En el diario Milenio correspondiente al 9 de diciembre en curso salió una noticia con el siguiente encabezado: Morena propone cancelar el registro a iglesias por encubrir a curas pederastas.
No le hagan mucho caso, es otra mariguanada de los morenos. Más bien, es la correspondiente a ese día. Ya deberíamos estar acostumbrados a ellas y no hacerles caso. En su afán de no soltar el micrófono, antes se metieron con la UNAM, el INE, el Tribunal Electoral, los ex presidentes de la república, la Suprema Corte de Justicia, los conservadores y los neoliberales; después con el CIDE, la OEA y otras instituciones. Ahora con las asociaciones religiosas.
Sólo nos falta que le declaren la guerra a Belice, a las Islas Vírgenes, Jamaica y Panamá, bajo el pretexto de ser paraísos fiscales. Como van las cosas, dada su gran cultura, no sería remoto que, con el mismo pretexto y bajo la acusación de lavar dinero para uno que otro abogado penalista mexicano, ordenen un bloqueo marítimo al principado de Andorra.
Los morenos, en cuanto a adversarios, están de oferta. Extendieron el buen fin hasta diciembre, más lo que se acumule. No alcanzo a prever que harán para el caso de que no se reúnan las firmas que, por ley, se requieren para que prospere la supuesta consulta para la ratificación del mandato. Algo deben de estar ideando. No se quedarán tranquilos y sin hacer nada frente al eventual ridículo que se les viene encima, tanto por no reunir las firmas, como por la poca respuesta que en su momento tenga la supuesta consulta.
Volvamos al tema de lo relativo a cancelar el registro a las iglesias por el hecho de encubrir a curas pederastas, en esta materia yo me iría con mucho cuidado. No se están metiendo con un manco y, mucho menos, con un tullido. La iglesia católica, en el pasado, fue la primera fuerza política. Los gobernantes temblaban cuando un alto jerarca de esa iglesia alzaba la voz. Los errores y excesos en que incurrieron los jerarcas católicos llevaron al presidente Juárez a debilitarla. La Ley de nacionalización de los bienes de la iglesia le quitó su patrimonio: inmuebles y mueble. La del Registro civil, el control que tenía sobre la vida cotidiana de los mexicanos. La ley sobre cementerios y camposantos le arrebató jugosas rentas y la posibilidad de imponer penas infamantes a los difuntos que eran sospechosos de haber incurrido en vida en alguna herejía, al negarles entierro en los cementerios que dependían de ella. Hubo otras leyes que le mermaron poder, influencia e ingresos.
El Constituyente de 1917, por el apoyo que la iglesia católica brindó a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta, reiteró la prohibición de adquirir bienes inmuebles, limitó el número de sacerdotes, la privó de personalidad y prohibió a los ministros de los cultos, en general, inmiscuirse en los asuntos políticos. Les valió.
En la actualidad, la iglesia católica, aunque muy menguada en su patrimonio e influencia, puede agitar; su acción, llegado el caso, pudiera derivar en conflictos políticos. Paso a explicarme.
He dicho que la iglesia católica ha perdido influencia por cuanto a que hace unos años no pudo impedir se extendiera el concepto tradicional de matrimonio: la unión de un hombre y una mujer con fin de perpetuar la especie. El presidente Juárez le dio el carácter de contrato y no de sacramento; Carranza previó el divorcio disolvente del vínculo matrimonial. Hace algunos años se dio el nombre de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo: después se despenalizó el aborto y ahora la acción de las y los feministas persiguen nuevas metas y ellas inciden en la doctrina católica o afectan al machismo que la caracteriza.
Ahora se propone cancelar el registro de las asociaciones religiosas cuyos jerarcas encubran a los pederastas. Me da la impresión de que con la medida no alcanzarán el fin que persiguen sus autores y, en cambio, de aprobarse, pudiera derivar en conflictos en un campo en donde no los hay.
Ciertamente, por virtud de lo dispuesto por el Código nacional de procedimientos penales, las personas morales pueden ser objeto de procesos penales. No hay duda al respecto. En teoría, por encubrir y por otros delitos, sobre todos de naturaleza electoral, las asociaciones religiosas pudieran ser enjuiciadas, pero, en las actuales circunstancias, hacerlo es algo muy teórico.
Las asociaciones religiosas seguirán existiendo tengan o no reconocimiento legal. Durante más de sesenta años existieron e hicieron sentir su presencia y poder a pesar de que el texto original de 1917 disponía: “La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.”
La solución a la pederastia clerical no está en cancelar el registro a las asociaciones religiosas. Está en una acción muy simple: hacer caer el peso de la ley sobre quienes incurran en los delitos de pederastia y encubrimiento.
Si en verdad quieren castigar el encubrimiento, que comiencen con un caso evidente: el del cardenal en retiro Norberto Rivera Carrera. Según diferentes testimonios él encubrió a sacerdotes que incurrieron en el delito de pederastia. Dada la gravedad del delito, supongo que la acción penal aún no prescribe. Comiencen con él y verán que el resto de la jerarquía católica se va a alinear por la derecha.
La otra medida a considerar es prever la intervención y aseguramiento de los cajas, fondos y capitales de las iglesias, con el fin de garantizar el pago de las indemnizaciones a que sean condenados los jerarcas católicos. En los Estados Unidos de América las diócesis han tenido que vender inmuebles y se han descapitalizado para hacer frente y pagar las indemnizaciones a que han sido condenadas por virtud de las sentencias de culpabilidad a que han sido condenados un número crecido de sacerdotes.
Señores legisladores: no se legisla sobre lo que es obvio. Las leyes no pueden prohibir las olas del mar, que sople el viento, que salga el Sol; que la Luna muestre su rostro pétreo de noche y de día.
Es un principio general de derecho de que todos debemos responder por nuestras acciones. Cuando ellas constituyen un delito, las penas inciden en la persona y bienes de los condenados. Señores legisladores, no le busquen, exijamos todos: tanto ustedes, por un lado y la gente decente, por el otro, el castigo de los culpables y vigilemos que el ministerio público y los jueces cumplan con la responsabilidad que para ellos deriva de la ley: de acusar a los curas pederastas y a quienes los encubran.