En Occidente y en los países civilizados, el respeto a la Ley es una parte de la cultura. Hacer realidad ese principio costó vidas, sangre, recursos económicos y tiempo. En muchos países es una realidad. Eso que parece obvio en otros no lo es; México está entre estos. Aquí la ley es una declaración teórica; su texto es pisoteado por particulares y, en especial y de manera sistemática, por las autoridades.

El germen del respeto a la Ley lo sembraron los griegos. Heródoto refiere que los griegos temían más a la Ley, que los súbditos persas a su monarca, a pesar de que era un tirano de horca y cuchillo. Sócrates prefirió perder la vida respetando la Ley a vivir unos años más en violación de ella.

En un Estado de derecho hay algo que es obvio: las leyes, como resultado de un proceso previsto en la Constitución y en normas secundarias, en el que intervienen los Poderes Públicos previstos en ellas, como representantes de la Nación, para iniciarlas, aprobarlas y promulgarlas, son de naturaleza obligatoria: deben ser respetadas y cumplidas. Dentro de su ámbito de validez, el imperativo es universal, comprende a autoridades y particulares.

Lo anterior, que es simple, en México, por la acción o la omisión de los responsables de hacer cumplir las leyes, es decir, de las autoridades, se vuelve complicado o irreal. Existe una práctica constante y reiterada de que la autoridad utilicez la Ley con fines partidistas o particulares.

Durante los gobiernos emanados de la Revolución las leyes se utilizaron para reprimir a los disidentes, a quienes delinquían y, en forma discrecional, para resolver conflictos entre particulares.

En los tiempos actuales, se ha dado un paso más; no para adelante; para atrás. Con eso de que la autoridad va a acusar a los violadores de la ley con sus papás o sus abuelitos, cada quien hace lo que le viene en gana. Ha quedado a gusto del cliente el cumplir la ley o con sus obligaciones. Un caso concreto: quien era el eterno candidato a la presidencia de la república aconsejó a sus paisanos tabasqueños no pagar el precio de la energía eléctrica que consumían; en acatamiento de la sugerencia, como les convenía, no hicieron el pago durante mucho tiempo. Una vez que AMLO llegó a la presidencia, con cargo al presupuesto público, condonó a sus paisanos las deudas contraídas y en sana paz. El presidente de la república dispuso, por sí, de un recurso público sin tener facultades para hacerlo. No pasó nada. Nadie dijo nada.

La Constitución Política debía ser respetada por todos, así lo dispone su texto (art. 133) y el hecho de ser suprema. Respecto de los servidores públicos que son titulares de un poder público o que son parte de él, por virtud de textos expresos y específicos, se establecen dos obligaciones: la de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan y, de manera adicional, los obliga también a hacerlas cumplir (artículos 87 y 97). Por lo que toda a los legisladores federales que son miembros del Congreso de la Unión existe la misma obligación, aparece en su Ley Orgánica y en los reglamentos que regulan su funcionamiento.

La fórmula general para todo servidor público está prevista en el artículo 128:

“Todo servidor público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan”.

El anterior es el marco normativo que regula la actuación de los titulares de los poderes y de las autoridades en general.

Si bien todas las leyes son obligatorias, en un sistema de derecho escrito, como se supone que es el mexicano, por virtud de lo que establece en forma expresa la Constitución Política, está es de naturaleza superior; ello implica que todas las leyes ordinarias, tanto las expedidas por el Congreso de la Unión, como las que aprueban las legislaturas locales, son de índole inferior respecto de aquella.

Todo lo anterior, que para cualquier occidental pudiera parecer lógico y elemental, en México no lo es. En la Constitución Política, por lo que respecta a la revocación del mandato, dispone entre otras cosas lo siguiente:

El artículo 35, fracción IX, en su parte relativa, dispone:

“7º. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación del mandato,

El Instituto y los organismos públicos, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y será la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos”.

Por virtud de ese mandamiento fundamental, la atribución de organizar y difundir el ejercicio para la revocación del mandato corresponde en forma exclusiva, privativa y única al Instituto Nacional Electoral. El que en el precepto se utilice el término “única”, implica la atribución de realizar la difusión corresponde en forma privativa al INE con exclusión tanto de otra autoridad, como de otras instituciones públicas y privadas, y de los particulares.

Ese precepto fue aprobado en 2018 contando con el voto de los legisladores de Morena. Ellos son corresponsables de su texto.

Ahora resulta que los morenos no están de acuerdo con que sea el Instituto Nacional Electoral el único que haga la promoción de la revocación del mandato y, en contra de lo que dispone la propia Constitución, ellos, por si y en algunas ocasiones utilizando recursos públicos, están interviniendo en la promoción de la consulta a la ciudadanía:

Lo que de acuerdo con la Constitución debería ser un ejercicio de revocación, lo convirtieron en una ratificación del mandato. Para ello contaron con la complicidad de dos ministros y dos ministras de la Suprema Corte: Ellos y ellas, a pesar de existir un texto constitucional expreso, por su propia autoridad, en ejercicio de su facultad de impedir, convirtieron lo que por texto constitucional expreso debía ser una consulta revocatoria, en un ejercicio de ratificación. Mal andamos desde el momento en que quienes protestaron respetar la Constitución y hacerla cumplir la violan y tuercen su texto para quedar bien con alguien;

Se amenaza a los mientras del Instituto Nacional Electoral con iniciar juicio en su contra por el hecho de exigir el cumplimiento de la Constitución. El que los morenos hayan recurrido a la controversia constitucional en demanda de que la Corte viole el texto constitucional y les permita violar también la Constitución es grave.

Las autoridades y los habitantes no se sienten obligados a cumplir la Ley. Cada quien hace lo que le viene en gana. Por todos lados se observan bardas y anuncios espectaculares invitando a la ciudadanía a ratificar en el cargo a AMLO; no hay una Fiscalía en delitos electorales que ejerza una acción penal en contra de sus autores ni una autoridad administrativa que lo impida.

Muchas cosas andan mal cuando quienes han protestado respetar la Constitución son quienes la violan.