La grave situación de violencia contra activistas sociales y periodistas demanda una respuesta de Estado que salvaguarde la integridad de éstos y garantice la vigencia de los derechos humanos y de la libertad de expresión en México. Es por ello de la mayor importancia que en la Cámara de Diputados se impulse la actuación del Estado para resolver la crisis de intimidación, amenazas, agresiones y crímenes que sufren estos dos gremios estratégicos.
Una iniciativa elaborada por la Secretaría de Gobierno y Asuntos Legislativos de la dirección nacional del PRD, en consulta con los asesores de su Grupo Parlamentario en San Lázaro, propone cambios al texto constitucional para crear un Sistema Nacional de Protección y ordenar la emisión de una Ley General en la materia. De aprobarse dicha reforma, se constituiría un Instituto Nacional ciudadanizado con la participación directa de los sectores afectados, el que deberá ser dotado de autonomía técnica, de gestión y del presupuesto suficiente.
Se sabe que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador está rebasado por la crisis de violencia criminal que se expande por el país. Su administración sostiene una ambigua postura que, al tiempo que militariza un creciente número de funciones civiles, mantiene una actitud permisiva hacia las bandas del crimen organizado que controlan cada vez más territorio. Ello incrementa el riesgo al que están sujetos los periodistas y los defensores de los derechos humanos, pues es sabido que hay mayor peligro para la integridad física, bienes y vidas de quienes viven y/o trabajan en aquellas regiones en que el Estado abdicó total o parcialmente de sus funciones de seguridad pública.
El inquilino de Palacio Nacional contribuye en forma lamentable a enrarecer el ambiente en el que periodistas y defensores de derechos humanos deben realizar su labor. Esto sucede cada vez que lanza ataques, insultos y descalificaciones contra la prensa, contra informadores y comentaristas en particular, y cuando señala a quienes no se subordinan a su proyecto político personal como traidores a la patria e integrantes de lo que él denomina “bando conservador”. También, cada vez que repite su necia afirmación de que los derechos humanos y el ecologismo son modas implantadas por el neoliberalismo, al tiempo que señala a éste como el origen de todos los males nacionales.
Además de las invectivas que cada mañana se emiten desde Palacio Nacional, la práctica política también ilustra la animadversión presidencial contra el ejercicio periodístico y el de los defensores de derechos humanos. Está el caso de la larga huelga legal y justa de los trabajadores de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, que lleva más de dos años. Los trabajadores de la información sufrieron la violación de su contrato colectivo de trabajo, malos tratos, despidos injustificados y la guerra sucia de una directora defendida hasta la ignominia por el presidente, quien ha preferido recurrir al esquirolaje y a dejar morir de inanición el movimiento de los huelguistas, antes que respetar sus derechos laborales.
Una postura similar es la política oficial ante los problemas que enfrentan los activistas que defienden los derechos humanos. Descalificado de antemano por el inquilino de Palacio Nacional, este sector ha sido marginado de la estrategia de seguridad pública, puesta a cargo de los cuerpos castrenses y de la estructura clientelar del presidente, quienes mantienen una política de “dejar hacer, dejar pasar” a los grupos del crimen organizado, quienes ven a los activistas como un estorbo para sus negocios delincuenciales.
Deberá recordarse que, en el enfebrecido saqueo de los fideicomisos públicos que llevó a cabo López Obrador en el año 2020, se confiscaron los dineros que tenía el Fondo que durante años financió al mecanismo de protección a periodistas y activistas víctimas de la violencia, dejando al garete los apoyos correspondientes, que desde entonces solo se cubren si es que hay “suficiencia presupuestal”.
El 27 de enero de 2022, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que llegó a 52 la cifra de periodistas víctimas de homicidio durante el presente sexenio, contabilizando en esa cifra fúnebre los asesinatos en Tijuana de la periodista Lourdes Maldonado y el del fotógrafo Margarito Esquivel, así como el de José Luis Gamboa Arenas, director general del diario digital Inforegio de Veracruz. En días posteriores a esa fecha, ocurrieron los homicidios del editor de Noti Red, Ernesto Islas Flores de la misma ciudad fronteriza, y el de Heber López Vázquez, director del portal Noticias Web de Oaxaca. Es debido a tal récord de crímenes, aunado a los ocurridos en sexenios anteriores, que diversos organismos internacionales identifican a México como el país más peligroso para el periodismo, lo que se agrava por la impunidad de que gozan los agresores. En los crímenes contra defensores de derechos humanos la impunidad es del 98% y del 90% en los casos en que los periodistas son las víctimas, según fuentes oficiales.
Una forma de corregir esta lamentable situación es adoptar una posición de Estado que deje de lado la politiquería de la 4T y ponga como prioridades tanto la garantía de los derechos humanos como la del ejercicio de la libertad de expresión. Es por ello necesaria la creación de un Sistema Nacional de Protección que coordine y conjugue los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno en la protección de los activistas y de quienes se dedican al ejercicio periodístico; que se expida una Ley General de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; que se constituya un Instituto Nacional de Protección, con autonomía técnica y de gestión, encabezado por un Consejo General de composición ciudadana con la participación directa de activistas e informadores en sus deliberaciones y acuerdos. Finalmente, es necesario que tal Instituto cuente con los recursos presupuestales suficientes para que los mecanismos de protección sean eficaces y garanticen la integridad física, vida y bienes de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el ejercicio de sus oficios y profesiones en condiciones de seguridad.
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