De acuerdo con el último censo oficial del INEGI, el 25 por ciento de la población del país tienen entre los 0 a los 19 años de edad, que cuantifican 33 millones 800 mil de menores de 18 años.
En el ámbito de las Naciones Unidas el comité de la Convención sobre los Derechos del Niño señaló que no se debe de excluir a los niños en el acceso a la atención médica, incluidos los test, las vacunas y los tratamientos relacionados contra Covid-19. Se les debe respetar su derecho a la salud, lo que conlleva que los Estados, al aprobar las asignaciones sobre el gasto público, deben incluir los servicios esenciales de atención a la salud, incluyendo vacunación y tratamientos para todos los niños, sin discriminación alguna por edad, sexo o etnia.
Dentro de los criterios sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la jurisprudencia interamericana, señala que toda vez que se cuenta con vacunas seguras y eficaces para ciertas enfermedades, se debe pugnar por el acceso universal a dichas vacunas, para todas las personas sin discriminación motivada por edad.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó desde el 24 de junio el uso de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años, pero el plan nacional de vacunación del gobierno del Gobierno Federal, sólo se aplica en la actualidad a partir de los 18 años. El subsecretario de Prevención y Promoción de salud, Hugo López-Gatell señaló que de momento no se vacunará a ningún menor de 18 años, ya que de acuerdo con datos estadísticos existe un porcentaje mínimo de niños que se enferman de gravedad de Covid-19 y que requieran ser hospitalizados.
La decisión de negar vacunas al sector de la población menores de 18 años contraviene la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce su derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, incluso en acciones para prevenir, proteger y restaurar la salud, que comprende a los programas de vacunación como el de covid-19.
Ante la negativa de permitir la vacunación de los menores de 18 años, cientos de padres mexicanos han recurrido a amparos judiciales para que se vacune a sus hijos por del retorno a clases presenciales, ante el temor de que suban los contagios de COVID-19 entre los menores de edad, para que sus padres puedan ejercer sus derechos constitucionales y de los tratados internacionales para solicitar medidas cautelares a efectos de proteger los derechos de personas menores que no pueden quedar excluidas de la vacunación.
El presidente de la República, en su “mañanera” consideró que la proliferación de amparos para vacunar a menores de edad contra el Covid-19 es una “acción concertada” que tiene epicentro en cuatro estados del país.
De acuerdo con el Ejecutivo federal, hasta el momento se han presentado 250 demandas de amparo en 19 entidades de la República, pero cuatro concentran la mayoría: 43 en la Ciudad de México, 42 en el Estado de México, 27 en Oaxaca y 25 en Veracruz. “Hay cuatro estados, entonces ayer pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones porque también es un asunto de intereses”.
México ha sido reconocido internacionalmente por la institución de su Juicio de Amparo en contra de actos de autoridad que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos, siendo una enorme aberración ahora, que el presidente señale que se está investigando a los promoventes de los amparos que solo quieren proteger a sus hijos de algún contagio de covid19.
Las bitácoras de seguridad de los ensayos de la vacuna de Pfizer-BioNTech, fueron suficientes para las autoridades reguladoras en la Unión Europea, Estados Unidos e Israel, para aprobar el uso de esta vacuna para niños y adolescentes de 12 a 15 años. En el continente americano, con excepción de México y Cuba, ya son más de doce países los que han decidido no escatimar recursos y vacunar a los menores de edad, y siguiendo con la línea trazada del pésimo manejo de la pandemia, para México resulta contraproducente en términos de protección del derecho a la salud para un sector de la población mexicana que, a partir de las nuevas variantes del virus covid-19, el 25 por ciento de la población se encuentra en una posición más delicada que al inicio de la emergencia sanitaria.
El programa de vacunación de las niñas, niños y adolescentes mexicanos debe ser entendido como un derecho de cumplimiento prioritario y no como un gasto superfluo e innecesario, sino como un acto de respeto y garantía de su derecho humano a su salud; lamentablemente en los próximos repuntes de la pandemia se probará si somos capaces de proteger a la niñez mexicana.