Luego de múltiples avisos (algunos de los cuales datan del año 2019, cuando apenas iniciaba su sexenio), el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente presentó su iniciativa de reforma electoral, la que fue interpuesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 28 de abril. Revisando sus términos, resulta que es una contrarreforma con la que el inquilino de Palacio Nacional pretende dinamitar la democracia y el pluralismo que han hecho posible la alternancia entre partidos y su propia llegada al poder en 2018.
El carácter de la iniciativa presidencial es regresivo porque pretende establecer un monopolio político que le permita controlar las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales y hasta los Ayuntamientos municipales. Quiere que el gobierno tenga el control del INE y del Tribunal Electoral a través de sus incondicionales. Así como debilitar a los partidos de oposición, al tiempo que deja la ubre presupuestal abierta para el partido oficial y sus rémoras.
Acerca de la génesis de la propuesta presidencial llaman la atención dos cosas: Primera: La reforma que propone AMLO no contiene respuesta a las exigencias o demandas de la oposición, sino que se origina desde la cima del poder político actual. Segunda: El presidente no está dispuesto a instalar una mesa de acuerdos para alcanzar la reforma mediante el consenso, sino que presiona y ataca a todo el que se oponga a sus ocurrencias.
A diferencia de este intento, se debe recordar que los procesos de las reformas constitucionales en materia político-electoral promulgadas en 1996, 2007 y 2014, que fueron reformas de grandes transformaciones democráticas, tuvieron la siguiente ruta crítica:
1) La lucha política (expresada en intensas campañas, conflictos poselectorales, movilizaciones callejeras y controversias jurídicas) arrojó la necesidad de establecer reglas para la alternancia y el pluralismo;
2) El contenido de las reformas democráticas nació de las demandas de la oposición;
3) Se instalaron mesas de negociación y se realizaron foros de consulta pública;
4) Se procesaron acuerdos entre los opositores y la fuerza política dominante;
5) Las reformas fueron aprobadas con el consenso de todas o de la absoluta mayoría de las fuerzas políticas.
A diferencia de un flujo tendiente al acuerdo, como el que se puede identificar en aquellas reformas, ahora el Presidente de la República se ha fijado el objetivo de imponer unilateralmente su propio proyecto. Para hacerlo, ordenó con descaro a los legisladores de su partido que “no le muevan ni una coma” e intimida a la oposición para que lo respalde. Tilda como “traidores a la patria”, por adelantado, a quienes voten en contra de su iniciativa o se abstengan.
Mientras que las reformas pactadas ajustaron al pluralismo las reglas de integración de las cámaras del Congreso de la Unión y se acercaron a una representación proporcional acorde a los votos obtenidos por cada partido, López Obrador quiere reglas que favorezcan el monopolio político mediante la sobrerrepresentación en favor de su movimiento. Se trata, ni más ni menos, de imponer un proyecto político transexenal que recuerda al Maximato que en su tiempo intentó Plutarco Elías Calles luego de la Revolución Mexicana. Es ésta la verdadera razón, no la austeridad, de la propuesta de reducción del número de legisladores federales (modificando los artículos 52, 54 y 56 de la Constitución). Aprovechando el viaje, pretende extender y eternizar ese monopolio político a los congresos locales y hasta a los gobiernos municipales (con reformas a los artículos 115, 116 y 122), aunque esto implique violar la soberanía de los estados de la República.
Mientras que las reformas del pasado reciente le arrancaron al gobierno el control de las elecciones y del padrón electoral, la propuesta de AMLO pretende la extinción del INE y el cese fulminante de los actuales consejeros y magistrados electorales (reforma a los artículos 41, fracción V, 99 y los transitorios 2º, 3º y 4º de la iniciativa presidencial). El presidente propone que los integrantes de estos órganos se elijan mediante voto popular lo que, además de eliminar todo requisito de experiencia, conocimientos e idoneidad para el cargo, implicaría un enorme gasto en otro proceso electoral nacional (contradiciendo la austeridad que supuestamente persigue). El fin de esta propuesta poco seria (y rayana en lo ridículo), es la eliminación de la autonomía del nuevo organismo y del tribunal electoral, a través de la presencia dominante de militantes incondicionales del partido del presidente en sus órganos de dirección.
Si las reformas anteriores reforzaron la equidad de la contienda entre partidos, la iniciativa de López Obrador busca debilitar a los partidos de oposición y establecer ventajas indebidas en favor de Morena y sus rémoras. Para ello se propone suprimir el financiamiento público de las actividades ordinarias de los partidos (mediante la modificación al artículo 41, fracción II) al tiempo que se mantienen y refuerzan los mecanismos tramposos en beneficio del partido oficial y sus aliados. Esto último implica mantener intocados esquemas de clientelismo electoral (como el de los mal llamados “servidores de la nación”), que utilizan indebidamente los programas sociales para coaccionar el voto, eliminar la veda electoral de propaganda gubernamental durante las campañas electorales y consultas, así como legalizar la intervención de los gobernantes en las mismas (lo que se propone con reformas a los artículos 35 y 41, fracción III).
La aprobación de la contrarreforma electoral de López Obrador, constituiría un grave atentado contra los principios de independencia y profesionalismo del órgano encargado de las elecciones, contra la equidad en la contienda entre partidos y candidatos y la eliminación del principio de imparcialidad a que está obligado el gobierno respecto a los temas electorales y partidarios.
Por las razones expuestas, basadas en un análisis riguroso del contenido de la iniciativa presidencial, es pertinente llamar a la oposición y a la ciudadanía a que rechacen terminantemente la contrarreforma electoral de López Obrador.
Junto al rechazo de esta intentona antidemocrática, la oposición y la ciudadanía deben asumir que solo es digna de apoyarse alguna reforma político electoral si reúne las siguientes e irrenunciables condiciones:
- Un sentido de progresividad democrática
- Consenso de todas las fuerzas políticas
- Fortalecimiento y autonomía del INE y del Tribunal Electoral
- Equidad en la contienda política
- Erradicación del clientelismo electora
@rafaelhdeze