Elevados niveles de concentración económica atentan contra el ideal de una sociedad justa, imposibilitan el ejercicio de la democracia y frenan el crecimiento económico.
Las disparidades económicas dan lugar a una inequitativa distribución del poder, lo que implica que una minoría, la más rica, tendrá mayor capacidad para imponer leyes y regulaciones favorables a sus intereses, a costa del beneficio de los demás. Este desbalance de poder se convierte en un freno al crecimiento económico, pues condena a una gran mayoría a permanecer en la pobreza, lo que reduce el tamaño del mercado y el dinamismo económico.
Adicionalmente, la desigualdad genera malestar social creciente y la polarización de la sociedad, lo que hace más difícil la necesaria colaboración entre los diversos grupos sociales para superar los retos del presente y construir un mejor futuro. Por lo anterior, es válido fijar como objetivo prioritario en materia de políticas públicas, reducir la pobreza y las desigualdades.
El actual gobierno afirma buscar tal propósito. Sin embargo, su manejo de política pública no es compatible con dichos propósitos. No ha entendido que la falta de crecimiento ha impedido mayores avances en la erradicación de la pobreza. Tampoco entiende que la mayor desigualdad resulta de mercados no competitivos.
Para la 4T es corrupción haber dejado que el mercado fuese el principal gestor del desarrollo durante las décadas anteriores. El presidente acusa de corruptos a empresas y a quienes celebraron diversos contratos. A todos acusa sin pruebas y sin consignar a nadie ante la autoridad jurisdiccional.
A cambio, y supuestamente para evitar corrupción, busca recuperar lo que entiende como rectoría del Estado, basándo ésta en la reconstrucción de los monopolios públicos, en materia energética y otros campos, como la asunción de funciones que se habían dejado al mercado: dispersión de recursos de programas sociales con el Banco del Bienestar; distribución de medicamentos a instituciones públicas se le encarga a una dependencia de la Secretaría de Salud; la construción y operación del aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, entre otras tareas, son desempeñadas por el Ejército y la Marina; ahora, la distribución de gas a consumidores con Gas Bienestar.
La desconfianza del presidente en las instituciones creadas en años previos, lo lleva a debilitar las instancias responsables de combatir prácticas monopólicas, ahogandolas presupuestalmente hasta amenazar con desaparecerlas como instituciones autónomas.
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Los resultados negativos de estas políticas ya son visibles. El crecimiento fue nulo en 2019; 2020 ha sido de terror, con millones de empleos perdidos o degradados y un millón de empresas desaparecidas, y los proximos años no lucen promisorios.
La pobreza, en sus diferentes expresiones, crece y las desigualdades se acentúan. En 2018, de acuerdo con datos del CONEVAL, 41.9% de la población vivía en condiciones de pobreza, es decir, su ingreso era insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias y no alimentarias y padecía al menos una de las carencias referidas anteriormente; en 2020 esta proporción había aumentado a 43.9%. Este incremento significó 3.8 millones más de personas en condiciones de pobreza y el fin de una tendencia a la baja en la cantidad de pobres, tanto en términos absolutos, como relativos, observada de 2014 a 2018. . Más de la mitad (55%) del aumento correspondió a quienes se hallan en pobreza extrema.
Estos resultados son atribuibles a la crisis económica asociada a la pandemia y a la falta de una política de reactivación económica.
Un dato que vale la pena destacar por su relevancia en la coyuntura actual, es que de 2018 a 2020 la proporción de personas sin acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 28.2%, es decir, en ese período alrededor de 15 millones de personas se quedaron sin esos servicios. Otras carencias que aumentaron su frecuencia, aunque en mucha menor medida, fueron rezago educativo (19.0% vs 19.2%) y acceso a alimentación nutritiva y de calidad (22.2% vs 22.5%).
Esta breve reseña de cómo se han enfrentado los retos económicos en diversas épocas nos muestra que no hay una receta válida universalmente y para cualquier época.
La de Keynes funcionó en las condiciones de la postguerra y por varias décadas. Cambiaron las circunstancias y la profusa intervención del gobierno que provocó dicho paradigma hizo que éste perdiera su credibilidad y utilidad. Surgió el neoliberalismo como respuesta, sin embargo, el exceso de desregulación de los mercados financieros llevó a la Gran Recesión de 2008, y ello, aunado a la enorme concentración de la riqueza y del ingreso a que dio lugar este paradigma, desembocó en que éste fuese severamente cuestionado.
Ante esta pérdida de eficacia del paradigma neoliberal, es necesario construir uno nuevo. Ello exige, como primer paso, un consenso en torno a los objetivos que se desea alcanzar.
En mi opinión, la gestión del desarrollo debe buscar ampliar las libertades de manera que cada persona pueda desplegar su potencial, y así, en forma colaborativa, poder enfrentar los retos del desarrollo del presente (el cambio climático, las migraciones, el crimen organizado, las adicciones, la pobreza y las desigualdades); éstos son de tal magintud que superarlos requiere de la colaboración sostenida de todos, lo cual solo es posible en un contexto de equidad, donde tengamos igualdad de oportunidades, donde no haya privilegios ni nadie esté por encima de la ley; en el que ni el poder público ni el privado abusen o impidan impunemente el ejercicio de la libertad de ninguna persona.
Los objetivos que han de alcanzarse con el nuevo paradigma que propongo son: Libertad y Justicia.
¿Libertad, para qué?
Ser libre para ejercer los derechos que consagra la Constitución en nuestro país, como acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a un empleo digno, a autoemplearse en forma productiva, al agua, a la vivienda, a un medio ambiente sano, de asociarse y expresarse, a la presunción de inocencia, de audiencia, de debido proceso, a no ser molestado por la autoridad sin debida fundamentación y motivación.
Sólo se puede ser libre cuando el individuo tiene la capacidad para ejercer sus derechos. Si no tienes una fuente de ingresos suficiente y debes depender de las dádivas del gobierno no eres verdaderamente libre, ni puede haber democracia; si el poder público o el privado abusan de una persona y esta poco puede hacer ante esos abusos, tampoco eres realmente libre.
¿Justicia, para qué?
El desarrollo, para ser sostenible, exige la colaboración de todos en las tareas necesarias para superar los retos del presente. Y esta colaboración sólo es posible cuando hay igualdad ante la ley, cuando hay cero impunidad y cuando son erradicadas las desigualdades económicas producto de acciones ilegales, privilegios indebidos o corrupción.
¿Qué hacer para tener un desarrollo con libertad y equidad?
La experiencia nos muestra una realidad: ningún extremo del espectro ideológico será la solución a la pobreza y la desigualdad.
La fe ciega en el mercado no funciona para lograr un desarrollo dinámico e incluyente; tampoco la fe ciega en que el Gobierno resolverá nuestros problemas.
Ninguno de estos esquemas nos llevará a un desarrollo basado en la libertad y la equidad. Para ello, debemos construir un nuevo equilibrio entre Gobierno, Mercado y Sociedad
El nuevo equilibrio implica fortalecer el Gobierno, como el gran equilibrador social, rector y promotor del desarrollo.
Fortalecer al Gobierno significa:
Construir un nuevo balance entre los tres poderes, en los distintos niveles de gobierno, para que ninguno se pueda imponer sobre los demás, y que todos queden sujetos a la ley.
Construir un nuevo federalismo, que redefina la distribución de poder entre niveles de gobierno, acercando al ciudadano las decisiones sobre las principales responsabilidades y servicios públicos para mejorar su calidad y la evaluación del desempeño de la administración pública; y dejando a la federación aquellas que pueden realizarse mejor a ese nivel. Urge revertir el centralismo perverso a que hemos llegado y aprovechar plenamente el potencial de desarrollo que existe a nivel local.
Poner en práctica una reforma fiscal integral y a fondo, que:
- Incluya un nuevo pacto fiscal mediante el cual se dote a cada poder y nivel de gobierno con los recursos necesarios para cumplir las responsabilidades que la ley les asigne y en conjunto proveer los bienes y servicios públicos (infraestructura, educación, salud y seguridad social universal, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, estado de derecho sólido y confiable, entre otros) para que la economía crezca a tasas razonables y se generen las oportunidades de ingresos suficientes para erradicar la pobreza en un plazo aceptable
- Que distribuya con equidad la carga impositiva y contribuya a reducir las desigualdades actuales
- Que contemple el financiamiento para la universalización de los servicios de educación, salud, y seguridad social y haga sostenible el sistema pensionario
Fortalecer la capacidad del gobierno para regular los mercados y evitar abusos de poder de mercado de cualquier actor, fortaleciendo la autonomía, recursos y capacidades técnicas de las instituciones responsables de estas tareas
El nuevo equilibrio requiere, a la par de un gobierno fuerte, también promover mercados más competitivos, innovadores, creadores de riqueza susceptible de ser distribuida más equitativamente y regulados de manera eficiente para evitar abusos de poder de mercado. Mercados competitivos requieren:
- Infraestrutura de calidad con la que se acreciente la competitividad de las empresas en los mercados interno y externo (carreteras, puertos, comunicaciones a costos competitivos, tierra industrial con infraestructura de calidad, sistemas públicos de movilidad eficiente, entre otras condiciones)
- Inversión pública y privada en desarrollo tecnológico e investigación científica
- Financiamiento de calidad accesible para todos
- Respeto a la propiedad intelectual y facilidad de acceso al registro de patentes
- Estado de derecho
- Seguridad pública
Finalmente, el nuevo equilibrio requiere cuidadanía fuerte. Ello implica dotar a los ciudadanos de los instrumentos legales necesarios para:
- Evaluar el funcionamiento de los gobiernos y frenar abusos de estos y de las grandes empresas, como también de sus acciones cuando son ilegales
- Obligar al gobierno en sus distintos órdenes a resolver los asuntos que le plantean los cuidadanos
- Obtener acceso a información de las acciones y decisiones públicas, limitando la discrecionalidad de los funcionarios para negar dicho acceso
A manera de conclusión puede afirmarse que lograr un desarrollo dinámico, incluyente y sostenido, conducido por una senda de mayor libertad y justicia, solo será posible en un nuevo orden en el que el Gobierno derive su fortaleza, primero, de un equilibrio real entre poderes y de un pacto fiscal renovado, que nos aleje del centralismo actual, enormemente disfuncional y costoso, de manera que se aproveche plenamente el potencial de desarrollo de cada comunidad y región del país; segundo, de un nuevo sistema fiscal, que distribuya las cargas impositivas con equidad, reduzca las desigualdades existentes y que provea de los recursos de acuerdo con las responsabilidades que asignen las leyes a cada nivel de gobierno; tercero, de su capacidad para regular los mercados y evitar abusos de conductas monopólicas; cuarto, de un alto grado de transparencia y rendición de cuentas, así como de la ausencia total de corrupción e impunidad. Solo con un Gobierno así robustecido, y la presencia de mercados competitivos, innovadores, generadores de riqueza y de oportunidades de ingreso digno para todos, y una ciudadanía empoderada con los instrumentos legales necesarios para evaluar, vigilar y evitar abusos, tanto del gobierno y de los propios mercados, sólo así, podremos lograr un desarrollo dinámico, incluyente, que nos lleve por la senda de mayor libertad y justicia.