Estas dos últimas palabras del título, son lo principal. Todo. el mundo tiene sus propios intereses en sentido estricto: “quiero lo que me conviene.” Pero el propio interés debidamente entendido es muy distinto. Es saber que prestar atención a los intereses de todos los demás, es decir, al bien común — es una condición necesaria para alcanzar el propio bienestar—.
Desde la oficina de la Presidencia de la República, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos u obras a cargo del Gobierno Federal asociados a infraestructura de los siguientes sectores: comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
Esto quiere decir, que las dependencias de la Administración Pública Federal otorguen la autorización provisional a la obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar proyectos u obras para con esto, garantizar su ejecución oportuna, el “beneficio social esperado” y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Entonces, no importa que cualquier proyecto e inclusive este mismo decreto sean inconstitucionales. Aunado a ir en contra de la ley, esto abre la puerta a la opacidad, corrupción, conflictos de interés, entre otros, y lo más grave: hacer lo que le venga en gana a Andrés.
“Si un ciudadano, quiere conocer información sobre cualquier proyecto como Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas, etc… será equivalente a pedir los planos del penal de alta seguridad del Altiplano.”
De los 966 contratos que SEDENA ha entregado entre 2019 y 2021 sobre el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, participan empresas fantasma y sociedades investigadas por desvío de recursos. De los mismos, 7 de cada 10 contratos son vía adjudicación directa y el resto por invitación a tres personas. Esto quiere decir, que ningún contrato permitió que cualquier empresa pudiera participar, ni impulso la competencia para tener mejores precios, ni opto por contratos marco (se establecen las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios), ni involucro a testigos sociales para evitar actos de corrupción.
La transparencia y rendición de cuentas en México, han sido un problema en el que se ha trabajado durante 20 años y aún estamos muy lejos de tener porcentajes aceptables. Esta cuarta transformación llegó con la bandera de quitar la corrupción y lo único que ha logrado es defender la impunidad y atacar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que su principal objeto es el principio de máxima publicidad.