La eficacia del sistema político requiere de consensos que privilegien al interés general de la sociedad. Toda decisión implica definiciones con costos y ventajas para los electores. La auténtica democracia no se agota en las urnas, va más allá de la democracia electoral; supone una participación real de los ciudadanos en la elaboración de las políticas. Para esto, lo procedente sería convocar a una amplia reflexión, para que los mexicanos seamos capaces el próximo 6 de junio, de emitir un voto razonado. Los tiempos actuales son tiempos de actuar con decisión, de actuar y decidir con visión de futuro, llevamos dos décadas construyendo el México del tercer milenio, y tal pareciera que desde hace dos años vivimos en un retroceso continuo.

En México los males de este tiempo, que conviven en los ámbitos de lo público y lo privado, como la concentración del poder en unos pocos actores políticos y poderes fácticos, la exacerbada corrupción, la violencia, la delincuencia organizada, la impunidad, las injusticias, que los órganos jurisdiccionales no son capaces de evitar, el desempleo y la miseria de muchos millones de mexicanos, y por si fuera poco la terrible pandemia que nos azota desde hace un año, por lo cual se necesita con urgencia que quien gobierne lo haga bien y para todos.

La vía institucional y el cauce político deben privilegiarse, si verdaderamente se quiere evitar un estallido social de alcances imprevisibles, proveniente del México bronco que se exterioriza en los millones de pobres que ha generado el modelo imperante.

Es cierto que el presente que vivimos en el México de nuestros días no resulta especialmente luminoso, inmersos en una crisis de salud, económica y de seguridad pública sin precedentes; la desilusión, el escepticismo y la rabia social ante la mediocridad de quienes dirigen los destinos del país se acrecientan; se percibe por un lado un ánimo de cambio y por otro parece existir una depresión social que se filtra por los vasos comunicantes de toda la sociedad.

Ante la cerrazón y falta de visión de Estado, de la actual generación de políticos que se encuentra al frente de la vida pública, la sociedad civil debe elevar la voz y hacerse presente imponiendo su vinculación en la generación de iniciativas y propuestas para planes, programas y proyectos de carácter público, y desde luego, para establecer mecanismos de control sobre los representantes elegidos popularmente, los servidores públicos y sobre toda la gestión pública.

La gobernabilidad y las políticas públicas deben generarse a partir de un diálogo con la base social, como productos del consenso de grupos específicos y actores sociales reales. Esta es la vía institucional y el cauce político que debe privilegiarse si verdaderamente se quiere evitar un estallido social de alcances imprevisibles, proveniente del México bronco que se exterioriza en los sesenta millones de pobres que ha generado el modelo de desarrollo imperante.

El reclamo casi unánime de los mexicanos es una exigencia de seguridad, esa seguridad perdida desde hace algunos lustros, que a cada momento se vulnera en todo el país y lacera las diferentes esferas de nuestra sociedad, los agentes del Gobierno realizan acciones reactivas proponiendo medidas que como lo estamos testimoniando, han resultado poco eficaces, como el incremento de los elementos policiales y militares en las calles, el aumento de penas y los acuerdos y reuniones nacionales sobre seguridad, pero todas estas medidas no pasan del simple discurso y el índice delictivo sigue incrementándose.

Resulta inaceptable que nuestra sociedad continúe viviendo con la pérdida de los elementales valores éticos de convivencia social armónica, es por ello que debemos poner fin a la impunidad, a la complicidad y connivencia entre autoridades, policías y delincuentes, que en no pocas ocasiones actúan por igual en ambos bandos. La obligación primordial de un Gobierno es garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de la población. Los mexicanos queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos erradicar la impunidad, queremos rescatar los valores éticos de convivencia, pero no queremos vivir en un Estado policíaco en el que se violenten los derechos fundamentales de las personas, queremos vivir en un Estado en donde se respete la dignidad de todos los ciudadanos.