Uno de los ejes de la iniciativa de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador es la austeridad. En términos de austeridad tiene sentido disminuir el número de legisladores federales, de diputados locales y de regidores. En términos político, no.
¿De cuánto dinero hablamos? El Presidente habla de 24 mil millones de pesos al año. En su iniciativa no aparece ese monto. Revisando a detalle, se localizan varias cifras. En números redondos, son: Eliminación de gasto ordinario de los partidos políticos, cinco mil 300 millones de pesos. Eliminación de los oples, 13 mil 650 millones de pesos. Reducción de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores, 300 millones de pesos. Disminución de 459 diputados locales, 400 millones de pesos. Suma:19 mil 300 millones de pesos, aproximadamente. El resto, 4 mil 700 millones de pesos, sería el resultado de la disminución de regidores.
Hablemos de política. Senadores y diputados, diputados locales y regidores, carecen de prestigio social. Difícilmente alguien defendería el salario y prestaciones de las que gozan los representantes populares. Disfrutan de una situación de privilegio comparada con el resto de la sociedad. Sin embargo, esta no es la única variante a considerar.
La modificación de nuestro régimen político debe hacerse con bisturí, no con machete; debe considerarse factores como la pluralidad, la gobernabilidad e incluso, la estabilidad social. En los buenos años del PRI, la integración de la oposición al poder legislativo, otorgándoles voz y voto, fue un factor preponderante en la paz social.
El municipio es la institución política más antigua de nuestro sistema. Han pasado más de quinientos años desde la fundación de la Villa Rica de la Veracruz en 1519, hasta llegar a los dos mil 471 municipios de la actualidad. Es correcto evitar los abusos que se da en algunos cabildos en alrededor de 150 municipios, pero la mayoría de éstos funcionan con números rojos y los regidores, síndico y presidentes municipales padecen estrechez económica.
La conformación de los congresos estatales nacen de las necesidades políticas de cada entidad federativa y una conformación de fuerzas locales. Los estados y la CDMX tienen el derecho de determinar el número de integrantes de su poder legislativo bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
Desde finales de la década de los setenta del siglo pasado, después de la enorme crisis de legitimidad que el gobierno de Luis Echeverría provocó, cuando el PAN no postuló candidato a la Presidencia de la República y el Partido Comunista vivía en la clandestinidad, el régimen decidió abrirse. Primero en la Cámara de Diputados y a partir de 1988, en el Senado de la República, hasta que en 1997, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Cierto que hay abusos, pero limitar el número de legisladores también limita la pluralidad.
Simpatizo con la iniciativa del presidente, pero hay que darle otra pensada, para encontrar mejores soluciones, con criterios que no sea sólo el ahorro. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
La política es de bronce.
@onelortiz