Entrevista con Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía
La aprobación de la Reforma Eléctrica promovida por el presidente López Obrador se está complicando, pues a pesar de sus deseos de que se apruebe sin cambio o el llamado a los legisladores de oposición para que se rebelen y voten a favor de su iniciativa, también hay que tomar en cuenta que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se está discutiendo la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) –aunque previsiblemente, al momento de escribir estas líneas se termine declarando constitucional–, pero también están las muestras de inconformidad de parte de Estados Unidos.
Se trata de una combinación que pone en entredicho la aprobación de la iniciativa.
Para analizar el tema, Siempre entrevistó a Gonzalo Monroy, quien ha estado dando seguimiento al tema desde la realización de los foros del parlamento abierto para revisar la iniciativa de Reforma Eléctrica.

Gonzalo Monroy
De la realización del Parlamento Abierto pasando por la discusión en la Corte de la LIE y lo que sucedió con Estados Unidos ¿qué evaluación hace de lo que ha sucedido en el contexto de la discusión de la iniciativa de Reforma Eléctrica?
Estamos viviendo una escalación, justamente, de las acciones que tomó esta administración en materia energética, principalmente en lo que se refiere a la industria eléctrica.
No llegamos aquí por casualidad o por arte de magia, todo lo que hemos visto desde abril y mayo de 2020, cuando se publicó el acuerdo del Cenace y la política de confiabilidad de Sener, desde ahí veíamos esta intención de buscar fortalecer a CFE a costa de las demás empresas, particularmente las de energía renovable. En un principio se trató de medidas administrativas únicamente, que fueron impugnadas, eventualmente llegaron hasta amparos y la declaración de la SCJN de inconstitucionalidad de esto.
Vimos como también el presidente López Obrador no tomó esa derrota y la convirtió en una Ley, la de la Industria Eléctrica, que es prácticamente la suma del acuerdo de confiabilidad y del acuerdo del Cenace, eso está en la Corte en discusión –al momento de esta entrevista–.
También es importante saber distinguir que las acciones de inconstitucionalidad que se discutan en la Corte de competencia económica, es para tener un suelo parejo para competir, pero hay un segundo elemento en el que nadie ha reparado: viene también el acuerdo que promovió Greenpeace, también en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, pero por el lado de los derechos humanos, en especial el derecho a un ambiente sano y limpio.
Eso es muy importante, porque si bien la ley puede ser declarada inconstitucional o bien una parte de las mismas, en especial las referentes al despacho, en el caso de Greenpeace, como es un derecho humano, tenga efectos generales, por lo que en caso de que la Corte le dé la razón al presidente, es posible que la SCJN desde el punto de vista de los derechos humanos termine tumbando después esa iniciativa.
Aún así, el presidente López Obrador no ha cedido un ápice y es cuando vimos la reforma constitucional, con el interés y, también lo voy a citar, la preocupación de Estados Unidos, de las múltiples reuniones del embajador Ken Salazar, de la embajadora Katherine Tai, hemos visto las visitas de Estado de John Kerry, específicamente para este tema, sobre todo por lo de la introducción de las energías renovables.
Es muy revelador lo de Katherine Tai, en el sentido de que el tono conciliados y amigable se ha acabado y que todas las herramientas tienen a su alcance están en la mesa, esto –obviamente– es una señal bastante importante y no dejaría de recalar que es la primera vez –llevó 20 años en el sector de energía– que veo a un gobierno estadounidense que esté tan involucrado, de manera tan abierta, en la discusión de una reforma en México. Eso no lo podemos subvaluar.
Hay que tener mucho cuidado en eso, porque lo último que puede necesitar México es una guerra comercial con su principal socio; la parte de aranceles, control migratorio y cierre de fronteras está en la mesa y puede hundir a México en una profunda crisis económica, algo que después de lo que ha pasado con la pandemia terminaría por derrumbar a México, no me atrevo a calcular por cuanto tiempo.
¿Qué va a pasar? Tenemos que esperar a conocer los resolutivos de la Corte, podría pasar la constitucionalidad y todas las fichas, entonces, estarían en la reforma constitucional que se va a discutir del 13 al 15 de abril. Parece que el día de hoy no tienen los votos necesarios, no tienen los números para la aprobación, estamos bastante lejos de eso.
Tenemos que esperar a ver si no hay alguna negociación de último minuto, pero parece que no va a ser el caso.
¿Qué tanto va a pesar el factor Estados Unidos en este tema?
Hasta la información que tengo de uno de los involucrados en la reunión con el presidente López Obrador, la palabra clave es que éste guardó silencio y es muy interesante, porque la impresión con la que se queda la delegación estadounidense es que sí hay y se va a implementar una mesa de trabajo. Esto significa que el presidente es el que miente cuando dice que no habrá tal mesa, pero la realidad es que sí hay una mesa de trabajo y el tema energético ha escalado hasta el nivel de migración, está por debajo aún del de seguridad, de ese tamaño es la preocupación que está teniendo el gobierno de Estados Unidos.
Eventualmente, el presidente López Obrador está arengando a sus audiencias, especialmente a ese sector nacionalista, que veremos en el Congreso si es una mayoría o no.
Lejos de la discusiones ideológicas, ¿qué le conviene más a México?
Económicamente la medida sería suicida, México tiene posibilidad de enfrentar al hegemónico económico que es Estados Unidos, del cual depende una buena parte.
Vamos a tratar con dos ejemplos imaginarios, empecemos por el hecho de que Estados Unidos pusiera una retención a las remesas, obviamente esto va a tener un impacto económico en los sectores que más le importan al presidente, o vamos a ver que pasa si se vuelven a cerrar las fronteras, toda la economía fronteriza que depende del paso migratorio se detendría, es un golpe fuerte también para Estados Unidos, pero allá tienen una fortaleza para resistir esto; si vemos los últimos datos del presidente Biden en creación de empleo, está en una posición considerablemente mejor que la mexicana y el problema es la economía mexicana, si consideramos a los principales analistas y el Banco de México, pues no va a crecer como se esperaba y muy lejos de lo que se requiere para tener una ruta de crecimiento.
México es el que tiene más que perder en este juicio, sabemos que la administración podría tener los recursos políticos, pero no los económicos para respaldar esa lucha.
¿Qué sucederá en los dos escenarios que plantea la Corte, declarar constitucional la LIE o se declara inconstitucional?
Incluso hay otro escenario, el 1.5 como le llamaría. Primero, se alcanzan 8 votos y se declara inconstitucional, los amparos habrán prevalecido y regresamos al orden de las cosas previo a esta reforma, nos quedamos con las reglas de la reforma energética y eso, es importante decirlo, no supone que habrán subastas eléctrica, que se vayan a abrir los permisos, lo único que dice es que no se cambia el orden de las cosas como venían operando al día de hoy.
En el otro escenario, el 1.5, se alcance entre 6 y 7 votos, sobre todo en cosas cruciales como el despacho, pues simplemente queda desechado por una mayoría. El presidente tendría su victoria, la ley sería constitucional, pero con ese número de votos se alcanzan los amparos, es lo que llamaría el escenario de empate, porque cualquier nuevo participante se queda con las nuevas reglas, pero prácticamente todo el sector privado de electricidad en México se encuentra amparado, con lo cual seguirían en el estado de excepción trabajando bajo las reglas de la reforma energética.
Así que, obviamente, se trata de que nadie avanza y nadie pierde, el presidente no logra poner su apoyo en forma real a CFRE, mientras que los privados –los que ya están– se quedan como están, pero los nuevos se sujetan a las nuevas reglas.
El tercer escenario es el más improbable, no se alcanzan los 6 votos y la ley es declarada constitucional y legal. Que ocurre, no hay ningún buen escenario en esos términos, habría una sospecha acerca de la indebida intromisión del Ejecutivo en el Judicial, que una Corte iría, incluso, en contra de sus propios precedentes legales en la materia.
La propia Corte dictaminó que la política energética y el acuerdo del Cenace no eran constitucionales pues afectaban la libre competencia; si no se alcanzarán la mayoría de los votos, significaría que la Corte estaría echando para atrás sus propios precedentes, en ese sentido, es un problema mucho más grande porque México no tiene la apariencia de tener un Estado de derecho y una Corte independiente.