La gira presidencial por el “Triángulo dorado”, generó una nueva polémica entre el propio Presidente,  y  sus seguidores en contra de algunos medios de comunicación y sus editorialistas, pero sobre todo en redes sociales. Cuando un retén en la carretera de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, instalado por integrantes del crimen organizado armados con AK-47, detuvo el autobús en el que viajaban los integrantes de la prensa que cubría la gira presidencial.  

Así las cosas, se evidenció que gran parte del territorio nacional, según la fuente del gobierno Norteamericano el 30% del territorio es controlado por el crimen organizado y que solamente pueden circular por sus  dominios la gente identificada con esos grupos, por sobre la gravedad de los hechos, por la pérdida cotidiana de vidas humanas por la violencia con que el crimen organizado opera, que finalmente es lo importante, y que no es más que el último suceso de una muy larga cadena de horror, violencia y fuego que desde hace décadas llena de sangre el territorio nacional.

La espiral de violencia que padecemos inició con estas características, a finales del sexenio foxista, a pesar de que el fenómeno delincuencial puede rastrearse y retrotraerse hasta la década de los 70, pero aún se recuerda con nitidez los combates en el norte tamaulipeco, que reveló la verdadera magnitud del potencial de fuego de las bandas del narcotráfico.

La respuesta institucional consistió en el utilizar a las fuerzas armadas para resistir, atacar y destruir a las agrupaciones delincuenciales y hacer prevalecer la fuerza del Estado. Ocupar al Ejército y a la Marina en estas tareas pese la flagrante violación de la normatividad constitucional; se entendió y justifico por la corrupción  hasta la medula de todas las policías en todos los ámbitos de gobierno. 

Y a lo largo de todos estos años, lo que se pensó como una intervención coyuntural, temporal y acotada a determinadas regiones geográficas, se ha prolongado y cubre casi todo el País. Los resultados en muertos, heridos y desaparecidos se reflejan en las estadísticas, así como, en sexenios anteriores,  los números de decomisos, plantíos y laboratorios destruidos, armas decomisadas y un largo etcétera, pero eso de suyo importante, no tiene la relevancia en lo que hoy enfrentamos. 

El problema no es de guerra de cifras o de quien interpreta mejor las estadísticas. La realidad que tenemos y debemos enfrentar con valentía, con firmeza y decisión inquebrantable, es como detener y erradicar el baño de sangre que lejos de disminuir, aumenta. Por eso es importante, que la estrategia con la que se pretende enfrentar el narcotráfico y  la delincuencia organizada no sea ya la de abrazos y no balazos. 

Hasta ahora lo que ha dicho y hecho, el presidente es más de lo mismo no se combate a la delincuencia y la violencia aumenta todos los días.   Al mismo tiempo se deben atacar las causas estructurales: pobreza, desigualdad social, falta de empleo y educación, entre otras. Es cierto que esto llevara tiempo, pero los que se agitan con aspiraciones a la candidatura presidencial deben tener claridad al respecto. Al inmediato plazo, es urgente conocer y tener la confianza que quienes hoy son los responsables de la seguridad, deben entender que se requiere una mezcla de medidas punitivas complementadas con medidas de prevención social, como prevención del delito y combate a las bandas delincuenciales. 

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente aseguró que él no tiene acuerdos con la delincuencia, pero los hechos muestran lo contrario, cuando se pasea sin ninguna molestia por territorio ocupado por el Narco, y pide a los soldados que se respete sus derechos que no les disparen que mejor huyan. 

Respecto de quien y como se instrumentan las acciones, la Guardia Nacional, no convence ni a legos, ni a expertos, porque en el fondo siguen siendo las fuerzas armadas quienes la dirijan y después de tres lustros, esa estrategia no ha funcionado. Y tampoco existe seguridad de que el fenómeno observado de que la actuación del Ejército y la Marina traen como corolario el aumento de violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales y  tortura. 

Aunque se moleste el inquilino del palacio, es obligación ciudadana el escrutinio de las acciones del gobierno, sin que esto implique que se nos considere enemigos del régimen o se nos llene de adjetivos e injurias. Lo que se espera es que termine al baño de sangre que enluta nuestra Patria.