Desde hace varios años, sobre todo desde 2018, el ex guerrillero Daniel Ortega Saavedra se ha empeñado en demostrar al pueblo de Nicaragua y al extranjero, que él y su principal cómplice que además es vicepresidenta (aparte de ser su esposa y primera dama Rosario María Murillo Zambrana, poetisa y practicante de artes ocultas), son los “auténticos amos” del infortunado país centroamericano. Por las buenas, por las malas y como sea posible.

Aparte de los nicaragüenses incondicionales por razones obvias, el otrora líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional —de cuya figura nacionalista no queda nada—, Ortega tiene el apoyo de algunos dirigentes bolivarianos como el de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez (heredero directo de Raúl Castro Ruz, hermano del mítico héroe de la Revolución Cubana), el de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a su vez heredero de otro dirigente izquierdista latinoamericano, el ya desaparecido comandante Hugo Chávez Frías, y, por supuesto, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comandante supremo de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Fuerzas Aérea), que hace pocos meses decidió no asistir a la Cumbre de las Américas, en la ciudad de Los Ángeles, California (EUA), convocada por el Ejecutivo estadounidense, Joe Biden, porque los mandatarios de los tres países citados no fueron invitados a la junta internacional americana. Como se ve, López Obrador se desvive por defender a los personajes más preclaros de la democracia de Iberoamérica. La “democracia de izquierda”, que para el originario de Tepetitán, Tabasco, es la única que cuenta.  Por eso en las “mañaneras” ni media palabra sobre las persecuciones del gobierno de Daniel Ortega contra obispos, periodistas y políticos de la oposición. “México es respetuoso del derecho ajeno”. Ya se sabe, la Doctrina Estrada.

Con tales valedores, Daniel Ortega persigue a antiguos compañeros de lucha, como lo hizo con el sacerdote poeta Ernesto Cardenal Martínez, que recién falleció el 1 de marzo de 2020, o Sergio Ramírez Mercado el famoso escritor que fue vicepresidente de Nicaragua con el primer gobierno de Ortega, y que como hombre de letras ha recibido el Premio Cervantes de España. Lo mismo lo ha hecho con directores y reporteros de periódicos, de radiodifusoras, de canales de televisión, de militantes y candidatos de grupos de oposición, con sacerdotes, con obispos y hasta con nuncios papales. Daniel Ortega, a semejanza de López Obrador parte de la premisa, “si no estás conmigo, estás contra mí”. Y a despotricar contra todos los que se oponen a sus designios.

En las últimas dos semanas, la dupla Ortega-Murillo ha redoblado sus empeños contra la prensa y contra la Iglesia Católica, apropiándose del inmueble del diario independiente La Prensa y secuestrando de su residencia al obispo de Matagalpa y crítico del gobierno, Rolando José Álvarez Lagos, donde había permanecido retenido las anteriores dos semanas, trasladado a Managua y puesto bajo “resguardo domiciliar”, lo mismo que varios de sus colaboradores, tras ser acusados de incitar al odio y organizar grupos violentos.

El último ataque ha sido contra La Prensa. A un año de sacar de circulación la versión impresa del periódico nicaragüense más antiguo del país, fundado por los hermanos Chamorro Cardenal   —de los que solo sobrevive Ana Chamorro de Holman, de 95 años de edad—, el régimen de Ortega se apropió de las instalaciones y bienes del diario independiente, y hasta echó por tierra el rótulo que lo identificaba. La oposición calificó el hecho como una “usurpación”.

Poco después de que la directiva del diario afectado denunciara el saqueo —pues ya antes el gobierno había retirado las rotativas—, otros medios confirmaron que la burocracia orteguiana se apropió del inmueble para convertirlo en el “centro culturall y politécnico José Coronel Utrecho”. Se calcula el valor de los bienes de La Prensa aproximadamente en diez millones de dólares.

Todas estas maniobras tuvieron lugar a pocas semanas de que la policía arrestó al gerente del diario, Juan Lorenzo Holman, por presunto lavado de dinero, delito que no se pudo acreditar porque no hay evidencia del mismo. Al confiscar los bienes del periódico, aseguran abogados en la materia, se actuó en contra del “derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”.

Grupos disidentes calificaron estas acciones como un nuevo acto de “usurpación”, después de que el gobierno ha arrebatado señales de radio y TV a sus críticos y varios inmuebles a organizaciones civiles y universidades locales y extranjeras desde principios de 2022.

Asimismo, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), se lanzó en contra del dictador Ortega, pues dijo que que con sus acciones sólo evidencia el plan para desaparecer a sus críticos; no obstante, advirtió que no puede desaparecer el periódico de los nicaragüenses con 90 años de historia, pues la verdad no puede ser eliminada”.

Por otra parte, es evidente que la relación Iglesia-Estado en el país centroamericano se encuentra en una profunda crisis que se ha configurado en los pasados cinco años. De tal forma, el viernes 19 de agosto, la policía nicaragüense sacó de su residencia al crítico obispo Rolando Álvarez, de 55 años de edad..

En la madrugada del viernes 19 de agosto, la Diócesis de Matagalpa, sede del obispo secuestrado, puso una alerta en su cuenta de Facebook del ingreso de la policía a la residencia obispal: “SOS. URGENTE. EN ESTOS MOMENTOS LA POLICÍA NACIONAL HA INGRESADO A LA CURIA EPISCOPAL”.

A su vez, el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, subió a su cuenta de Twitter que la “policía irrumpió en la Casa cural, llevándose con rumbo desconocido a monseñor Rolando Álvarez, junto con otras ocho personas, entre ellas sacerdotes y laicos”. Por su parte, en un comunicado la fuerza policial informó que llevaba a cabo un operativo en la Curia de Matagalpa; y que trasladaba a la capital Managua a Álvarez y acompañantes “con respeto y observación de sus derechos”, para efectuar “indagaciones de ley”. El comunicado no precisaba de cuántas personas se trataba o la identidad de los detenidos. También se informaba que “el obispo ha podido reunirse con sus familiares esta misma mañana, así como con el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes”

Según la prensa nicaragüense el grupo de colaboradores del obispo Álvarez esta formado por cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo. Y, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, comentó que la irrupción policiaca a la curia se produjo “con violencia”. 

A todo esto, hay que agregar que la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, confirmó que las fuerzas a su cargo realizaron un operativo de madrugada en la sede episcopal de Matagalpa y que sacaron, con ra su voluntad, a Álvarez y a sus colaboradores, trasladándolos a Managua.

Cabe señalar que el obispo Álvarez es una de las voces más críticas de la jerarquía católica de Nicaragua. Frecuentemente sus sermones fustigan la violación a los derechos humanos,a persecución religiosa y los abusos de poder del régimen de Ortega. El presidente ha calificado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional que buscaba una salida pacífica que vive el país desde abril de 2018.

Decir que la iglesia católica en Nicaragua es perseguida, no es novedad. Por ejemplo, el 1 de agosto, Ortega ordenó el cierre de siete radiodifusoras católicas en la diócesis del obispo Álvarez, y fuerzas policiacas asaltaron la capilla Niño Jesús de Praga, dd la ciudad de Sébaco, con el propósito de incautar el equipo de la radio católica que ahí funcionaba. De tal suerte, el sábado 20 del mes en curso, festividad de San Bernardo de Claraval, el exilio nicaragüense en Costa Rica, realizó una manifestación en la capital San José, en protesta por el arresto del Obispo Álvarez y contra el evidente silencio del Papa Francisco ante la abierta persecución contra los miembros de la iglesia nica.

Respecto al mutismo papal —comentada por muchos especialistas en asuntos del

Catolicismo y el  Vaticano—, por fin el domingo 21 el Papa Francisco expresó “preocupación” por el asunto: “Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua, que implica a personas e instituciones”, dijo tras la oración del Ángelus, y expresó su “convicción y esperanza de que a través de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar aún las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”. Los católicos nicaragüenses esperaban un posicionamiento más firme y crítico de parte del pontífice. Algunos analistas especula que el Vaticano se guarda para mediar y otros que el jesuita argentino (Jorge Bergoglio Sívori, nombre del sacerdote argentino actual Obispo de Roma) espera mayor unidad de los obispos nicaragüenses que por el momento están desunidos para enfrentar con mayor fuerza a Daniel Ortega. Tratándose del Vaticano, todo es posible.

Como explica el conocido mexicano analista de cuestiones religiosas, Bernardo Barranco V., en una de sus muy leídas  columnas periodísticas: “En la Nicaragua actual la Iglesia Católica aún tiene  peso social. El gobierno pretende hacer de la institución eclesiástica parte del poder, subsidiaria de la política y gobernabilidad del Estado. Cuando la Iglesia asume otro horizonte y se solidariza con las demandas de la población, se convierte en factor amenazante y, por tanto, enemiga a combatir”…”La Iglesia en Nicaragua es perseguida porque ha perdido el fuero simbólico y sus obispos dejan de ser intocables. Sus integrantes, más allá de los obispos sufren acoso. Cárcel, señalamientos seudojudiciales, torturas y amenazas son dirigidas hacia laicos, religiosos, sacerdotes y diversas comunidades”.

En fin, dice Barranco, “Roma interviene cuando la mayor parte de los obispos lo demandan. Quizás espera que se agudice el tratamiento de las bienaventuranzas que en una parte dice: “Bienaventurados serán cuando los injurien y digan con mentiras toda clase de mal contra ustedes por mi causa”. VALE.