Al cumplirse un mes del estallido social en contra del gobierno de Iván Duque Márquez, el mandatario impone el toque de queda nocturno en Cali, la tercera ciudad en importancia de Colombia. Ante el caos imperante en el país, el líder del partido Centro Democrático, en el poder desde el 7 de agosto de 2018, anunció el viernes 28 de mayo en Popayán: “A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la policía nacional en la ciudad de Cali”, tras encabezar un consejo de seguridad en la urbe caleña —de dos millones de habitantes—. Con esta imposición, Duque puso en servicio un dispositivo de apoyo militar de aproximadamente siete mil efectivos para ocho departamentos afectados por la protestas. Dichos estados son los siguientes: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda. Para impedir que la situación empeore, la resolución presidencial indica que los alcaldes de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, deben actuar en consecuencia para retomar el orden.
Durante el mes de levantamiento popular se han registrado, oficialmente, 59 muertos, y 2,300 heridos, entre civiles y uniformados. Pero la ONG, Human Rights Watch afirma tener denuncias sobre 63 muertes, 28 relacionadas con la crisis. Restos de barricadas y toneladas de escombros son el principal testimonio del caos que envolvió a Cali. Por lo menos 13 personas murieron en distintos episodios, entre ellas un funcionario de la Fiscalía central que mató con su arma de cargo a dos manifestantes que bloqueaban una calle. La turba, ya sin control, se abalanzó sobre el funcionario, que estaba fuera de servicio, y lo linchó.
Cali ha sido el epicentro de las manifestaciones. Los bloqueos que afectan a la ciudad colombiana y a otras han dividido a la administración de Centro Democrático y al frente más visible de la protesta, que conversan desde hace más de dos semanas sin llegar a ningún acuerdo.
Desde el 28 de abril pasado diariamente se movilizan en muchas partes de Colombia grupos de protestas en contra del gobierno de Duque por los abusos policiacos y el manejo de la crisis económica que provocó la pandemia del COVID-19. E l último viernes de mayo la jornada fue particularmente violenta en Cali. Por lo mismo, la policía aseguró que investigará a los uniformados que fueron “permisivos con la actuación de civiles armados”.
Desde el inicio de las protestas, el distanciamiento entre el gobierno de Duque y la sociedad civil ha sido claro. Es más, la legitimidad del presidente está en entredicho desde mucho antes de que estos movimientos se iniciaran, pues en Diciembre de 2019 ya enfrentaba una desaprobación de 70 por ciento. Ahora, el rechazo a su gestión navega entre el 76 por ciento y el 79 por ciento, en los últimos días. A principios de mayo, después de cuatro jornadas consecutivas de personas —y cuando la lista de muertos empezaba a enlutar a los hogares colombianos de acuerdo a los registros del Ministerio de Defensa—, Iván Duque no tuvo otro camino que solicitar al Congreso retirara la reforma fiscal radicada el 15 de abril y trabajar en el texto de otra propuesta que pueda estabilizar las cuentas nacionales, “fruto de los consensos”.
La reforma fiscal que desató la ola de protestas populares buscaba recaudar más de 30,000 millones de dólares, pero ocasionó una subida en las tasas de interés de los bonos de la deuda del país ya una depreciación de la moneda nacional (el peso colombiano, que ha llegado a ser la divisa suramericana más depreciada de América Latina), en relación con el dólar estadounidense. El desorden social colombiano se agudiza en medio de una disminución en la calidad de vida del país suramericano. Según datos del Departamento A dministrativo Nacional de Estadística, “Por el COVID-19, la pobreza subió en el país (del 35,7 por ciento) al 42,5 por ciento”.
Asimismo, en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de la cuarta economía de América Latina cayó 6.8 por ciento, su peor desempeño en medio siglo. El desempleo subió a 16.8 por ciento en marzo último y 3.5 millones de personas cayeron en la pobreza en la crisis económica debida al embate de la pandemia que no perdona a nadie en todo el mundo. Desde el 6 de marzo del año pasado, casi 2.9 millones de personas han contraído el virus en Colombia, de los cuales 88,282 han muerto. La población del país según el último censo era de 50,883,000.
La jornada del lunes 10 de mayo en Colombia estuvo marcada por el inicio del diálogo entre Iván Duque Márquez y los dirigentes del Paro Nacional. La cita fue en el Casa de Nariño, pasadas las 12.35 horas (tiempo local) en Bogotá, y se anunció como una ocasión para buscar poner fin a las protestas. Por una parte el bando oficial, encabezado por el mandatario, y por el otro, los dirigentes del paro: líderes sindicales y de otros sectores vinculados a la protesta.
La agenda se diseñó en torno a seis temas: vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero. Los promotores del paro presentaron un pliego de emergencia con varias demandas, incluyendo el decreto que establece el piso de protección social y la renta básica de al menos un salario mínimo, entre otros puntos. Quizás el primer punto a discutir fue el de la definición de ls conversaciones. Los dirigentes del paro hablaban de que debía ser una “negociación” y el gobierno de un “gran diálogo nacional”. Duque pretendía que terminaran los bloqueos y que se suspendieran las acciones violentas. Por lo que se ha visto, la reunión no prosperó. Hasta la fecha. El propósito de militarizar el problema quizás no es la mejor idea.
Según Diego Molano, secretario de Defensa, antes de declarar el toque de queda nocturno, se desplegaron en Cali 10,000 policías y 2,100 militares. Además, se cerraron los ingresos a la región caleña. Algunos bloqueos fueron levantados pero varias barricadas se mantuvieron en el lugar. Hermes Pete, consejero indígena, anunció que habilitaron un corredor humanitario para distribución de alimentos y medicinas a comercios en las ciudad, pero desestimó el llamamiento a regresar a los territorios indígenas.
Cuando el movimiento llevaba 15 días de protestas, el jueves 13 de mayo la entonces canciller Claudia Blum agitó, aún más, si esto fuera posible, las aguas, al presentar su renuncia ala presidente Duque. Así, Blum se convirtió en la segunda figura del gabinete del mandatario de la Derecha en renunciar desde el inicio de las protestas, después que hiciera algo similar, Alberto Carrasquilla, entonces titular de Hacienda.
Claudia Blum no esgrimió razones para dimitir, pero el motivo se interpretó como una cesión a las críticas de la comunidad internacional, sobre todo por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por la brutal represión policiaca a los manifestantes, que suma decenas de asesinatos policiales en tan solos dos semanas.
Entre tanto, el Alto Comisionado para La Paz, Miguel Ceballos, mediador por parte del gobierno para el diálogo, declaró: “Estamos listos para sentarnos a negociar”. Por lo mismo, exigió al Comité de paro, “una respuesta inmediata”.
Por si algo faltara, la noche del miércoles 12 de mayo, una joven de 17 años de edad, fue conducida en forma violenta a una sede de la fiscalía en Popayán, al ser aprehendida durante una manifestación. La menor, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por cuestiones legales, aparece en un video gritando mientras la policía la inmovilizaba de pies y manos. La jovencita manifestó que “la habían golpeado y que tenía laceraciones en las manos…Soltame que me estás desnudando. Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”. Al día siguiente, el jueves 13, la joven se suicidó cuando estaba sola en su casa. Antes de quitarse la vida, le narró a su abuela que “le dolía el estómago y que la habían manoseado”. Una red independiente de derechos humanos denunció los hechos lo que desató nuevas manifestaciones contra la fuerza pública.
Organizaciones feministas de Colombia convocaron protestas el viernes 14 de mayo en distintas ciudades del país, en rechazo a la violencia sexual cometida por las fuerzas de seguridad . La Plataforma Grita, una de esas organizaciones, señaló que en 2,100 casos de agresión policial registrados desde el inicio del Paro Nacional se han constatado por lo menos 16 de violencia sexual contra las mujeres.
De tal forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al gobierno de Colombia permiso para una visita de trabajo a fin de observar de primera mano la situación que priva en el país. Aún no se ha dado a conocer la respuesta de Bogotá. Por su parte, Jorge Sánchez, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), precisó: “Pedimos a la comunidad internacional colocarle atención a Colombia porque (la situación) puede terminar en una masacre de la movilización social, porque el gobierno lo que ha dicho es que ahí hay terrorismo, y con mesa palabra lo que hace es un señalamiento directo a los movimientos sociales”.
El dirigente indígena agregó que desde hace más de un mes, cuando dieron comienzo las protestas masivas contra la reforma fiscal propuesta por Duque, ya revocada, “el pueblo se levantó por muchas situaciones de desatención. Hoy están en las calles estudiantes, obreros, trabajadores informales, taxistas. Ese levantamiento ha sido un rechazo, porque el pueblo se cansó de la no atención y esperan políticas públicas que atienden a la sociedad”.
Jorge Sánchez hizo hincapié en las causas del problema como los altos índices de pobreza, el desistimiento gubernamental hacia las periferias, leyes que siempre van en contra del pueblo colombiano y la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Y el senador de izquierda, Iván Cepeda, por su parte informó que se ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), de La Haya (Países Bajos), pues “consideramos que el Estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones por abusos de la policía en las protestas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y eso es así porque hay un exceso de concentración de poder en el presidente Iván Duque”…”Lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes”, lo que justifica la querella ante la CPI.
La querella incluye reportes de delitos contra la población civil: homicidio, tortura, privación grave de la libertad física, violencia sexual y desaparición forzada. Da cuenta, además, de por lo menos 1,595 hechos ocurridos en varios departamentos del país que demostrarían violaciones de derechos humanos. La denuncia además, advierte de 435 personas que se reportaron como desaparecidas. Y, de estos hechos, se aportó la identidad de 315 individuos. Se documentan 24 casos de asesinatos y 50 de víctimas de tentativa de asesinato, 16 de violencia sexual, 11 de desaparición forzada, 129 de tortura y 1,365 de detención irregular.
Al momento de escribir este reportaje, se cumplen 33 días del inicio de las protestas contra la reforma fiscal propuesta por el presidente Duque, misma que ya fue revocada. Al mismo tiempo, el domingo 30 de mayo, miles de colombianos en los distintos departamentos del país marcharon en forma pacífica para exigir la paz y el fin de los bloqueos y la represión.
En forma simbólica, vestidos de blanco, con pancartas con leyendas como “Los buenos somos más” y “sí a la movilidad”, mientras otros ondeaban banderas nacionales en la llamada MARCHA DEL SILENCIO, se lanzaba el llamamiento para levantar el paro que reconocían ha afectado al comercio, la entrega de suministros y la economía, lo que ha agudizado la escasez de alimentos en todo el país. Aunque la mayoría se inclinaba por los métodos pacíficos, después de cinco semanas de violencia en las que han fallecido decenas de personas, víctimas de disparos de muchos calibres —y de armas oficiales—, fue inevitable el choque verbal entre distintos grupos de los propios manifestantes.
Unos a favor de las Fuerzas Armadas —a las que incluso les regalaron flores—, y hasta al presidente Iván Duque, al señalar que las violencias es provocada por bandas de jóvenes impulsivos, y otros reprocharon que los oficiales son los responsables de la represión y uso excesivo de la fuerza, luego del rechazo de la polémica reforma fiscal que el mandatario —el delfín del ex presidente Alvaro Uribe— tuvo que cancelar con el pretexto de que así se podría redactar otro “mejor” proyecto.
Mientras el país pudiera arribar a playas más tranquilas, Colombia está por superar los 60 muertos en las manifestaciones, la mayoría a manos de uniformados militares o civiles que han disparado contra manifestantes. A la par de estos disturbios sociales, Michelle Bachelet, la ex presidenta chilena, actual funcionaria de las ONU en materia de derechos humanos, condenó los hechos y urgió a investigar los ataques armados, para que los culpables puedan ser castigados de manera inmediata ante la crisis social que vive la nación sudamericana. En tanto, Bogotá busca reanudar las negociaciones para terminar con los bloqueos.
Bachelet afirmó” “Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muertes incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes”. Por todo esto demandó un alto a la violencia.
El llamamiento al cese de la violencia fue respaldado por 17 embajadores de la Unión Europea (UE), quienes instaron a mantener el diálogo como única vía para alcanzar la reconciliación nacional. Asimismo, la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de Argentina desplazada a la capital colombiana denunció la “masacre” contra los manifestantes y el “ejercicio del terrorismo de Estado sobre la manifestación”.
Mientras Colombia pueda encontrar la paz y la concordia, el país está fracturado y no encuentra la salida a la espiral de violencia que parece no reducir su crudeza. Iván Duque no la tiene nada fácil. VALE.