar es un tribunal constitucional, que sería la Suprema Corte, y por otra parte un Tribunal Suprema de Legalidad, porque la mayor carga de trabajo tiene que ver con violaciones a las leyes y es muy diferente la óptica”.

Corte supeditada

También nuestros entrevistados exploraron el tema de si se trata de una enmienda que deja subordinada a la Corte ante el Ejecutivo Federal.

“Definitivamente, hay preocupación por el hecho de que la Suprema Corte deje de ser uno de los tres poderes en términos de pesos y contrapesos en términos políticos, la validación que hizo la Corte de la pregunta inocua de la consulta que mandó el presidente es una muestra de que se están corriendo riesgos de un plegamientos de lo que debe ser un poder imparcial, porque lo que hicieron la mayoría de la Corte fue comprarle un boleto a López Obrador para intervenir en el proceso electoral, no puede haber algo más grave y delicado, ni algo más preocupante que la intervención de un presidente en una democracia en ciernes como la nuestra, empujado y validado por la Suprema Corte, incluso a nivel internacional juristas de talla muy importante dicen que es un caso evidente de activismo judicial y con una pregunta totalmente absurda e inocua”, opinó Jorge Lara.

De acuerdo a Mario Fernández, lo preocupante es que se concentra el poder en un solo funcionario judicial.

“Al día de hoy, vemos una absoluta subordinación de la Corte al presidente de la república, vemos también que el siguiente presidente de la Corte se ajustará a este modelo que está dejando Arturo Zaldívar, como un traje a la medida, para que también concentre este mismo poder. El presidente de la Corte va a tener un voto de calidad, quienes se quedan y quienes se van va a quedar a capricho de una persona. Va a haber una progresiva sustitución de jueces y magistrados, con las nuevas reglas, por personas afines al presidente, el presidente de la Corte debía tener una herramienta de control político, es un libreto que ya conocemos, ocurrió en Venezuela o en Argentina, acabar con las reglas del Poder Judicial y nombrar a personas afines”.

 

¿Era necesaria?

Finalmente, preguntamos a Jorge Lara y a Mario Fernández si era necesaria esta reforma en los términos que se planteó.

“Quizá algunos componentes constitucionales mínimos tienen una base más sólida, pero muchos de sus componentes no requerían una reforma constitucional, el tema del nepotismo y la corrupción no la requerían, se pueden encarar y se deben encarar con los instrumentos que existen, pero existe esta relación muy cercana, en tratándose de personas es saludable, pero tratándose de poderes siempre las cercanías resultan sospechosas”, consideró Lara Rivera.

“Realmente fue un regalo del presidente hacia el Poder Judicial, habida cuenta de que el presidente controla a través de su partido ambas cámaras del Congreso, básicamente fue el famoso un quid pro quo, para que le sigan dando la razón en temas que son competencia de la Corte”, concluyó Mario Fernández.

@AReyesVigueras