Por Almendra Ortiz de Zárate Béjar y Patricia González Garza
El pasado 25 de marzo se cumplieron 10 años del inicio de la Guerra Civil en Siria. Lo que comenzó como una serie de protestas pacíficas en contra del régimen de Bashar al-Assad se ha convertido en uno de los conflictos más violentos de la era contemporánea. Las protestas iniciaron en marzo del 2011 en el contexto de la Primavera Árabe, un movimiento organizado por la sociedad civil a través de redes sociales en contra de regímenes corruptos y autocráticos en el Medio Oriente y el norte de África.
Las demostraciones en contra del gobierno en Siria fueron inspiradas por el derrocamiento de Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto. Los primeros protestantes sirios fueron estudiantes de la provincia de Daara, quienes escribieron un simple pero poderoso mensaje en una pared: “ahora es su turno (de caer), doctor al-Assad”. La confrontación al régimen provocó revuelo en la sociedad siria, ya que señalaba las acciones corruptas y autoritarias presentes desde 1963, cuando la familia al-Assad llegó al poder. Las fuerzas armadas respondieron con arrestos y torturas hacia los jóvenes. Desde ahí, todo fue cuesta abajo.
La sociedad siria experimentó lo que otros países árabes, el despertar de un descontento que había sido reprimido desde décadas anteriores por medio de constantes violaciones a la libertad de expresión y protesta. El 25 de marzo de, 2011, surgieron movimientos pacíficos en diferentes provincias del país, que el gobierno intentó reprimir con el uso de la fuerza. Esto trajo un mayor número de personas civiles heridas y fallecidas. Además de los enfrentamientos entre civiles anti-régimen y las fuerzas armadas nacionales como partes del conflicto, la situación continuó agravándose debido al involucramiento de actores externos.
El gobierno de Siria ha recibido el apoyo de Rusia, su aliado histórico, así como de Irán, cuyos intereses en el país son de carácter religioso. Irán es el único país de mayoría musulmana shiita, y la familia al-Assad pertenece a la secta alawita, derivada de esta rama del islam, aunque Siria es en su mayoría un país sunita. Asimismo, se involucraron grupos radicales como el Estado Islámico (ISIS) y Hezbollah, que han perpetrado numerosos ataques terroristas y han reclutado civiles a sus filas.
Por otro lado, Estados Unidos, Arabia Saudita y Turquía han asistido a las fuerzas de oposición por diferentes razones: Estados Unidos se ha comprometido con su lucha contra el terrorismo y busca eliminar a las fuerzas del Estado Islámico. Arabia Saudita, uno de los países sunitas más importantes de la región, ha adoptado un rol en el que su presencia en Siria representa un contrapeso ante su enemigo regional, Irán. Por último, Turquía ha aprovechado su intervención en la Guerra Civil para extender su lucha en contra de la minoría kurda.
La violencia exacerbada por los distintos intereses de las partes del conflicto ha impactado dentro de la estabilidad de la región: más de 600,000 personas han muerto, de las cuales 55,000 eran niños. El gobierno ha encarcelado alrededor de 200,000 prisioneros políticos que han sido torturados. Además, la guerra ha provocado el desplazamiento de 7 millones de personas, lo que ha resultado en una diáspora siria distribuida principalmente entre Turquía, Líbano y Jordania.
A diez años del inicio de la Guerra Civil, una cosa es clara: los esfuerzos de la comunidad internacional para que Siria alcance un estado de paz han sido insuficientes. Durante el transcurso del conflicto se han reportado crímenes internacionales como crímenes de guerra y de lesa humanidad. El régimen de al-Assad ha utilizado armas químicas en contra de los civiles, y la oposición ha reclutado niños soldado y asesinado a miembros de minorías étnicas. Estos son crímenes justiciables ante la Corte Penal Internacional y definitivamente, podrían ser detenidos por la comunidad internacional.
Las partes involucradas en el conflicto no demuestran voluntad política para intervenir. Rusia y Estados Unidos mantienen su injerencia militar y política sobre el país, a tal grado que el conflicto permanece inmutable. La situación humanitaria sigue en declive y, aunado a esto, el gobierno ha demostrado ser incapaz de enfrentar la terrible crisis económica que sólo empeora la calidad de vida de los sirios. Una década después, es imperativo que la comunidad internacional no se olvide del caso sirio. Solo así se podrá asumir la responsabilidad de proteger para asegurar que Siria consiga alcanzar un proceso de construcción de paz.
Almendra Ortiz de Zárate Béjar es coordinadora Académica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac, especialista en Migración Internacional.
Almendra Ortiz de Zárate Béjar y Patricia González Garza es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac México.