Entrevistas con Rafael Hernández Estrada y Jorge Lara Rivera, abogados y especialistas

El 1 de agosto de 2021 se llevará a cabo una consulta que pretende fincar las bases para lo que sería un juicio a los exgobernantes que antecedieron en el cargo a López Obrador. Se trata de un ejercicio que, a diferencia de otros ejecutados en el pasado, se basa en la ley de Participación Ciudadana, contó con la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la participación del Poder Legislativo, por lo que será organizada por el INE –a pesar de no contar con presupuesto para el ejercicio– que instalará alrededor de un tercio de las casillas que se ubicaron en la pasada elección del 6 de junio.

Para que el resultado sea vinculante, tendrá que participar un 40 por ciento del padrón ciudadano que maneja la autoridad electoral, esto es 37.6 millones de electores, algo que se antoja difícil por la naturaleza de la consulta y que los recientes comicios sólo lograron atraer a poco más de la mitad del padrón compuesto por 94 millones de registros.

Además, la pregunta que la SCJN reformuló es considerada ambigua y sin una precisión que permita determinar a quien se debe juzgar y por qué motivos.

En 2002, el propio López Obrador realizó una consulta para los segundos pisos que su administración construyó en la Ciudad de México, en la cual participó el 6 por ciento del padrón ciudadano de la capital del país. Incluso, en la consulta que efectuó para justificar la cancelación de las obras del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, votaron poco más de un millón de personas en todo el país, con 747 mil a favor de la nueva ubicación de Santa Lucía.

Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco, también hizo uso de tal instrumento como presidente municipal y aunque con poca participación, le sirvió para apuntalar su proyecto de llegar a ser mandatario de su entidad.

Consultados por Siempre, Rafael Hernández Estrada y Jorge Lara Rivera, especialistas en temas legales y con experiencia en el poder legislativo, consideran que se trata de un ejercicio que pone en duda el Estado de derecho y que podría servir para nada.

Entrevistados por separado, coincidieron que se trata de una consulta que no tendrá éxito.

Ejercicio fracasado

Dos son las conclusiones que se derivan de la platica que tuvimos con el representante del PRD ante el INE, que se trata de algo que no pregunta a la ciudadanía si se tiene que enjuiciar a los ex mandatarios y que será un completo fracaso.

“En primer lugar, no es verdad que la consulta sea como dice López Obrador, de si se le pregunta a la agente si se enjuicia o no a los expresidentes, esto es falso, porque la Suprema Corte de Justicia rechazó la pregunta que propuso en su carácter de promovente de la misma y formuló una que es totalmente distinta y que es la que aparecerá en las boletas el 1 de agosto, no menciona para nada a los expresidente, mucho menos los nombres, si se enjuician o no; por qué aparece así, porque la SCJN consideró que la pregunta podría ser sesgada así como la quería López Obrador y afectar el debido proceso y hasta la presunción de inocencia.

“La SCJN formuló una pregunta totalmente genérica, abstracta, que se refiere a hechos del pasado, no de sexenios anteriores, es decir a partir de un día antes y no menciona a los expresidentes ni por sus nombres o cargos, se refiere a actores políticos que pudieran haber afectado derechos de otras personas.

“Si la intención es llevar a juicio a funcionarios por posibles actos criminarles o delictivos, no hace falta ninguna consulta para eso, es obligación del gobierno denunciarlos y la de la Fiscalía es hacer la investigación para presentar la denuncia ante un juez, para eso no se necesita consultar nada”.

En la opinión de nuestro entrevistado es una consulta “innecesaria”, pero fue promovida por el rechazo a que la consulta para la revocación de mandato se realizará el mismo día de la elección federal, “López Obrador buscaba apoyar con su nombre a sus candidatos el pasado 6 de junio, no lo logró y salió con esta consulta, en su origen sigue el mismo objetivo para apoyar la campaña de Morena”.

Asegura que se basa en la animadversión que se tiene en contra de los expresidentes, “buscó aprovechar esto para favorecer electoralmente a su partido”, pero que está siendo saboteada desde el mismo gobierno, “el uso electorero que buscaban para esa consulta ya surtió efecto y ahora no saben que hacer con la consulta, no se incluyó ni un peso al presupuesto de egresos para su organización, no lo incluyó el proyecto de la secretaría de Hacienda en la Cámara de Diputados y la aplanadora morenista en San Lázaro no incluyó un solo peso, no les interesaba y sólo querían darle un uso electorero. Es una consulta que no tiene recursos, el INE ha tenido que hacer ahorros forzados en otras partidas para juntar una bolsa que permita su realización, pero eso afectará al número de casillas y la calidad de la organización, el INE piensa instalar la tercera parte de las casillas, con un número acotado de boletas y todo en contra”.

Concluye que “va a ser un fracaso, así se puede pronosticar, para que tenga validez deben participar el 40 por ciento del padrón, ese porcentaje no se va a lograr, va a ser un ejercicio fracasado e inútil”.

¿Romperá el pacto de impunidad?

Para Jorge Lara Rivera, con la experiencia por su paso en la PGR, se trata de una consulta que puede vulnerar derechos antes que hacer justicia, además de preguntar, si el resultado de la misma es favorable a proceder a un juicio en contra de exmandatarios, si el actual presidente romperá con esto el pacto de impunidad que tiene con su antecesor.

“Es un ejercicio que no corresponde a la naturaleza de la consulta pública, toda vez que el contenido vulnera derechos fundamentales que no se pueden poner a consulta, tanto por lado de las víctimas de acceso a la justicia, como por el del debido proceso y la presunción de inocencia, además de la falta total de claridad, de certeza jurídica, entonces coincido con quienes expresan que tiene un carácter propagandístico, parcial para favorecer una agenda discursiva que no corresponde al bien común”.

Sobre las acusaciones que López Obrador buscó ejemplificar en una de sus conferencias mañaneras, Jorge Lara señaló que se debe tener cuidado con este tipo de declaraciones porque podría ser motivo de encubrimiento si no se entregan las pruebas para que se inicie una investigación.

“Cualquier acusación con la cual se cuente con pruebas o material suficiente debe ser entregado al ministerio público para que este proceda, el hecho de que no lo haga puede suponer un encubrimiento. Vemos que el presidente sigue instalado en los prejuicios del pasado ante la falta de resultados que es lo que nos tiene que interesar a los mexicanos, una pésima gestión económica por ejemplo”.

Acerca de los delitos que podrían estar prescritos y que, por lo tanto, ya no serían motivo de un juicio, consideró que en realidad el castigo no es el objetivo de la consulta.

“Jurídicamente hay muchos delitos que ya están prescritos, la consulta no tiene nada de certidumbre, no habla de expresidentes, en el afán de quedar bien del ministro Zaldívar hizo una pregunta ininteligible, llama al linchamiento y no es un llamado a la unidad; la parte jurídica es totalmente débil, hay delitos prescritos, si es que acaso existieron, es un llamado a hacer campaña”.

“Es previsible que el presidente siga con el manejo de esta agenda propagandística, se pueden presentar denuncias pasado el tiempo; él va a buscar un discurso acomodaticio y no hay que olvidar que hay un pacto de impunidad con Peña Nieto y López Obrado quiere desembarazarse de eso”.

“Cualquier persona que hubiera cometido conductas que requieran una investigación o un esclarecimiento por parte del Ministerio Público o, incluso, ante un juez, tiene el derecho a la presunción de inocencia y a defenderse con todas las garantías, hemos visto a lo largo de estos dos años y medio a colaboradores muy cercanos al gobierno de Peña Nieto y que no se ha enderezado ningún tipo de denuncia, ningún tipo de indagatoria o respecto al expresidente Peña, y la razón es muy sencilla, no requiere mayor análisis ni mayor interpretación, hay un pacto de impunidad, Peña Nieto intervino y generó una campaña en contra de quien hubiera contendido con mayor vigor en contra de López Obrador, Ricardo Anaya, y a partir de ahí se entienden estas obsecuencias, gentilezas y estas mutuas deferencias entre Peña y López Obrador”.

Rechazo a la consulta

En distintos medios de comunicación, distintos analistas han hecho pública la intención de no participar en la consulta del 1 de agosto.

Para José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE, “las consultas pueden fortalecer la democracia, implicando a los electores en la decisión de asuntos relevantes, pero la que se va a realizar tiende a degradarla; la convierte en un circuito irracional en el que las garantías procesales son masacradas y las responsabilidades de las autoridades diluidas, construyendo un carnaval que tiene mucho de espectáculo ultrajante, venganza y operación distractora.

“No cuenten conmigo. Y espero que un número considerable de ciudadanos no se sumen a ese ejercicio indigno. Recuerden que para que una consulta sea ‘vinculante’ se requiere que participe en ella por lo menos el 40 por ciento de los potenciales electores”.

Otro ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, apuntó en una colaboración periodística que “la mal llamada consulta para enjuiciar a expresidentes se celebrará en agosto próximo y es innecesaria para que el gobierno cumpla su obligación constitucional para denunciar el delito cuando cuenta con indicios. Ojo, no es una consulta para enjuiciar a expresidentes como arguyen los propagandistas del gobierno, sino para tomar “acciones pertinentes” para “esclarecer acciones políticas tomadas por actores políticos” [sic, sic y más sic].

“El país tirará a la basura 505 millones de pesos para preguntar lo obvio: si queremos que se juzgue a los servidores públicos que hayan cometido algún delito (incluidos los de este gobierno), en lugar de que el gobierno presente denuncias y la Fiscalía General realice su trabajo de investigación”.

Raúl Trejo Delarbre, investigador del IIS de la UNAM, consideró que lo mejor es desairar la consulta: “se trata de un ejercicio inútil y sus resultados sólo serán vinculatorios ‘para las autoridades competentes’ si en ella participa más del 40 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista de electores, que ahora es de 94 millones. Es decir, para que tenga alguna validez formal es necesario que a esa consulta acudan 37.6 millones de ciudadanos.

“La justicia no debe depender de ninguna votación. Participar en esa consulta únicamente servirá para legitimarla. Lo mejor será hacerle el vacío”.

En contraste, el analista político Fernando Dworak, en su podcast #RealPolitik101, indica que si bien la consulta es un ejercicio populista para legitimar “al presidente sea cual sea el resultado” y “es un acto propagandístico y un pretexto para evitar gobernar”, es necesario participar en la misma “por más absurda y demagógica que sea la consulta, (pues) sienta un precedente para que sea aplicado un ejercicio similar al actual gobierno. La irresponsabilidad puede convertirse en karma”.

@AReyesVigueras