Como un tsunami, una ola de violencia exacerbada inició el martes de la semana pasada en Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde se produjo el incendio de vehículos y bloqueos presuntamente realizados por  integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación y por el cartel de Sinaloa. La violencia se propagó al estado de Guanajuato, en donde 25 tiendas Oxxo fueron incendiadas; el jueves por la tarde la violencia llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 11 personas de la sociedad civil fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad y cuatro periodistas al momento que realizaban una transmisión en vivo.

México sufrió horas de  terror con la quema de vehículos de transporte por parte de hombres armados y con el rostro cubierto en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada, en el estado de Baja California, ataques que fueron perpetrados por grupos del narcotráfico. La relación de los hechos, que son considerados por diversos analistas e investigadores, como actos de terrorismo por parte de integrantes del narcotráfico, algunos expertos en temas de seguridad consultados por diversos medios, calificaron estos hechos como actos de “narcoterrorismo” porque, en su opinión, tuvieron la intención de infundir terror en la población y de paso doblegar a las autoridades para que no detuvieran a los delincuentes.

Existe un verdadero Terror  en la población frente los hechos de violencia extrema que se vivió la semana pasada en varios estados del país, los familiares no salen a las calles a exigir justica, a diferencia de lo que ocurría en  los sexenios anteriores, cuando la violencia demencial que nos azotaba y lastimaba a la sociedad, los familiares de las víctimas lejos de refugiarse en su dolor, decidían enfrentar al poder público y buscaban la solidaridad de sus comunidades, para exigir justicia expedita, se generaron grandes protestas sociales acompañadas de movilizaciones, como las realizadas en el 2011 en una veintena de ciudades en apoyo y solidaridad al poeta y escritor Javier Sicilia y  al empresario el Señor Martí;  a quienes les arrancaron a sus hijos en la flor de su vida, jóvenes limpios y con esperanzas de trasformar su entorno, como hay millones de jóvenes que hoy enfrentan su destino, en un entorno de sangre, balas, desempleo, impunidad y cerrazón autoritaria del Gobierno.

La percepción mayoritaria de la población es que bajo este gobierno se renunció al combate a los criminales y que no existen programas ni políticas de gobierno contra las bandas delincuenciales; que de nada ha servido el empleo y movilización masiva del Ejército y que lo único que ha producido es poner en ridículo al ejército frente a la fuerza armada de la delincuencia. El descontento, la cólera sorda y la crispación resultante de la muerte innecesaria de civiles inocentes, de las ejecuciones extrajudiciales, de la desaparición forzada e involuntaria de personas y de las violaciones de derechos humanos, crece y se extiende en todos los estratos de la sociedad, las encuestas -sin las cuales son incapaces de gobernar-  señalan el derrumbe del apoyo a la inexistente política pública de seguridad.

La cerrazón autoritaria patente en la iracunda y algunas veces sarcástica respuesta del titular del Ejecutivo, quien pierde el sano juicio y reacciona con irritación emocional a los reclamos sociales, sólo evidencia su alejamiento de la realidad, por lo demás característica específica del cuarto año de Gobierno desde el viejo sistema, en el cual el Presidente en turno secuestrado por sus allegados y corifeos se sentía dueño del destino de la patria. Es tal su extravío que sigue sin darse cuenta que al adelantar su sucesión, cada día pierde poder y que en los hechos su sexenio ha terminado. Él mismo desatiende la Presidencia por la coordinación de campaña de las “corcholatas” de su partido con vistas al 2024.

Hoy, la sociedad y los Organismos Internacionales reprueban la ausencia de política pública  en materia de seguridad, por la cantidad de muertos, por las violaciones de derechos humanos, por el empecinamiento y terquedad de no modificar la estrategia de abrazos y no balazos, por la polarización social que se ha generado y por la construcción de un marco jurídico propio de un Gobierno totalitario.

A quienes desde hace ya varios años, hemos venido señalado la pertinencia de regresar al Ejército a sus cuarteles, de preparar una hoja de ruta para su retorno gradual y evitar que regrese derrotado, que lo hemos hecho y persistiremos en señalarlo, porque lo apreciamos y respetamos como Institución Republicana, no nos complace que ahora converjan en ese criterio organismos internacionales de la ONU, porque esa decisión debió tomarse internamente, en razón del incumplimiento de los objetivos y la falta de resultados que fundó la decisión de sacarlo a realizar actividades de Policía, de manera anticonstitucional e ilegal. Tenemos que preservar al Ejército como garante de la existencia misma del Estado.

La perspectiva respecto de la inseguridad, que es el tema que más preocupa a la sociedad, es totalmente diferente desde la Ciudad de México a la que se tiene en los estados; es cierto que la capital y la zona metropolitana ha sido esporádicamente golpeada por rachas de violencia, pero está lejos, muy lejos de sufrir la violencia constante y permanente que lastima a los habitantes de Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Torreón, Morelos, Guerrero o Ciudad Juárez, por citar algunas. Al comentar en la Ciudad de México lo anterior, los interlocutores sonríen con escepticismo, o bien afirman que es un efecto mediático; quienes recorremos con frecuencia la provincia y algunas de las ciudades referidas, hemos vivido ya el temor, el miedo y crece en nuestro interior, la ira por la necedad de no variar la estrategia de indiferencia en el mejor de los casos, sino de apoyo frente la delincuencia organizada, que arroja ya 130 mil muertos y 31 mil desaparecidos desde el 2018.

La realidad y la percepción social en lo político, económico y en materia de seguridad, se empatan y desecha las tendenciosas y falsas afirmaciones de quienes se empeñan desde el poder en negar la verdad de lo que acontece

Las declaraciones tanto del presidente como del secretario de gobernación negando que los hechos de violencia extrema puedan ser calificados como actos terroristas, aun cuando en los hechos dichas acciones son esencialmente típicas del delito de terrorismo y encajan en mucho con la definición de terrorismo que los Organismos Internacionales le dan a este tipo de actos.

El motivo principal de la negación de quien gobierna, tiene que ver con el enfoque que países como Estados Unidos y determinadas agencias de seguridad, pudieran adoptar sí se reconoce que en México hay terrorismo, porque podría acarrear implicaciones que van desde el punto de vista  legal como, la aplicación de La Ley Patriot, legislación antiterrorista extraterritorial,  hasta del lado político y militar. Es por ello la preocupación del presidente a este respecto y se prefiere eufemísticamente denominar actos “cuasi-terroristas” o bien que el Crimen organizado ha adoptados “practicas terroristas”.