Por Patricia Alvarado
El derecho a morir ya es una realidad en España, lo que convierte a este país en la cuarta nación en Europa y la sexta en el mundo en legislar sobre la eutanasia. El Congreso de los Diputados aprobó por 202 votos a favor y 141 en contra, esta norma que “permite poner fin a la vida con la intervención de un profesional de la salud, en caso de enfermedad incurable, grave, crónica e invalidante” o que “cause un padecimiento que imposibilite al paciente y que le provoque un sufrimiento físico o psíquico insoportable”.
El paciente tiene que ser mayor de edad, tener nacionalidad española o ser residente y debe dejar por escrito dos veces en dos documentos separados, en condiciones psicológicas y capacidad plenas, que quiere poner fin a su vida. Además, la persona está obligada a confirmar al menos en cuatro ocasiones que ya no desea vivir, en un plazo de entre 40 y 50 días. Si bien, también se puede echar para atrás e incluso aplazar la eutanasia durante el proceso de la toma de esta decisión que va a la raíz de la propia existencia.
La ley que entrará en vigor el próximo mes de junio, despenalizará la ayuda de los médicos a morir, que se exponían a penas de cárcel de entre dos y diez años. La norma estará incluida dentro del Sistema Nacional de Salud y contemplará también el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia. Después de la primera solicitud de eutanasia, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posible cura o terapia y cuidados paliativos. Tras estas explicaciones, la persona deberá confirmar su intención por lo menos dos veces de seguir adelante con su derecho a morir. El doctor que autorizaría el proceso estará obligado a consultar a otro facultativo independiente formado en la especialidad de la patología del paciente y una comisión de evaluación elegiría a un jurista y un médico, que sopesarían el caso para tomar una decisión. Si se llega a suministrar la sustancia que acabaría con la vida del paciente, el sanitario que lo haya prescrito estará al lado del paciente hasta el último suspiro.
El debate parlamentario que culminó con la aprobación de la ley de la eutanasia, puso de manifiesto las profundas discrepancias de los partidos políticos de la izquierda y de la derecha en un agrio enfrentamiento que mostró las divisiones de la sociedad. Desde la bancada del partido gobernante, liderado por el socialista Pedro Sánchez, se habló de un “día importante para la libertad individual “y de “haber dado un paso hacia una sociedad más humana y justa”. Sin embargo, voces de dirigentes del Partido Popular de corte conservador y de la formación de ultraderecha Vox, aseguraron que la ley supone una vejación, “una ignominia” a la vida y que se había apostado por “una cultura de la muerte, en vez de invertir en cuidados paliativos” y prometieron recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Grupos de defensores de la eutanasia celebraron frente al Congreso de los Diputados en la Carrera San Jerónimo de Madrid la aprobación de la “muerte digna”, con carteles de “Derecho a morir”, mientras que detractores de la norma, vestidos de negro como espectros con capucha y una guadaña como se representa a la muerte, protestaron con gritos de “Gobierno criminal…Gobierno de la muerte”.
Una reciente encuesta del Centro de Estudios Sociológicos de Presidencia, reflejó que el 82 por ciento de los españoles estaban a favor de una ley de la eutanasia.
España pasa a ser junto con Holanda, Bélgica y Luxemburgo en Europa y Canadá y Colombia en el Continente Americano, el sexto país que legaliza el derecho a morir, un tema que a pesar de su legislación, sigue levantando ampollas en el resto del mundo e incluso donde ha sido regulado.