El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estableció una política oficial que declara que Para cumplir con estas disposiciones, los Estados se comprometieron a adoptar medidas adecuadas para garantizar este derecho a través de acciones estratégicas como: la atención primaria de la salud puesta al alcance de los individuos y de la comunidad; la ampliación de la cobertura de los servicios de salud a todos los individuos que habiten su territorio; inmunización total; la prevención y tratamiento de enfermedades endémicas y profesionales; la educación de la población sobre la prevención, y la satisfacción de necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo que por sus condiciones de pobreza son más vulnerables. La salud es un bien vital, que además de ser un bien biológico para que el individuo pueda desarrollarse de manera armónica física y mentalmente, también es un bien social y cultural imprescindible para la convivencia humana en sociedad. La Organización Mundial de la Salud afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.”
El Sistema Nacional de Salud lo componen todas las instituciones de salud del país, sin embargo, para su buen funcionamiento, debe haber un órgano rector para regularlo, evaluarlo y en consecuencia maximizar su desarrollo y en este caso es la Secretaria de Salud, que obviamente depende del gobierno federal. Los profesionales de la salud forman parte de las instituciones.
El Sistema de Salud de México es cada vez más deficiente, y ahora el inquilino de Palacio Nacional pretende encomendar al IMSS la salud pública de todos los mexicanos asumiendo las tareas del desaparecido Seguro Popular; mientras tanto su flamante Subsecretario Hugo López Gatell, acusó a los padres de los niños con cáncer de inventar el desabasto de medicamentos de actuar como “golpistas” y que sus señalamiento sobre el desabasto son una mentira. En entrevista dijo: “Se agarraron de la bandera de algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez y el cáncer que, irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento; crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, esta mentira de que no tienen medicamentos”. Ahora ya existen demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El problema del desabasto de medicamentos es real y se produjo desde en mayo de 2019, cuando el gobierno federal, comunicó que se implementaría un nuevo modelo de compras consolidadas, que presentó como un nuevo “paradigma” y “transformación cultural” en cuanto a las adquisiciones públicas.
La decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó un modelo de compras consolidadas que había sido implementado desde 2013, mediante el cual, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compraba medicamentos para sus unidades, así como para las del ISSSTE, Pemex y las secretarías de Sedena y Marina.
En marzo de 2019, el gobierno vetó a las tres principales distribuidoras de medicamentos en México señalando: “De conformidad con la legalidad de la materia, se le impide la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas, hasta que sepamos a ciencia cierta si no hubo en estas operaciones, corrupción y tráfico de influencias”.
El proceso de licitación para las compras de medicamentos del segundo semestre de 2019 se culminó el 30 de junio de 2019. El problema fue que sólo se compraron 16 de los 36 fármacos necesarios para el tratamiento del cáncer en niños y adolescentes. Al eliminar el sistema de compras consolidadas que había instrumentado el IMSS, se perdió la experiencia de los funcionarios expertos en el tema, sin que se tomasen las medidas necesarias, por lo que los procesos de compras se iniciaron tarde.
Está claro que la falta de disponibilidad de medicamentos se complicó por el hecho de que en diciembre de 2019 quedaron desiertas 1,923 claves de medicamentos, es decir, 62% no lograron comprarse, según lo informó la Comisión de Abasto de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. El IMSS pasó de 442 reportes en 2019 a mil 393 en 2020, mientras que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pasó de 165 a 250. La mayor parte de reportes fueron por falta de medicamentos para tratamientos contra el cáncer, seguidos por diabetes e hipertensión; mientras que los reportes de falta de medicamentos para tratamientos de cáncer registraron un incremento de 410 por ciento. Llamó la atención que los reportes de desabasto se incrementan aun cuando, debido a la pandemia de la Covid-19, se están dejando de hacer diagnósticos.
Para resolver el problema del Sector Salud, primero el presidente debería de admitir que la política pública que adoptó para la adquisición de medicamentos e instrumental médico es equivocada, ya que fue mal diseñada y sin que hubiera una capacitación para su implementación, se destruyó el sistema de adquisición y abasto que había en el sector de manera abrupta sin que existiera otro sistema que funcionara de manera precisa para este sector. Ahora quienes pagan las consecuencias son todos los pacientes que deben ser atendidos sin medicamentos y sin materiales ni instrumentos médicos suficientes.