El presidente Andrés Manuel López Obrador la hace de replicante desde Palacio Nacional. Durante tres semanas seguidas se ha dedicado a atacar y descalificar a los periodistas y los medios que dieron a conocer la investigación periodística conocida como la Mansión del Bienestar o Casa Gris. El presidente y sus corifeos mienten cuando dicen que ejerce su derecho de réplica porque, en realidad, actúa contra la libertad de expresión y viola los derechos de la ciudadanía consagrados en la Constitución.
Los aficionados al cine de ciencia ficción recordarán que los replicantes son máquinas cibernéticas tan parecidas a los humanos que es difícil distinguirlas de éstos. En la película Blade Runner (dirigida por Ridley Scott en 1982) el detective Rick Deckard (Harrison Ford) descubre a los androides mediante interrogatorios y sofisticados equipos que evalúan sus recuerdos y respuestas fisiológicas. Adaptación de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Phillip K. Dick, la trama desarrolla la historia de los replicantes que se hacen pasar por humanos para destruir a la Humanidad.
El inquilino de Palacio Nacional actúa como si fuera un replicante porque, mientras aparenta ser víctima de los poderes fácticos, él es quien abusa del poder, además de que su ofensiva está muy alejada de lo que es en verdad el derecho de réplica.
El derecho de réplica fue una causa de la izquierda para la defensa de las personas frente a los excesos de los medios masivos de comunicación y del gobierno en turno. Quedó plasmado en el artículo 6º de la Constitución y en su Ley Reglamentaria, expedida el 4 de noviembre de 2015. Consiste en que toda persona tiene derecho a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones respecto de información inexacta o falsa, cuya divulgación le haya causado un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen. El artículo 3 de dicha Ley ampara como sujetos del derecho de réplica a las personas físicas y morales, a los partidos políticos, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular y señala como sujetos obligados a los medios de comunicación, agencias de noticias, productores independientes y a cualquier otro emisor de información y de crítica periodística. Los artículos 21 y 36 al 41 señalan que los tribunales de la Federación son competentes para conocer y resolver las controversias que se susciten con motivo del derecho de réplica, así como para imponer sanciones a los sujetos obligados que incumplan con el mismo. La participación del gobierno en este rubro se limita a la obligación que la Ley le marca a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ejecute las sanciones pecuniarias que ordenen los jueces (o sea, para el cobro de multas).
Así es que, de conformidad con la ley, ni los servidores públicos ni las dependencias del gobierno son titulares del derecho de réplica. Si acaso tendrían que ser clasificados como sujetos obligados los canales de radio y televisión que son propiedad gubernamental y los directivos de estos (tal es el caso del IMER, los canales 11, 14, 21 y 22, así como TV Mexiquense y demás radiodifusoras de los gobiernos estatales).
La lectura de la Ley demuestra que miente el Presidente cuando dice que ejerce el derecho de réplica. Pero suponiendo que su persona pudiera desdoblarse y que respecto del caso Mansión de Bienestar hubiese actuado como un ciudadano común, haciendo a un lado la investidura presidencial, aun así omitió proceder como establece la Ley para ejercer ese derecho. El artículo 10 dicta dos posibilidades para quien quiere hacer una réplica: si se trata de un programa en vivo, la puede solicitar al medio de comunicación mientras transcurre la transmisión. Si no es una transmisión en vivo, sino pregrabada o impresa, la persona deberá presentar un escrito ante el sujeto obligado y tiene un plazo de hasta quince días hábiles para ello. Los artículos 11 y 16 establecen que el medio de comunicación (sujeto obligado) dispondrá hasta de tres días para emitir una respuesta al escrito del supuesto afectado y que la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo formato y espacio en que se difundió la información replicada (en el caso de los medios impresos) o en un programa, horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado, cuando se trate de radio y televisión.
Nada de esto hizo López Obrador en el caso de la Mansión del Bienestar. La forma en que procedió no es la que legalmente corresponde al derecho de réplica, pues no dirigió ningún escrito al medio de comunicación que difundió la información. No permitió que los medios de comunicación (en este caso, Latinus, Aristegui Noticias, Reforma y El Universal) respondieran su solicitud. Violó todas las formas y procedimientos previstos por la Ley de la materia.
Al tiempo que se brincó las formas para hacerse justicia por propia mano, el inquilino de Palacio Nacional violó además la regulación del contenido del derecho de réplica y lo hizo en forma arbitraria y atrabiliaria. Vulneró lo que la Ley estipula en su artículo 13, que dice que “el contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y, en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques” personales. Lejos de ello, utilizó un largo catálogo de insultos contra los periodistas y los medios de comunicación (les dijo mercenarios, chayoteros, conservadores, golpistas, corruptos, prensa vendida, mafia del poder, etc.), además de que llamó traidora a Carmen Aristegui y violó la protección de los datos personales y el secreto fiscal en perjuicio de Carlos Loret.
Igualmente, López Obrador violó otra regla del derecho de réplica: que ésta “no podrá exceder del tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información falsa o inexacta que genera un agravio”. Contrario a ello, utilizando indebidamente los recursos públicos del gobierno federal, ha dedicado quince de sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional (más las que se acumulen) a denostar la información que juzga adversa a su proyecto político y atacar a los periodistas, internautas y a la ciudadanía en general que la reproduce y comenta.
Si en Blade Runner los androides replicantes simulan ser humanos, López Obrador finge que es un humilde ciudadano que resultó agraviado por información sesgada, cuando es en realidad un poderoso abusivo que ataca la libertad de expresión con tal de tapar sus conflictos de interés y los de su familia.