No todos los mandatarios que sufren un atentado pueden contarlo: el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez es de los afortunados pese a que está en el blanco de sus enemigos que han tratado de que no termine su cuatrienio. ¿Cuánto puede durarle la suerte? Imposible saberlo. Ni los más certeros analistas pueden aventurar nada. Eso es cuestión del destino. Nada más, nada menos.
El asunto es que Duque Márquez no la tiene fácil. Desde fines del mes de abril trae el viento en contra. Y no es materia de reelección como otros mandatarios centro y sudamericanos la manejan. Si no de otros intereses populares. Trátese del venezolano Nicolás Maduro o del nicaragüense Daniel Ortega, por ejemplo. En Colombia, el Congreso bicameral eliminó de la Constitución en el año 2015, la reelección presidencial, como parte de una reforma de equilibrio de poderes. En la historia reciente del país sudamericano solo se beneficiaron de la reelección lo expresidentes Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018).
El presidente Duque, en una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters el mes de marzo último, afirmó: “Yo fui elegido por un periodo de cuatro años: del 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022”. Y aclaró: “Aquí no hay funcionarios de Palacio llamando a nadie, sobre todo para hablar (de hipotéticas reelecciones)…Nuestra agenda es muy clara: vacunación masiva (obvio, para controlar la pandemia de COVID-19), reactivación (económica) segura, una gran agenda social, la recuperación de las finanzas públicas y ejecutar las obras del compromiso por Colombia hasta el 7 de agosto de 2022”. Más claro ni el agua. Pero…
Duque Márquez sabe que casi está acorralado, que su respaldo político no es muy fuerte y que la ciudadanía no lo ve con los mejores ojos. Aunque reculó con sus propósitos tributarios, el descontento popular continúa desde hace varios semanas. En Cali ya hubo toque de queda y las pérdidas económica se calcularon en 30,000 millones de pesos colombianos. La pandemia continúa como sucede en todo el mundo. Golpe a golpe, sus adversarios no le dejan casi respirar.
En pocas palabras, la administración de Duque no es popular. Los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles dicen que, por lo menos, 63 personas han muerto en el país desde el 23 de abril en las manifestaciones callejeras de protesta contra el proyecto presidencial para elevar impuestos a la clase media.
El mandatario tuvo que dar marcha atrás en su intento recaudatorio pero el enojo popular no fue tan fácil de calmar. La represión policial fue condenada por la comunidad internacional. La ONG, Human Rights Watch (HRW), afirma contar con “evidencias creíbles de que la policía mató, al menos, a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales”, y a otros tres “por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras”.
La actual situación social colombiana no es producto de la casualidad. Vanesa Londoño, escritora colombiana (1985), autora de la novela El asedio animal, durante la presentación de su último libro —antes de comenzar las manifestaciones populares—, explica que “era un estallido social que se veía venir hace muchísimos años. Las situaciones de desigualdad gravísimas en Colombia precipitadas por la pandemia del COVID-19 y por una respuesta superficial de una clase política que que siempre ha trivializado el sufrimiento del otro”.
Si deben entenderse muchos de los sucesos cotidianos de Colombia, hay que leer El asedio animal, en el que, como dice la autora, “hay una cartografía heterogénea del lenguaje a lo largo de la novela. Es una apuesta por hacer un reflejo de las historias y del lenguaje como lugar de los seres que habitamos ese territorio. Quise hacer un ejercicio muy respetuoso de incorporar un habla que me parece hermosa”. Colombia, como corresponde a un país tropical, con una historia reflejada en la clásica Cien años de soledad, del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, se encuadra en lo que los críticos han llamado el “realismo mágico”, algo que no todos entienden.
Lo que sucede en Colombia, como lo que acontece políticamente en México, y en otras partes del Nuevo Continente, a veces semejan episodios irreales, casi de no creerse, como el atentado que sufrió el presidente Iván Duque Márquez, al transportarse en la parte noroeste del país, en un helicóptero oficial el viernes 25 de junio.
El helicóptero que sufrió el atentado pertenece a la Fuerza Aérea de Colombia, (FAC-007). Aparte de la tripulación, acompañaban al mandatario los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de la Defensa, Diego Molano, así como el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano. Duque llegó a Sardinata donde presentó avances del programa “Paz con legalidad”, que forma parte del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia /FARC). Este centro urbano se encuentra en la convulsa región del Catacumbo donde se mueve la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), que el gobierno considera como una banda criminal. Además, disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, e innumerables grupos de narcotraficantes que se pelean el control territorial. De Sardinata la aeronave despegó con destino a Cúcuta, zona colindante con Venezuela, donde la tranquilidad es un bien preciado y donde abundan grupos armados.
Una vez que el helicóptero atacado aterrizó, el propio Iván D uque dio una declaración oficial: “Quiero informarle al país que luego de cumplir un compromiso en Sardinata, en el Catacumbo colombiano, y aproximándonos a la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial fue víctima de un atentado…Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal”…”Fue un atentado cobarde donde se ven impactos de bala…Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país”.
“El mensaje —agregó el mandatario—, es que nuestro Estado es fuerte y Colombia sigue, es fuerte para enfrentar estas amenazas, seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. He dado instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas”.
Duque no indicó quiénes podrían ser los responsables del atentado, pero la zona donde ocurrieron los hechos (los disparos) es un polvorín donde conviven guerrillas, grupos paramilitares y narcotráfico. Cúcuta, hace dos semanas, fue escenario de un ataque con coche bomba contra la Brigada 30 del Ejército con un saldo de 36 soldados heridos. La base que ahí se localiza cuenta con militares estadounidenses. Aunque el gobierno señaló a miembros del frente urbano de guerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo las órdenes de Antonio García, miembro del Comando Central de ese grupo, como culpables, las autoridades no descartan a otras organizaciones criminales como los autores del hecho.
El sábado 26 de junio, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, informó el hallazgo de dos fusiles: un AK-47 y un 7-62 —con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela—, y otros pertrechos militares en el barrio La Conquista, desde donde supuestamente se disparó contra el FAC-007. “Los hechos ocurrieron a 1.2 kilómetros de la cabecera de la pista del aeropuerto de Cúcuta —afirmó el general Vargas—. De las 20 balas disparadas cuyos casquillos fueron encontradas en el sitio, 14 pertenecen a un fusil FAL y otras 6 a un fusil AK-47, según los peritos de la Policía y de la Fiscalía General de la Nación”. El Ministerio de la Defensa ofreció una recompensa de hasta $3,000 millones de pesos colombianos por información que facilite la capturas de los responsables del ataque.
El atentado fue rechazado de inmediato por políticos de diferentes ideologías, nacionales y extranjeros, como el alcalde independiente de Medellín, Daniel Quintero Calle, que en Twitter aseguró que las personas que “maquinaron este atentado quisieron arrebatarle a ellos sus vidas y la democracia a todos los colombianos”. Algo semejante dijo el líder opositor Gustavo Petro, perdedor de la segunda vuelta de las elecciones de 2018 ante Duque: “Cualquiera que sean las distancias que nos separen, rechazo el atentado contra el presidente. Una democracia consiste en que nadie muera por sus ideas”. En redes sociales, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió: “ Este es un atentado contra ciudadanos, contra el presidente y contra nuestra democracia que condeno y rechazo profundamente…A Colombia la tenemos que cuidar de la radicalización y la romantización de toda forma de agresión violenta”. El padrino político de Duque, el ex presidente Álvaro Uribe, manifestó su alivio porque “el presidente Duque y lo integrantes de su comitiva salieron ilesos. ¡Gracias a Dios!”. Juan Manuel Santos, el anterior presidente colombiano, subrayó que “toda forma de violencia es condenable”.
También condenaron el ataque el gobierno de Estados Unidos de América (EUA), y funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, y representantes de varias ONG. Asimismo, en un sorpresivo Twitter, el canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón, manifestó: “México rechaza la violencia y respalda las instituciones democráticas de Colombia”. De parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni pío.
Mientras progresan las investigaciones y los primeros indicios sobre los autores del atentado se comprueban —posible intervención del ELN y la disidencia de la extinta guerrilla de las FARC (GAR Frente 33), y uso de armas venezolanas—, la estrategia está clara: quieren tumbar a Duque. Muchos lo consideran débil y lo seguirán acorralando, pegándole donde le duele: los jóvenes sin empleo que caen en las manos del narcotráfico y otras organizaciones residuales, sin olvidar los enemigos internacionales de Colombia que le apuestan al fin de la democracia en el país. Muchos frentes tiene abiertos Duque. Ojalá se encuentre a los responsables del atentado y los enjuicien, para evitar la impunidad que tanto daña la confianza de la sociedad. Y consiga castigar inmediatamente a los protagonistas de los abusos policiales contra los manifestantes en varias de las principales ciudades de Colombia, como en Cali, en donde reina el caos desde que empezaron las protestas sociales.
Iván Duque Márquez, tras salvar la vida en el frustrado atentado, tiene la oportunidad de retomar el control del país, y los partidos políticos deben coadyuvar en la tarea y por fin actuar en beneficio de Colombia y no de sus propios intereses. ¡Ojalá! VALE.